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El 22 de agosto, el Consejo de Garant\u00edas Estatutarias daba a conocer su dictamen sobre el proyecto de ley de consultas no referendarias. La mayor\u00eda de consejeros (cinco) defienden la plena constitucionalidad y \u00abestatutariedad\u00bb del proyecto. Cuatro, en cambio, hacen un voto contrario. Los argumentos utilizados por unos y otros, pero especialmente por estos \u00faltimos, son un recordatorio magn\u00edfico de que el nombre no hace la cosa, pero, al mismo tiempo, que en pol\u00edtica no se acostumbra a llamar las cosas por su nombre. Nosotros, sin embargo, podemos decirlo claro y catal\u00e1n: una consulta pol\u00edtica efectuada al conjunto de los catalanes es un refer\u00e9ndum que, por razones jur\u00eddicas y pol\u00edticas, no se puede llamar as\u00ed. Esto es, en definitiva, en lo que con argumentos diversos acaban coincidiendo los votos cr\u00edticos.<\/p>\n
El dictamen es un pretexto ideal para hacer algunas consideraciones sobre las diferencias esenciales entre pol\u00edtica, ciencia pol\u00edtica y legalidad. Conviene no confundir niveles que se entrecruzan, y entrecruzar\u00e1n a\u00fan m\u00e1s en los pr\u00f3ximos meses, en el debate soberanista. Los defensores de la plena legalidad del proyecto de ley argumentan estrictamente como juristas que defienden la coherencia de un sistema legal; los cr\u00edticos, como cient\u00edficos defensores de la consistencia con la realidad. Ahora bien, lo hacen en un contexto que no tiene nada que ver con una investigaci\u00f3n cient\u00edfica, sino en un \u00e1mbito legal. Esto les hace -y perdonen la expresi\u00f3n- mear fuera de tiesto. De la misma manera que lo har\u00edan aquellos que defienden la diferencia entre consulta y refer\u00e9ndum (en el caso del pr\u00f3ximo 9-N) si lo hicieran en un contexto cient\u00edfico.<\/p>\n
Los consejeros juristas argumentan que la Generalitat, de acuerdo con el Estatuto, puede consultar a la ciudadan\u00eda como expresi\u00f3n de un ejercicio democr\u00e1tico y que esta consulta no es un refer\u00e9ndum que, en el marco legal espa\u00f1ol, un refer\u00e9ndum ser\u00e1 convocado por el gobierno del Estado y en el que participa el cuerpo electoral, recogido en el censo, y amparado por la legalidad electoral. Como este no ser\u00e1 el caso, estamos ante un mecanismo legalmente (formalmente) diferente. Los consejeros cient\u00edficos se preguntan que, si en el decreto del presidente se puede convocar al conjunto de los catalanes para que voten sobre una cuesti\u00f3n, \u00bfqu\u00e9 diferencia hay entre un refer\u00e9ndum y una consulta? Y responden: materialmente, es decir, en la pr\u00e1ctica, ninguna, o ninguna sustancial. Y tambi\u00e9n tienen raz\u00f3n.<\/p>\n
Si no fuera porque Espa\u00f1a impide con argumentos formales (jur\u00eddicos) el ejercicio de la democracia, no tendr\u00eda sentido defender con argumentos igualmente formales que se puede consultar a todos los catalanes a trav\u00e9s de una votaci\u00f3n sin que se pueda decir que esto es un refer\u00e9ndum. De hecho, todo el proceso catal\u00e1n no se puede explicar sin hacer referencia al peculiar marco espa\u00f1ol y este es uno de los principales problemas para explicarlo en el extranjero. Por eso es tan importante no perder de vista la distinci\u00f3n entre el nivel formal y el material. Igualmente, s\u00f3lo se puede argumentar formalmente, pero no materialmente, que Espa\u00f1a es una democracia en el mismo sentido con que utilizamos el concepto para referirnos a Canad\u00e1 o al Reino Unido, por ejemplo.<\/p>\n
Hay otro debate importante para nosotros donde se reproduce la mezcla de niveles, pero en sentido contrario: los juristas defienden la asimilaci\u00f3n de conceptos y, como m\u00ednimo, algunos cient\u00edficos y te\u00f3ricos, su distinci\u00f3n. Se trata del debate sobre el derecho a decidir. Los juristas dicen que no existe. Que s\u00f3lo existe el derecho a la autodeterminaci\u00f3n. Tienen raz\u00f3n. No existe formalmente: no hay ninguna norma que lo recoja. Algunos argumentamos, en cambio, que se trata de un nuevo principio pol\u00edtico que, de momento, no tiene una plasmaci\u00f3n jur\u00eddica expl\u00edcita aunque, hay que recordarlo, cuenta con el apoyo jur\u00eddico de los dict\u00e1menes del Tribunal Supremo de Canad\u00e1 y del Tribunal Internacional de Justicia (sin nombrarlo).<\/p>\n
No se trata de un juego de nominalismo pol\u00edtico (como s\u00ed lo es la distinci\u00f3n entre consulta y refer\u00e9ndum), sino de dos cosas diferentes: los pueblos\/colonias tienen derecho a convertirse en un Estado (derecho a la autodeterminaci\u00f3n); las comunidades pol\u00edticas (‘demos’) que lo deseen pueden expresar democr\u00e1ticamente su voluntad de constituirse en un nuevo Estado y conseguirlo si sus reivindicaciones no encuentran ninguna respuesta en el marco estatal vigente (derecho a decidir).<\/p>\n
As\u00ed pues, tengamos claro: unos defienden que una consulta no es un refer\u00e9ndum. Otros defienden que no dejar votar es democr\u00e1tico. Son, de hecho, dos caras de la misma moneda. En ambos casos, formalmente es as\u00ed. Pero, ni en un caso ni en el otro, son muy rigurosos con la verdad y cient\u00edficamente son afirmaciones m\u00e1s que criticables.<\/p>\n
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