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LA relaci\u00f3n legalidad-democracia es una relaci\u00f3n compleja, a la que se han dedicado miles de hojas por los tratadistas, que hoy presenta una caso ejemplar para su an\u00e1lisis. Ese caso, obviamente, es Catalunya, aunque quiz\u00e1 el caso podr\u00eda denominarse Espa\u00f1a. Parece que Catalunya es el problema, cuando es posible que el problema sea Espa\u00f1a.<\/p>\n
En la \u00faltima sesi\u00f3n de control del Gobierno en las Cortes, que tuvo lugar en el Senado, el presidente del Gobierno espa\u00f1ol, Mariano Rajoy, dijo que \u201csi los gobernantes incumplen la ley, no hay democracia, no hay certezas. La primera obligaci\u00f3n de los gobernantes es cumplir la ley. Las leyes no se violan, se cambian\u201d.<\/p>\n
As\u00ed de rotundo se manifest\u00f3, reflejando una corriente de opini\u00f3n existente entre los juristas, especialmente los del Estado, de que fuera del derecho no hay respuestas posibles. Esta idea, adem\u00e1s de otras consideraciones que no es el lugar para exponer, me trajo a la cabeza la situaci\u00f3n de Hong Kong, con la contestaci\u00f3n que el pueblo lleva a cabo ante un sistema electoral que consideran antidemocr\u00e1tico. No pretendo equiparar ambas situaciones, nada m\u00e1s lejos de la realidad. La falta de democracia en Hong Kong se admitir\u00eda sin problemas, aunque dudo de que el propio Gobierno espa\u00f1ol compartiera esta afirmaci\u00f3n. No se olvide que cambi\u00f3 el sistema de justicia universal precisamente para salvaguardar a las autoridades chinas de las denuncias dirigidas contra ellos ante los tribunales como consecuencia del genocidio del Tibet. El sistema pol\u00edtico chino no es homologable a las democracias europeas, pues presenta muchas limitaciones. Llevando esta consideraci\u00f3n directamente a esta otra: \u00bfEn una democracia, puede impedirse al pueblo catal\u00e1n que quiera expresarse sobre su futuro pol\u00edtico ampar\u00e1ndose en que la ley no lo permite?<\/p>\n
LA LEGALIDAD Y EL VALOR DE LA LEY<\/p>\n
Al hilo de esta \u00faltima pregunta se hace necesario precisar el alcance del principio de legalidad y del valor de la ley en democracia. Para empezar habr\u00eda que decir que no hay ning\u00fan problema jur\u00eddico en que una ley estatal permita la realizaci\u00f3n de un refer\u00e9ndum en Catalunya (aunque algunos comentaristas han llegado a negar este extremo, diciendo que siempre debe votar toda la ciudadan\u00eda del Estado y no solo la de una Comunidad Aut\u00f3noma). Por esa raz\u00f3n, la Generalitat catalana ha intentado todas las v\u00edas jur\u00eddicas posibles para realizar un refer\u00e9ndum que tuviera su cobertura en una ley.<\/p>\n
Esto no ha sido posible porque el Gobierno del Estado lo ha rechazado, no aceptando ni convocar el refer\u00e9ndum ni la delegaci\u00f3n de la competencia para que las autoridades catalanas lo hicieran. Tampoco que estas \u00faltimas puedan articular un sistema propio de consultas populares, recurriendo las leyes catalanas que han intentado esa regulaci\u00f3n, con la consecuencia de la suspensi\u00f3n inmediata de su entrada en vigor.<\/p>\n
Todos estos hechos evidencian la voluntad de las autoridades catalanas de encontrar una previsi\u00f3n legal que diera cobertura a sus planteamientos pol\u00edticos. Sus deseos han sido vanos. Las autoridades estatales han negado siquiera la posibilidad de auscultar las diferentes alternativas que el sistema jur\u00eddico puede ofrecer para realizar la consulta que el pueblo catal\u00e1n pretende.<\/p>\n
Esta forma de entender el principio de legalidad no es democr\u00e1tica, al igual que tampoco lo son otras formas de entenderlo, como es el caso de Hong Kong, aunque por razones diferentes. Veamos esto.<\/p>\n
El principio de legalidad sirve para someter la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos a normas, especialmente al poder ejecutivo. Ese principio no puede servir al mismo tiempo para intentar someter tambi\u00e9n la actuaci\u00f3n de las personas a normas, en el sentido de afirmar que las personas solamente pueden hacer aquello que las normas les autorizan. Aunque hay matices, las personas pueden hacer todo aquello que no les est\u00e1 prohibido.<\/p>\n
LA LEY Y LOS DESEOS DE LA CIUDADAN\u00cdA<\/p>\n
Llegados a este punto, el principio de legalidad necesariamente debe entenderse como un principio que da cobertura a los deseos de la ciudadan\u00eda. Si la ley no facilita que esos deseos de la ciudadan\u00eda se puedan llevar a cabo legalmente, al final, el deseo de la poblaci\u00f3n se impondr\u00e1, como una cuesti\u00f3n de hecho.<\/p>\n
La legalidad, por tanto, consiste en dar una cobertura jur\u00eddica a los deseos leg\u00edtimos de la poblaci\u00f3n. Esa es la forma m\u00e1s profunda y aut\u00e9ntica de la democracia y de su relaci\u00f3n con el derecho. Las normas no pueden servir para negar incluso la posibilidad de expresi\u00f3n de la propia ciudadan\u00eda.<\/p>\n
Al contrario, su propia raz\u00f3n de ser, al igual que la raz\u00f3n de ser del principio de legalidad, es precisamente facilitar los caminos e instrumentos para que esa voluntad democr\u00e1tica se manifieste. De esta forma el derecho cumple dos funciones fundamentales: la primera, facilitar la expresi\u00f3n democr\u00e1tica de la poblaci\u00f3n. La segunda, ordenar el funcionamiento de la democracia, de tal manera que se garantice el cumplimiento de esa voluntad democr\u00e1ticamente expresada.<\/p>\n
Lo anterior no es f\u00e1cil de lograr, ya que las decisiones a adoptar son complejas y de dif\u00edcil puesta en pr\u00e1ctica. Pero eso es sabido y entra dentro del campo de la pol\u00edtica. Lo que no es posible, en nombre de la legalidad, es simplemente impedir que la voluntad de la ciudadan\u00eda pueda expresarse. La legalidad se debe utilizar para ordenar el funcionamiento de la democracia, no para impedirlo, tal como ha hecho el Gobierno espa\u00f1ol.<\/p>\n
Lo aqu\u00ed defendido no es s\u00f3lo teor\u00eda. As\u00ed ha actuado el primer ministro brit\u00e1nico, David Cameron, en Escocia y as\u00ed decidi\u00f3 el Tribunal Supremo de Canad\u00e1 al resolver sobre el refer\u00e9ndum quebequ\u00e9s. A estos casos se dedicar\u00e1 la pr\u00f3xima reflexi\u00f3n, lo que permitir\u00e1 comparar diferentes formas de entender la idea de democracia, as\u00ed como evitar sus utilizaciones tendenciosas, lo que se est\u00e1 convirtiendo en una moneda de uso com\u00fan tanto por la doctrina jur\u00eddica como por las instituciones p\u00fablicas, incluidas las judiciales.<\/p>\n
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