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LA reciente sentencia del Tribunal Constitucional est\u00e1 provocando consideraciones de muy diverso tipo, necesariamente atropelladas, por su inmediatez, y donde se mezclan ideas de muy diverso calado, dificultando la necesaria precisi\u00f3n en algunas cuestiones. En primer lugar, hay que recordar que la sentencia se produce como consecuencia de la impugnaci\u00f3n por el Gobierno del Estado de una declaraci\u00f3n del Parlamento catal\u00e1n. No vamos a detenernos en esta cuesti\u00f3n, que ya de por s\u00ed sola refleja la idea de pluralismo que tiene el Gobierno de Madrid. Lo m\u00e1s interesante es constatar las diferencias existentes entre lo que est\u00e1 sucediendo en Catalunya y el proceso pol\u00edtico desarrollado en Qu\u00e9bec. Habr\u00eda que destacar en especial tres cuestiones.<\/p>\n
Esta declaraci\u00f3n la hizo el Parlamento de Qu\u00e9bec y no fue impugnada por el Gobierno canadiense. Aqu\u00ed, por tanto, una gran diferencia sobre la idea de democracia que tienen los Gobiernos espa\u00f1ol y canadiense.<\/p>\n
La segunda diferencia estriba en el proceso del que se est\u00e1 hablando para la defensa de un estatus pol\u00edtico propio. En Qu\u00e9bec, sus poderes p\u00fablicos pueden convocar un refer\u00e9ndum cuando lo consideren oportuno, sin limitaci\u00f3n constitucional por parte de las autoridades canadienses. Se trata de la dignidad de los Estados, lo que se predica de los Estados miembros de una federaci\u00f3n. Como tales Estados, pueden dirigirse a su poblaci\u00f3n para buscar la legitimidad directa de sus propuestas. Esto se impide en Catalunya, que se ver\u00e1 obligada a realizar unas elecciones plebiscitarias, donde la pregunta que no se puede hacer directamente a la ciudadan\u00eda, se har\u00e1 mediante su inclusi\u00f3n en los programas de los partidos pol\u00edticos que presenten candidaturas (as\u00ed parece que se deduce de las declaraciones de sus dirigentes, en especial de su presidente, Artur Mas).<\/p>\n
La tercera cuesti\u00f3n a rese\u00f1ar tendr\u00eda que ver con la recordada sentencia del Tribunal Supremo de Canad\u00e1 en relaci\u00f3n con un refer\u00e9ndum en Qu\u00e9bec, donde se se\u00f1alaba un aspecto del procedimiento que parece olvidarse en este momento. De acuerdo con esa sentencia, si el pueblo de Qu\u00e9bec se pronuncia favorablemente por una modificaci\u00f3n de su estatus en relaci\u00f3n con Canad\u00e1, las autoridades federales canadienses tienen la obligaci\u00f3n de negociar ese estatus. Como puede comprobarse, la negociaci\u00f3n no se plantea dentro de los procedimientos de reforma constitucional u otros. La obligaci\u00f3n de negociaci\u00f3n es una obligaci\u00f3n pol\u00edtica, que deben iniciar las partes para intentar llegar a un acuerdo.<\/p>\n
Estas dos fases anteriores, poder realizar un refer\u00e9ndum y negociar con las autoridades federales, no se producen en el caso de Catalunya. Ni se permite realizar un refer\u00e9ndum, ni tampoco se intenta llevar a cabo negociaci\u00f3n pol\u00edtica alguna. En su lugar, el Tribunal Constitucional dice que el \u00fanico camino transitable es plantear una reforma constitucional. Para este viaje no hac\u00eda falta una sentencia que resuelve una declaraci\u00f3n sin valor jur\u00eddico, forzando hasta el l\u00edmite las categor\u00edas jur\u00eddicas con el objetivo de adjudicar a la declaraci\u00f3n del Parlamento catal\u00e1n un valor jur\u00eddico que no tiene y as\u00ed poder declarar su nulidad.<\/p>\n
En Qu\u00e9bec y Canad\u00e1, el proceso democr\u00e1tico de determinaci\u00f3n de la voluntad del pueblo quebecois se produce de forma previa a su formulaci\u00f3n jur\u00eddica. Es decir, no se llega a un acuerdo dentro del procedimiento de reforma constitucional para determinar el estatus de Qu\u00e9bec. Eso se hace antes. La raz\u00f3n es obvia: lo que interesa es conocer la voluntad real del pueblo quebecois, lo que no se logra constri\u00f1endo el procedimiento de determinaci\u00f3n de esa voluntad.<\/p>\n
En el caso catal\u00e1n interesa introducir la concreci\u00f3n de la voluntad del pueblo catal\u00e1n en un procedimiento que permita su control. La legalidad persigue ahogar la legitimidad. En Canad\u00e1 sucede al rev\u00e9s. El Gobierno federal canadiense debe negociar con el Gobierno de Qu\u00e9bec y despu\u00e9s de realizarse esa negociaci\u00f3n se sacar\u00e1n las consecuencias jur\u00eddicas oportunas, es decir si procede reformar la Constituci\u00f3n canadiense o cu\u00e1l es el camino adecuado para dar cobertura jur\u00eddica al acuerdo adoptado, aunque tambi\u00e9n ser\u00eda posible que ese acuerdo no la encontrase, con las consecuencias pol\u00edticas que ello conllevar\u00eda.<\/p>\n
La verdadera diferencia entre Qu\u00e9bec y Catalunya es que los poderes p\u00fablicos canadienses, incluyendo su Tribunal Supremo, consideran y tratan a Qu\u00e9bec como una naci\u00f3n, afirmando la obligaci\u00f3n de negociar si el pueblo quebecois as\u00ed lo decide. Como es conocido, esto no sucede con Catalunya, ya que los poderes p\u00fablicos espa\u00f1oles defienden una concepci\u00f3n de la legalidad interesada, que niega el valor que le corresponde al principio de legitimidad democr\u00e1tica, es decir, a la voluntad del pueblo catal\u00e1n.<\/p>\n
Deia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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