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Un ex juez condenado judicialmente en Espa\u00f1a es el principal asesor del Gobierno para promover la \u00abjusticia universal\u00bb, con rango y sueldo de subsecretario de Estado. La presidenta Cristina Kirchner design\u00f3 en diciembre de 2012 al ex juez espa\u00f1ol Baltasar Garz\u00f3n \u00abcoordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos\u00bb, pese a que el 9 de febrero de ese a\u00f1o recibi\u00f3 una condena firme por prevaricato y escuchas telef\u00f3nicas ilegales de sus procesados que violaron el derecho a defensa en juicio.<\/p>\n
Esa sentencia definitiva la dict\u00f3 el Tribunal Supremo de Espa\u00f1a. La pena fue de 11 a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n para ejercer el cargo de juez en ese pa\u00eds, la p\u00e9rdida definitiva de su condici\u00f3n de juez y prohibici\u00f3n para cualquier funci\u00f3n en la justicia.<\/p>\n
Sin embargo, mediante el decreto 2319\/2012, Cristina Kirchner lo design\u00f3 coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos con cargo \u00abextraescalafonario\u00bb, rango de subsecretario de Estado y un ingreso de 72.000 pesos, seg\u00fan registros de la Casa Rosada. Garz\u00f3n se\u00f1al\u00f3 a LA NACION que su sueldo es de 47.800 pesos.<\/p>\n
Depende del secretario de Derechos Humanos, Mart\u00edn Fresneda, dentro del Ministerio de Justicia.<\/p>\n
Tambi\u00e9n la Presidenta lo nombr\u00f3 a trav\u00e9s del decreto 2318\/2012 presidente ad hon\u00f3rem del Centro Internacional para la Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos (Cipdh), con acuerdo de la Unesco, en representaci\u00f3n de la cartera de Justicia.<\/p>\n
El ex juez gan\u00f3 protagonismo en la Argentina cuando proces\u00f3 en Espa\u00f1a al ex dictador chileno Augusto Pinochet y a los represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo.<\/p>\n
La Cipdh se cre\u00f3 para promover a nivel mundial la experiencia argentina de persecuci\u00f3n y juzgamiento de los cr\u00edmenes de lesa humanidad y delitos econ\u00f3micos conexos durante los 70, que seg\u00fan la cartera de Justicia \u00abes ejemplo en todo el mundo\u00bb.<\/p>\n
Una grave condena judicial deber\u00eda ser impedimento para ejercer ciertos cargos. El constitucionalista Daniel Sabsay se\u00f1al\u00f3 a LA NACION que \u00abhay una violaci\u00f3n flagrante del requisito b\u00e1sico de idoneidad que ordena la Constituci\u00f3n en su art\u00edculo 16 para acceder y ejercer cualquier cargo p\u00fablico\u00bb. El requisito de \u00abidoneidad\u00bb est\u00e1 ordenado tambi\u00e9n en la ley 22.140, que regula la funci\u00f3n p\u00fablica, en los mismos fundamentos de los decretos 2318 y 2319.<\/p>\n
Garz\u00f3n s\u00f3lo accedi\u00f3 a responder a LA NACION por escrito. \u00abSigo siendo juez; cuando concluya la condena, me puedo reincorporar de forma inmediata\u00bb, sostuvo. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo espa\u00f1ol tambi\u00e9n fij\u00f3 la \u00abp\u00e9rdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores\u00bb, y lo pena con \u00abincapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales\u00bb.<\/p>\n
Consultados, voceros oficiales del ministro de Justicia, Julio Alak, subrayaron \u00abel enorme aporte a la justicia universal realizado por el juez espa\u00f1ol\u00bb. Pero adem\u00e1s de no tener en cuenta el fallo espa\u00f1ol de 11 a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n y una multa de 2500 euros, el gobierno argentino no contempl\u00f3 que la condena incluy\u00f3 los delitos de prevaricato (art\u00edculo 446 del C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol), escuchas telef\u00f3nicas ilegales (art\u00edculo 536) a sus procesados en conversaciones con sus abogados.<\/p>\n
El delito de prevaricato se configura cuando un juez dicta resoluciones contrarias a la ley, y en este caso, seg\u00fan expertos jur\u00eddicos, esa decisi\u00f3n fue violatoria del derecho a la defensa en juicio de los imputados. Los jueces pueden intervenir los tel\u00e9fonos de sus imputados para descubrir sus tramas delictivas, pero no los de sus abogados: eso viola el principio de defensa en juicio y es lo que sancion\u00f3 la corte espa\u00f1ola. En ese caso, Garz\u00f3n investigaba a una organizaci\u00f3n integrada por Francisco Correa S\u00e1nchez, Pablo Crespo Sabaris y Antoine S\u00e1nchez, acusados por blanqueo de capitales, defraudaci\u00f3n fiscal, falsedad, cohecho, asociaci\u00f3n il\u00edcita y trafico de influencias.<\/p>\n
El Ministerio de Justicia lo defendi\u00f3. \u00abCon la aplicaci\u00f3n del principio de jurisdicci\u00f3n universal gener\u00f3 notables avances para la persecuci\u00f3n y el juzgamiento de los cr\u00edmenes de lesa humanidad en la Argentina, que hoy son ejemplo en todo el mundo\u00bb, dijo ante la consulta de LA NACION.<\/p>\n
\u00abPuedo ocupar cualquier funci\u00f3n p\u00fablica salvo la de juez, temporalmente\u00bb, asegur\u00f3 Garz\u00f3n por escrito a LA NACION. \u00abDesde luego, un cargo como el que ostento lo podr\u00eda desempe\u00f1ar en cualquier pa\u00eds y tambi\u00e9n en Espa\u00f1a\u00bb, se defendi\u00f3.<\/p>\n
El Ministerio de Justicia sostiene que \u00abla sentencia de Espa\u00f1a no impide ni invalida el nombramiento por el Estado argentino\u00bb y lo fundamenta en \u00abprincipios b\u00e1sicos del derecho penal\u00bb, porque el fallo es \u00abde orden local\u00bb y \u00abs\u00f3lo aplicable en su \u00e1mbito territorial, el reino de Espa\u00f1a\u00bb.<\/p>\n
Pero Sabsay se\u00f1ala: \u00abSi bien es cierto que la sentencia se limita al campo judicial, resulta obvio que con semejante condena Garz\u00f3n jam\u00e1s podr\u00eda cumplir con el requisito de \u00abidoneidad\u00bb para cualquier funci\u00f3n p\u00fablica, exigencia expresamente contemplada en el art\u00edculo 16 de nuestra Constituci\u00f3n\u00bb. En otras palabras, aunque lo permitiera la sentencia espa\u00f1ola, son la Constituci\u00f3n y las leyes argentinas las que impedir\u00edan su nombramiento.<\/p>\n
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