<\/p>\n
La reciente sentencia de la Audiencia Nacional en el Sumario 35\/2002 por la que 111 sedes sociales de una determinada corriente pol\u00edtica (izquierda abertzale) van a ser confiscadas, recuerda que esta pr\u00e1ctica ha tenido un largo recorrido en el sistema judicial espa\u00f1ol. Incautaciones, confiscaciones, embargo de bienes, expolios… han sido sin\u00f3nimos de una pr\u00e1ctica habitual sostenida en cuestiones estrictamente pol\u00edticas.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, el expolio ha estado integrado en esa doctrina que los expertos dieron en llamar C\u00f3digo Penal del Enemigo, siguiendo las reflexiones del penalista alem\u00e1n G\u00fcnther Jakobs: \u00abcabe anticipar potencialmente el comienzo del peligro\u00bb. El juez Garz\u00f3n, en su auto de octubre de 2002, marc\u00f3 la pauta de forma antol\u00f3gica: \u201cAunque ETA no existiera, ni tampoco la Kale Borroka, o \u00e9sta no se hubiera producido nunca, Batasuna constituye desde el punto jur\u00eddico-penal una asociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d.<\/p>\n
En esta l\u00ednea, la confiscaci\u00f3n no s\u00f3lo de bienes, sino tambi\u00e9n de documentaci\u00f3n, archivos o la permanente espada de Damocles sobre el relato, obedece, al margen de lucro del receptor que se sobrentiende, a una motivaci\u00f3n m\u00e1s cruel, la de borrar la memoria hist\u00f3rica del grupo, de la izquierda abertzale, sus ra\u00edces y, en consecuencia, el desarrollo de su futuro.<\/p>\n
Una instrucci\u00f3n ya avanzada, entre otros, por Mikel Cabieces, precursor de Carlos Urquijo en el puesto de delegado de Gobierno y hoy patrono bancario en BBK, que en 2011 dec\u00eda en El Pa\u00eds<\/em>: \u00abUn final con vencedores y vencidos. La Constituci\u00f3n, el Estatuto y las leyes seguir\u00e1n ah\u00ed\u00bb.<\/p>\n Y as\u00ed, rechazo a la existencia pol\u00edtica, al contexto, decomisos e incautaciones prolongan la ilegitimidad de toda una corriente ideol\u00f3gica cuya legalidad jur\u00eddica pende de la estrategia del Estado, desplegada, en esta ocasi\u00f3n, por jueces. Con la presi\u00f3n de los sectores m\u00e1s beligerantes. Como aquella editorial de El Correo<\/em>: \u00abSer\u00eda torpe y temerario que s\u00f3lo con la condena del terror se les permitiera recuperar la legalidad\u00bb. Reflexi\u00f3n del diario de Vocento apenas hace diez a\u00f1os.<\/p>\n Hace muchos m\u00e1s, y con ello recupero esa tendencia que citaba, ese mismo El Correo<\/em> (hoy sin el apelativo \u00abespa\u00f1ol\u00bb de entonces), recib\u00eda en 1937, sin arrendamiento alguno por cierto, sede y rotativa del diario jeltzale Euzkadi<\/em>, incautado o \u00abrobado\u00bb seg\u00fan denunciaron sus leg\u00edtimos due\u00f1os.<\/p>\n Fue entonces, a partir de 1936, cuando las incautaciones, avaladas tambi\u00e9n por ordenamiento jur\u00eddico, abrieron la puerta a un expolio escandaloso. Si hoy, las bases jur\u00eddicas parten de la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal del Enemigo y su extensi\u00f3n por la interpretaci\u00f3n de Garz\u00f3n, con la inclusi\u00f3n en el apartado 127 del C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol vigente, entonces fue el decreto 18\/1936, del mismo d\u00eda que los franquistas \u00abreconquistaban\u00bb Donostia.<\/p>\n El texto no dejaba lugar a la duda: \u00abSe declaran fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones pol\u00edticas o sociales que han integrado el llamado Frente Popular y se decreta la incautaci\u00f3n de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado\u00bb. Bot\u00edn de guerra. Vencedores y vencidos.<\/p>\n No quiero zambullirme en la historia m\u00e1s lejana, pero s\u00ed har\u00e9 una peque\u00f1a inmersi\u00f3n para justificar precisamente el t\u00edtulo de este art\u00edculo. La incautaci\u00f3n jur\u00eddica sustituy\u00f3 al bot\u00edn de guerra. Los bienes de quienes se opusieron a la conquista de Nafarroa y se refugiaron en la Sexta Merindad fueron embargados, los de los lapurtanos que deportados no entendieron la centralidad de la Revoluci\u00f3n francesa, los de los carlistas que no aceptaron el Convenio de Bergara y huyeron a Am\u00e9rica, los de los jud\u00edos y resistentes vascos de Biarritz y Baiona gaseados en Auschwitz o Mauthausen. Tambi\u00e9n sus familias fueron expoliadas. Y todo ello sobre una base jur\u00eddica.<\/p>\n En su inicio, el Gobierno de Franco estableci\u00f3 la Comisi\u00f3n sobre la Ilegitimidad de Poderes Actuantes<\/em>, una junta franquista destinada a \u00abdemostrar la inmoralidad\u00bb de la Rep\u00fablica. Este organismo qued\u00f3 completado con delegaciones de incautaci\u00f3n provinciales que se establecieron, en el caso vasco, en las cuatro capitales, dependiendo de juzgados especiales.<\/p>\n Las incautaciones afectaron no s\u00f3lo a bienes pol\u00edticos o sindicales, sino tambi\u00e9n a particulares. En Araba, por ejemplo, la Comisi\u00f3n provincial encaus\u00f3 a 749 personas. En Gipuzkoa, 529 propietarios fueron despojados por completo de sus viviendas, terrenos o caser\u00edos.<\/p>\n A los particulares les eran incautadas sus propiedades, estableci\u00e9ndose en ellas nuevos inquilinos. El dinero aportado por los arrendados era enviado, por medio de un administrador que se quedaba con el tres por ciento por su labor, a la Comisi\u00f3n de Incautaci\u00f3n de Bienes de cada provincia.<\/p>\n Esta fue la teor\u00eda jur\u00eddica, porque en la pr\u00e1ctica las desviaciones que conocemos son s\u00f3lo la punta del iceberg. Museos vascos de car\u00e1cter p\u00fablico guardan en sus fondos obras requisadas entonces, as\u00ed como particulares. A Telesforo Monzon le desvalijaron la Torre Olaso que sirvi\u00f3 para amueblar el Palacio de Aiete en el que veraneaba Franco. Cuando el dictador falleci\u00f3, su viuda traslad\u00f3 las propiedades de Monz\u00f3n a su residencia en el Pazo de Meir\u00e1s (A Coru\u00f1a). Joyas y valores decomisados o aportados \u00abvoluntariamente\u00bb en Nafarroa fueron depositados en cajas de seguridad de la sucursal de un conocido banco de la Plaza del Castillo de Iru\u00f1ea. Cuando se cumplieron 50 a\u00f1os del despojo, al comienzo de la llamada Transici\u00f3n, las cajas fueron vaciadas y su destino a\u00fan hoy desconocido.<\/p>\n A esta lista habr\u00eda que a\u00f1adir organizaciones culturales, ateneos o medios de comunicaci\u00f3n. En Donostia, por ejemplo, la sede de Eusko Ikaskuntza fue ocupada por la delegaci\u00f3n de la Banca Privada de Madrid. En Bilbo, la sede de ELA y de los diarios jeltzales Euzkadi<\/em>, La<\/em> Tarde<\/em> y Excelsius<\/em>, fueron incautadas, entre otras. En Iru\u00f1ea, el Centro Vasco<\/em> fue ocupado por Falange. La lista interminable.<\/p>\n La mayor\u00eda de las sedes de las formaciones pol\u00edticas estaban hipotecadas en bancos o cajas de ahorro vascas, ya que, por lo general, hab\u00edan sido adquiridas en \u00e9poca republicana, compradas con gran esfuerzo econ\u00f3mico y popular. Las comisiones provinciales renegociaron, en cada caso, los cambios de titularidad y el pago de las cuotas con las cajas de ahorro y bancos vascos respectivos, que se implicaron en el expolio.<\/p>\n El principal beneficiario de la incautaci\u00f3n fue el partido de Falange. De las 51 incautaciones a sedes centrales de partidos pol\u00edticos y organizaciones sindicales de Bizkaia, 23 fueron a parar a Falange que estableci\u00f3 en los locales requisados las sedes de su organizaci\u00f3n y de sus subsidiarias como Flechas o Secci\u00f3n Femenina.<\/p>\n El \u00faltimo caso de expropiaci\u00f3n fue el que afect\u00f3 a la sede del Gobierno vasco de Par\u00eds, ubicado en el n\u00famero 11 de la Avenue Marceau. Con la invasi\u00f3n alemana de Par\u00eds, la Gestapo y los servicios secretos espa\u00f1oles se hicieron cargo de la delegaci\u00f3n vasca. En nombre de la embajada espa\u00f1ola, el funcionario Pedro Urraca. Precisamente, el 15 de octubre de 1947 Urraca fue condenado a muerte, en rebeld\u00eda, por un tribunal franc\u00e9s que lo acus\u00f3 de espionaje en favor de la Alemania de Hitler. Con identidad falsa, Urraca fue enviado por Madrid a B\u00e9lgica en la d\u00e9cada de 1960 para informar de los primeros refugiados de ETA.<\/p>\n En abril de 1951, la Corte de Apelaci\u00f3n francesa daba la raz\u00f3n al Gobierno espa\u00f1ol franquista, apoy\u00e1ndose, entre otras, en la disposici\u00f3n de incautaci\u00f3n promulgada por Franco el 13 de septiembre de 1936. Aquella sede fue, desde entonces, la Embajada espa\u00f1ola en Par\u00eds y en 2014 es patrimonio del Instituto Cervantes en la capital francesa.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Cierre en falso<\/strong><\/p>\n El Gobierno espa\u00f1ol promovi\u00f3 en \u00e9poca reciente dos iniciativas para la devoluci\u00f3n del patrimonio incautado tanto a sindicatos como a partidos pol\u00edticos. La primera de las iniciativas se produjo bajo Gobierno de Felipe Gonz\u00e1lez, en 1986, y la segunda, en 1998, durante mandato de Aznar. Entre los sindicatos, UGT recibi\u00f3 la compensaci\u00f3n de 431 locales y CNT de 46, 148 millones de euros en la segunda convocatoria para el sindicato socialista, frente a los 2,4 millones de euros para el anarquista. Entre los partidos, el mejor parado fue el PSOE, con casi 11 millones de euros, del total de 28 millones que ambos gobiernos repartieron entre todas las formaciones. La CNT present\u00f3, en 2007, 5.191 expedientes de los que se desestimaron 4.652 y se admitieron 386. Reclamaba 10 millones de euros.<\/p>\n Sobre las devoluciones de lo incautado a particulares jam\u00e1s hubo una vuelta atr\u00e1s. Hubo alguna excepci\u00f3n, pero siempre bajo el paraguas del ordenamiento jur\u00eddico franquista. Los herederos de Ram\u00f3n de la Sota tuvieron que pagar, en 1982, 62 millones de pesetas, resto de la multa impuesta en 1938, para poder litigar sobre parte de su patrimonio.<\/p>\n Algunas de las formaciones, sin embargo, ya hicieron p\u00fablico su disconformidad con los repartos acordados por los gobiernos. El PNV, por ejemplo, recuper\u00f3 m\u00e1s de 9 millones de euros a trav\u00e9s no ya de los acuerdos con el Ejecutivo central, sino por la v\u00eda judicial. El Supremo espa\u00f1ol le dio la raz\u00f3n en temas que el Gobierno le hab\u00eda denegado. No as\u00ed al Gobierno vasco, cuya sede de Par\u00eds a\u00fan se encuentra en litigio.<\/p>\n En la misma tesitura, aunque con menor \u00e9xito, se encontraba ANV, que vio rechazadas la mayor\u00eda de sus reclamaciones y las llev\u00f3 al Supremo que en abril de 2003 le dio la raz\u00f3n parcialmente y le neg\u00f3 la propiedad de 89 locales. En septiembre de 2008, cuando el Tribunal Supremo espa\u00f1ol declar\u00f3 la ilegalizaci\u00f3n de ANV, dispuso que todos sus bienes, incluidos los recuperados de la \u00e9poca de la Segunda Rep\u00fablica, pasaran a disposici\u00f3n del erario p\u00fablico.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n I\u00f1aki Ega\u00f1a<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La reciente sentencia de la Audiencia Nacional en el Sumario 35\/2002 por la que 111 sedes sociales de una determinada corriente pol\u00edtica (izquierda abertzale) van a ser confiscadas, recuerda que esta pr\u00e1ctica ha tenido un largo recorrido en el sistema judicial espa\u00f1ol. Incautaciones, confiscaciones, embargo de bienes, expolios… han sido sin\u00f3nimos de una pr\u00e1ctica habitual […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-30933","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-egunekoa"],"yoast_head":"\n