La autodeterminaci\u00f3n no es solo un derecho frente a las opresiones coloniales (teor\u00eda del agua salada) sino que se ha ejercido de hecho en Balcanes, Eslovaquia, Pa\u00edses B\u00e1lticos… O en Alemania, y antes en Faroe, Aaland… ; y en forma de derecho de decisi\u00f3n se ejercit\u00f3 dos veces en Quebec y se acaba de ejercer en Escocia. En la pionera doctrina de Mancini (1874), la conciencia de nacionalidad de una comunidad era \u201cel sentimiento que adquiere de s\u00ed misma y que la hace capaz de constituirse por dentro y de manifestarse por fuerza\u201d. Vinculaba la existencia de la naci\u00f3n a factores subjetivos y vitales como el sentimiento o la conciencia de la nacionalidad, pero como noci\u00f3n hist\u00f3rica, sociol\u00f3gica, pol\u00edtica o filos\u00f3fica, no revestir\u00eda car\u00e1cter jur\u00eddico a no ser que se transformara precisamente en Estado. El presidente de EE.UU. Thomas Woodrow Wilson (1918), sostuvo los derechos a la soberan\u00eda de las peque\u00f1as naciones europeas. Kautsky defendi\u00f3 tambi\u00e9n el derecho de las naciones a disponer de s\u00ed mismas. Igualmente Lenin.<\/p>\n
Ese derecho estuvo formulado en la Carta de Naciones Unidas, aunque no se incorpor\u00f3 a la Declaraci\u00f3n de Derechos Humanos de 1948, pero s\u00ed al Pacto Internacional de Derechos Sociales, Econ\u00f3micos y Culturales de 1966, que, como tratado internacional que es y suscrito tambi\u00e9n por Espa\u00f1a, es de obligado cumplimiento. O sea, es m\u00e1s que un principio, es un derecho pol\u00edtico interno por Tratado Internacional incorporado a la legislaci\u00f3n estatal, como dec\u00eda Gross Espiell, pero ignorado ol\u00edmpicamente.<\/p>\n
Es un concepto autoconstituyente; nace de la voluntad pol\u00edtica continuada, no necesariamente de la norma o del derecho positivo, aunque \u00e9ste ser\u00e1 el que lo institucionalice.<\/p>\n
Ciertamente, la interpretaci\u00f3n que hizo la ONU en 1960 lo restringi\u00f3 a los pueblos coloniales, pero tuvo que modificar dicha versi\u00f3n, aceptando su aplicaci\u00f3n primero a pueblos no coloniales en reg\u00edmenes no democr\u00e1ticos en los que hab\u00eda guerra civil, invasi\u00f3n, discriminaciones flagrantes o fracturas de bloques y asumiendo, luego, las consecuencias de decisiones nacionales como las de Eslovaquia, Quebec o ahora Escocia. No olvidemos que la ONU no es ning\u00fan tribunal que cree jurisprudencia ni puede restringir que los Estados lo definan de una manera u otra. Es solo un \u00f3rgano pol\u00edtico para la paz y la cooperaci\u00f3n.<\/p>\n
El art. 96 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (CE) se\u00f1ala la obligatoriedad de los Tratados Internacionales porque forman parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones s\u00f3lo podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Econ\u00f3micos y Culturales es un tratado internacional y no se ha revisado en el caso espa\u00f1ol; ergo el Derecho de Autodeterminaci\u00f3n es por esa v\u00eda conforme al derecho interno a pesar de su contradicci\u00f3n con el art. 2 de la Constituci\u00f3n relativo a la soberan\u00eda del pueblo espa\u00f1ol.<\/p>\n
\u00bfEs defendible el Derecho de Autodeterminaci\u00f3n como un derecho internacional interiorizado, aplicable al caso catal\u00e1n o vasco, si una mayor\u00eda lo reivindica aunque choque con el principio de integridad de un Estado democr\u00e1tico? Lo es, pero su materializaci\u00f3n tiene sus dificultades si no se recurre al derecho interno. \u00bfDa margen \u00e9ste? Lo da.<\/p>\n
Hay dos bienes jur\u00eddicos que chocan: un derecho de la naci\u00f3n sin Estado y el derecho del Estado a preservar su integridad.<\/p>\n
Ciertamente, el Tribunal Constitucional (TC) se atrinchera en el art. 2 (la Constituci\u00f3n se fundamenta en la indisoluble unidad de la naci\u00f3n espa\u00f1ola) y en el 1.2 (declara que la soberan\u00eda nacional reside en el pueblo espa\u00f1ol). Es el principio de integridad.<\/p>\n
Sin embargo, tal y como indica Josep M. Vilajosana, el art\u00edculo 1.1 afirma que el Estado espa\u00f1ol se constituye en un Estado democr\u00e1tico y el art\u00edculo 23 reconoce que los ciudadanos tienen el derecho fundamental de participar directamente o indirectamente en la esfera p\u00fablica. Igualmente, cabe pensar que los pueblos de Espa\u00f1a son \u201csujeto\u201d ya que el Pre\u00e1mbulo de la CE dice que la Naci\u00f3n espa\u00f1ola (..) proclama su voluntad de \u201cProteger a todos los espa\u00f1oles y pueblos de Espa\u00f1a en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones\u201d, lo que da a entender que hay varios sujetos que componen la naci\u00f3n espa\u00f1ola, como recuerda Roberto Viciano. Es el principio democr\u00e1tico.<\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n equilibrada -dice Vilajosana- indicar\u00eda que no cabe un ejercicio de autodeterminaci\u00f3n a trav\u00e9s de una declaraci\u00f3n unilateral de independencia (vence el principio de integridad), que para formularse requerir\u00eda, salvo quiebra del Estado, la reforma previa del art. 2. Pero, en relaci\u00f3n con la posibilidad de hacer una consulta, vence el principio democr\u00e1tico, porque la Constituci\u00f3n no proh\u00edbe una consulta sobre la independencia de Catalunya o Euskadi. O sea, si se quiere canalizar el problema pol\u00edtico de fondo, hay principios y perchas jur\u00eddicas para entender el Derecho de Decisi\u00f3n como un Derecho de Autodeterminaci\u00f3n no absoluto, con l\u00edmites.<\/p>\n
El derecho de decisi\u00f3n<\/strong> Cabe entenderlo de dos maneras: como derecho de consulta sobre el futuro pol\u00edtico y como la forma actual del Derecho de Autodeterminaci\u00f3n en un estado democr\u00e1tico. La Corte Suprema de Canad\u00e1 (CSC) sostiene que es leg\u00edtima la primera versi\u00f3n, en forma de consulta decisoria condicionada. En todo caso, es una formulaci\u00f3n apta para contextos democr\u00e1ticos con minor\u00edas territoriales que sostienen reivindicaciones nacionales y que cuestionan el modelo territorial y la exclusividad del sujeto.<\/p>\n El CSC<\/strong> sostiene que, siendo discutible aplicar el Derecho de Autodeterminaci\u00f3n como Derecho Internacional, no es discutible que se aplique como derecho interno, en forma de Derecho de Decisi\u00f3n. Es impensable desde el principio democr\u00e1tico que haya negativa del Estado anfitri\u00f3n a atender una demanda de autodeterminaci\u00f3n, porque no se puede obligar a los pueblos a estar a la fuerza. Claro que ello tiene sus condiciones porque el Estado como sujeto pol\u00edtico ver\u00eda afectada su integridad.<\/p>\n El principio democr\u00e1tico no es as\u00ed un derecho absoluto que prevalezca siempre frente al principio de integridad. Y tampoco viceversa. Es por ello que la CSC apunta que hay obligaci\u00f3n del Estado de no impedir una consulta decisoria y de reconocer a una comunidad su calidad de sujeto, mediante una pregunta clara. Y una vez producida -y pudiendo haber sido de signo independentista o de otro tipo- se\u00f1ala la obligaci\u00f3n de la comunidad que ha decidido la secesi\u00f3n de negociar sus efectos con el Estado anfitri\u00f3n.<\/p>\n Esta doctrina la sigui\u00f3 el Plan Ibarretxe -Ley de consulta rechazada como inconstitucional por el TC un d\u00eda como la Diada de 2008- que en su art. 13 dec\u00eda que: \u201cla Comunidad de Euskadi tiene la potestad para regular y gestionar la realizaci\u00f3n de consultas democr\u00e1ticas a la ciudadan\u00eda vasca por v\u00eda de refer\u00e9ndum en lo que corresponde tanto a asuntos de su \u00e1mbito competencial como a las relaciones que desean tener con otros territorios y comunidades vascas, as\u00ed como en lo relativo a las relaciones con el Estado espa\u00f1ol y sus comunidades aut\u00f3nomas y a las relaciones en el \u00e1mbito europeo e internacional\u201d. El TC (2008) cerr\u00f3 incluso la puerta de una consulta con solo efectos politicos para una negociaci\u00f3n ulterior con el Estado al sostener que \u201cno sea jur\u00eddicamente vinculante resulta de todo punto irrelevante\u201d.<\/p>\n En cambio, en el Reino Unido se acept\u00f3 la consulta como derecho de decisi\u00f3n de Escocia. No conceb\u00edan una prohibici\u00f3n y no deseaban eternizar un problema. Pero, adem\u00e1s, independientemente del resultado, reconocen sus efectos pol\u00edticos inmediatos, para darles validez jur\u00eddica con posterioridad. El sentido com\u00fan democr\u00e1tico brit\u00e1nico pone primero la pol\u00edtica -la ciudadan\u00eda- y luego el Derecho, a diferencia del Reino de Espa\u00f1a, que lleg\u00f3 tarde a eso de la democracia. En Espa\u00f1a, su int\u00e9rprete m\u00e1ximo, el TC, es menos un garante de la democracia que un lector talm\u00fadico de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como la expresi\u00f3n de determinadas \u00e9lites: las de sentimiento nacional espa\u00f1ol estructuradas alrededor de un bipartidismo que desde una mayor\u00eda \u00e9tnica convertida en \u00fanico demos, asegura, adem\u00e1s de hegemon\u00edas, dominaciones nacionales y pol\u00edticas, y de forma m\u00e1s matizable, de clase.<\/p>\n El derecho de consulta<\/strong> En un escal\u00f3n derivado est\u00e1 el derecho de refer\u00e9ndum o de consulta que en el caso espa\u00f1ol tambi\u00e9n se niega. Rubio Llorente es partidario del derecho de consulta para dar cauce a la voluntad popular de una naci\u00f3n y para saber si hay que reformar la Constituci\u00f3n despu\u00e9s. O sea, no hay que reformar la CE para consultar -es potestad del gobierno- sino, en todo caso, para darle validez normativa al resultado de esa consulta. Es una interpretaci\u00f3n restrictiva discutible y que contradice a la del Tribunal de Canad\u00e1 porque sin obligaciones de reconocimiento ni de negociaci\u00f3n, y mediante reforma constitucional posterior validada por el \u201cpueblo espa\u00f1ol\u201d, simplemente se puede laminar, dejar en nada, el resultado de una consulta territorial.<\/p>\n Si no se admiten ni el derecho de autodeterminaci\u00f3n ni de decisi\u00f3n ni de consulta, y no se reconocen los derechos nacionales de una comunidad, el Estado tiene un problema grave de legitimaci\u00f3n. Usa las normas de manera torticera -absolutiza el principio de integridad en todos los casos- contra la democracia. De nuevo la orteguiana y joseantoniana \u201cunidad de destino en lo universal\u201d. Es el Estado contra el Derecho y contra la democracia; o el uso esp\u00fareo de la ley para impedir la expresi\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n Aqu\u00ed, adem\u00e1s, hablamos de un derecho de decisi\u00f3n a\u00fan m\u00e1s sensible porque se trata de un demos negado (Catalunya, Euskadi\u2026) del que, aun teniendo fuerza social y electoral para autoconstituirse como sujeto o comunidad nacional -sea por Derecho P\u00fablico Internacional, sea por Derecho P\u00fablico Interno- se cuestiona su propia existencia pol\u00edtica.<\/p>\n Sobre la democracia<\/strong> Robert Dahl dec\u00eda que las mayor\u00edas no pueden acotar leg\u00edtimamente los derechos fundamentales de parte de los ciudadanos y que hay que evitar la tiran\u00eda de las mayor\u00edas. Para este polit\u00f3logo reci\u00e9n fallecido, la democracia no es la libertad de expresi\u00f3n s\u00f3lo, sino la posibilidad y la obligaci\u00f3n del Estado de introducir en la agenda pol\u00edtica, en alg\u00fan momento, los deseos de sectores significativos de la poblaci\u00f3n y la posibilidad de realizaci\u00f3n de cualquier proyecto leg\u00edtimo desde cauces democr\u00e1ticos. Y cabe decir que, a\u00fan con m\u00e1s raz\u00f3n, en el caso de sujetos pol\u00edticos colectivos.<\/p>\n T\u00e9ngase en cuenta asimismo el efecto de una situaci\u00f3n de bloqueo o de distracci\u00f3n. A medio plazo ser\u00e1 una olla a presi\u00f3n dif\u00edcil de soportar por parte del Estado sin degenerar gravemente o sin un choque de trenes. Y no lo resuelve decir que se reformar\u00e1 la Constituci\u00f3n en clave federal (el PSOE siempre ha dicho que la Espa\u00f1a de las Autonom\u00edas ya es un Estado Federal, aunque sin Senado territorial ni relaciones horizontales).<\/p>\n En suma, cabe reivindicar el soberanismo como un impulso pol\u00edtico colectivo, de construcci\u00f3n pol\u00edtica de una naci\u00f3n que, como sujeto, se consulta de hecho y de derecho, porque quiere decidir cu\u00e1nta soberan\u00eda necesita y cu\u00e1nta comparte o no; eso s\u00ed, haci\u00e9ndose responsable de sus costos. A m\u00e1s cicater\u00eda, m\u00e1s pobreza democr\u00e1tica y m\u00e1s independentistas.<\/p>\n Ram\u00f3n Zallo \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La autodeterminaci\u00f3n no es solo un derecho frente a las opresiones coloniales (teor\u00eda del agua salada) sino que se ha ejercido de hecho en Balcanes, Eslovaquia, Pa\u00edses B\u00e1lticos… O en Alemania, y antes en Faroe, Aaland… ; y en forma de derecho de decisi\u00f3n se ejercit\u00f3 dos veces en Quebec y se acaba de ejercer […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-31121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nabarmena"],"yoast_head":"\n
DEIA<\/strong><\/p>\n