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El gobierno que encabeza Mariano Rajoy cumpli\u00f3 el lunes su amenaza de activar al Tribunal Constitucional en contra de la consulta que las autoridades de Barcelona tienen previsto realizar el pr\u00f3ximo 9 de noviembre para preguntar a la sociedad si desea la soberan\u00eda con respecto al Estado espa\u00f1ol. Con una rapidez que da cuenta de su supeditaci\u00f3n al Ejecutivo, el tribunal admiti\u00f3 los recursos enviados por La Moncloa contra las disposiciones que fundamentar\u00edan el ejercicio democr\u00e1tico \u2013la Ley de Consultas, aprobada por el parlamento catal\u00e1n, y el decreto de la Generalitat que convoca al plebiscito sobre el futuro pol\u00edtico de la a\u00fan comunidad auton\u00f3mica\u2013 y orden\u00f3 un comp\u00e1s de espera de cinco meses, con lo que sienta las bases para una confrontaci\u00f3n abierta entre Madrid y Barcelona.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la ya mencionada sumisi\u00f3n del Constitucional al gobierno de Rajoy, el fallo clausura las v\u00edas legales para el desarrollo del soberanismo catal\u00e1n y deja a esa causa en el laberinto construido por la clase pol\u00edtica madrile\u00f1a para frustrar cualquier perspectiva de secesi\u00f3n catalana: citado a la letra, uno de los argumentos de La Moncloa se\u00f1ala que el decreto para la consulta tiene por finalidad exclusiva convocar un referendo que tiene por objeto que el pueblo de Catalu\u00f1a se pronuncie sobre si quiere que Catalu\u00f1a sea un Estado independiente, y este objeto es inconstitucional.<\/p>\n
Por otra parte, Rajoy ha declarado que la Generalitat y el Parlament se atribuyen, al llamar a las urnas, facultades exclusivas del Estado espa\u00f1ol, poderes que, evidentemente, su gobierno no est\u00e1 dispuesto a ejercer para permitir que los catalanes se manifiesten en torno a su futuro pol\u00edtico.<\/p>\n
Acaso sin propon\u00e9rselo, el gobierno de Madrid ha puesto en evidencia el car\u00e1cter antidemocr\u00e1tico de la Constituci\u00f3n vigente y del Estado espa\u00f1ol, y ha contrastado la intolerancia y la cerraz\u00f3n propias con la muestra de civismo brindada hace unos d\u00edas en Escocia, donde la sociedad pudo recurrir a las urnas sin cortapisas para decidir en ellas su independencia o su permanencia en el Reino Unido.<\/p>\n
Asimismo, La Moncloa exhibi\u00f3 su rostro autocr\u00e1tico y contrario a derechos colectivos b\u00e1sicos, como es el de los pueblos a la autodeterminaci\u00f3n, y se coloc\u00f3 ante el repudio de una de las nacionalidades m\u00e1s din\u00e1micas y s\u00f3lidas de la pen\u00ednsula ib\u00e9rica. No es una buena perspectiva para el gobierno espa\u00f1ol, especialmente si se considera que Rajoy viene de perder una partida fundamental ante la sociedad: apenas la semana pasada, la administraci\u00f3n del Partido Popular hubo de renunciar a su empecinamiento de limitar el derecho de las espa\u00f1olas a interrumpir el embarazo y se vio obligado a sacrificar a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard\u00f3n, impulsor principal de una reforma cavernaria y regresiva en materia de aborto.<\/p>\n
M\u00e1s grave a\u00fan, la relaci\u00f3n institucional entre Madrid y Barcelona ha sido colocada en un callej\u00f3n sin salida en el que todos pierden, tanto si el gobierno catal\u00e1n sigue adelante con su decisi\u00f3n de realizar en rebeld\u00eda la consulta del 9 de noviembre, como si desiste, por el momento, de llevarla a cabo. El primer escenario conllevar\u00eda un abierto rompimiento entre el poder local y el nacional, y el segundo ser\u00eda visto por el conjunto de los catalanes como una imposici\u00f3n autoritaria. La moneda est\u00e1 en el aire.<\/p>\n
Editorial de La Jornada<\/p>\n