<\/p>\n
I\u00f1aki LASAGABASTER HERRARTE<\/strong><\/p>\n <\/strong> <\/p>\n \u00bfPuede la judicatura pronunciarse a favor?<\/strong><\/p>\n <\/strong> <\/p>\n Gara<\/strong><\/p>\n Con fecha de 12 de febrero del a\u00f1o en curso, se ha hecho p\u00fablico un manifiesto firmado por 33 jueces y juezas de Catalunya donde defienden el derecho a decidir del pueblo catal\u00e1n, justificando jur\u00eddicamente la existencia de ese derecho. Poco tiempo ha necesitado el sindicato Manos Limpias para dirigir un escrito al Consejo General del Poder Judicial reclamando la adopci\u00f3n de las medidas que resulten procedentes frente a esta actuaci\u00f3n de algunos miembros de la judicatura catalana. A su vez el Consejo General ha sido diligente, trasladando la denuncia al \u00f3rgano del Consejo competente para entender de estas cuestiones. En concreto, parece que se tratar\u00eda de determinar si la firma de un documento de ese tipo puede entenderse como una conducta ilegal y por tanto objeto de sanci\u00f3n.<\/p>\n Ciertamente, la intervenci\u00f3n de jueces y juezas en el debate p\u00fablico puede producir una cierta incomodidad. Creo que durante a\u00f1os hemos estado acostumbrados a que la judicatura no se pronuncie a t\u00edtulo individual sobre cuestiones de actualidad, en especial si son pol\u00edticas. Parece que el papel del juez, cuando decide sobre los derechos de las personas, debe ir acompa\u00f1ado de una conducta personal neutral. Por esta raz\u00f3n, los miembros de la judicatura no pueden militar en partidos pol\u00edticos o presentarse a las elecciones. Se persigue con ello garantizar su imparcialidad.<\/p>\n La realidad ha puesto de manifiesto, sin embargo, que los jueces y juezas participan en el debate p\u00fablico, manifest\u00e1ndose sobre cuestiones y de forma muy diversa. Ya es frecuente la figura de los jueces y juezas participantes en debates, tertulias radiof\u00f3nicas, actos p\u00fablicos de diverso tipo, o que escriban o realicen entrevistas en la prensa escrita. Por una parte considero que la neutralidad judicial aconsejar\u00eda una forma discreta de dirigirse en la vida, de no intervenci\u00f3n en el debate p\u00fablico. Si un juez o jueza manifiestan una preferencia ideol\u00f3gica, la ciudadan\u00eda puede pensar que en la aplicaci\u00f3n de la ley no ser\u00e1n inmunes a esa ideolog\u00eda. A su vez, aunque no lo digan, alguna ideolog\u00eda tendr\u00e1n, por lo que podr\u00eda considerarse m\u00e1s adecuado conocer lo que piensan.<\/p>\n As\u00ed que mejor que la judicatura participe en el debate p\u00fablico, porque as\u00ed conoceremos su ideolog\u00eda. Desde su propia perspectiva, tambi\u00e9n tienen derecho a ejercer los derechos que el ordenamiento jur\u00eddico les reconoce, entre ellos la libertad de expresi\u00f3n, libertad que no deben sacrificar por tener la condici\u00f3n de miembros de la judicatura.<\/p>\n Dicho esto, y sobre un tema complejo que requerir\u00eda un an\u00e1lisis mucho m\u00e1s profundo, obviamente, quisiera volver al t\u00edtulo de este art\u00edculo. La firma por miembros de la judicatura de un manifiesto sobre el derecho a decidir \u00bfest\u00e1 cubierta por el ejercicio de su libertad de expresi\u00f3n? La respuesta es positiva. Las razones de la misma se desgranar\u00e1n a continuaci\u00f3n.<\/p>\n La actuaci\u00f3n de la judicatura encuentra sus l\u00edmites especialmente en la regulaci\u00f3n de las infracciones que pueden cometer los jueces y juezas. As\u00ed, en su actuaci\u00f3n no pueden dirigir felicitaciones o censuras a la actuaci\u00f3n de otros poderes p\u00fablicos, invocando su condici\u00f3n de juez o sirvi\u00e9ndose de la misma. Si pensamos en \u00e9pocas recientes en la pol\u00edtica vasca, la actuaci\u00f3n de algunos jueces habr\u00eda incurrido claramente en esta infracci\u00f3n.<\/p>\n En el caso que se est\u00e1 considerando, se achaca a los y las firmantes del manifiesto que no est\u00e1n siendo fieles a la Constituci\u00f3n. Ciertamente, en la Constituci\u00f3n est\u00e1n tambi\u00e9n las normas que prev\u00e9n su reforma, por lo que habr\u00e1 que entender que reclamar una reforma constitucional no es ser infiel a dicha norma. Pero m\u00e1s all\u00e1 de esta consideraci\u00f3n, quisiera concretar el significado de esa fidelidad a la Constituci\u00f3n. La fidelidad a la Constituci\u00f3n en el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional se regula en la propia Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial. En ella se establecen cuatro obligaciones que concretan ese principio de fidelidad, que, de forma sint\u00e9tica y evitando matices que hagan compleja la comprensi\u00f3n, son las siguientes: la Constituci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de sus preceptos realizada por el Tribunal Constitucional vinculan a jueces y tribunales; los tribunales ordinarios deben aplicar las leyes, dirigi\u00e9ndose al Tribunal Constitucional si estiman que el precepto de una ley, aplicable al caso, puede ser inconstitucional; en la interpretaci\u00f3n deber\u00e1 intentarse la acomodaci\u00f3n de la norma interpretada al ordenamiento constitucional; podr\u00e1 plantearse recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo en caso de infracci\u00f3n de alg\u00fan precepto constitucional.<\/p>\n El lector o lectora no experto estar\u00e1 ya fatigado de la lectura, al encontrarse con consideraciones t\u00e9cnicas, propias de expertos o especialistas. Sin embargo, quiero llamar su atenci\u00f3n para decirle que no cunda el des\u00e1nimo, que est\u00e1n en disposici\u00f3n de contestar la pregunta que encabeza el art\u00edculo. Si la fidelidad a la Constituci\u00f3n consiste en respetar las cuatros cuestiones a que se ha hecho referencia, \u00bfcontra cu\u00e1l de ellas se puede entender que chocar\u00eda la firma de un manifiesto a favor del derecho a decidir del pueblo catal\u00e1n?<\/p>\n Es evidente que la fidelidad a la Constituci\u00f3n requiere que el poder judicial aplique esa norma, en el ejercicio de su jurisdicci\u00f3n, de acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial. Esa fidelidad, sin embargo, no implica ninguna limitaci\u00f3n en el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n de jueces y tribunales diferente a la que afecta al resto de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n Puede ser que nos sorprenda, nos incomode, o resulte simplemente extra\u00f1o o extravagante que los jueces y juezas participen en el debate p\u00fablico. Eso es una cuesti\u00f3n y otra muy diferente que se pretenda la limitaci\u00f3n de su libertad de expresi\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de lo previsto por las normas que regulan su actuaci\u00f3n.<\/p>\n La legitimidad del ejercicio de su poder por jueces y juezas la pondr\u00e1 de manifiesto y se valorar\u00e1 por la pr\u00e1ctica que realicen, ser\u00e1 consecuencia de la experiencia. Esta experiencia ser\u00e1 tanto la propiamente jurisdiccional como la ciudadana. La participaci\u00f3n de jueces y juezas en el debate p\u00fablico podr\u00e1 ser tanto favorable como desfavorable en la valoraci\u00f3n de su legitimidad.<\/p>\n Esta \u00faltima duda no existe, sin embargo, cuando se habla del ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n. Ese ejercicio podr\u00e1 ser considerado m\u00e1s o menos afortunado, seg\u00fan los casos, la forma o en el momento en que se produzca, aunque en ning\u00fan caso podr\u00e1 negarse el derecho de jueces y juezas a firmar un manifiesto sobre el derecho a decidir, en este caso del pueblo catal\u00e1n.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n TRIBUNA CATALANA<\/strong><\/p>\n Guillem Clap\u00e9s<\/strong><\/p>\n No tenemos derecho a decidir porque (no) somos catalanes<\/strong><\/p>\n En el debate sobre el estado de la naci\u00f3n que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso del Diputados pudimos ver y o\u00edr c\u00f3mo el presidente del Gobierno espa\u00f1ol manten\u00eda su postura de inmovilismo absoluto.<\/p>\n Una postura respecto a la voluntad del pueblo de Catalu\u00f1a de celebrar el refer\u00e9ndum de autodeterminaci\u00f3n el pr\u00f3ximo 9 de noviembre.<\/p>\n En su discurso Rajoy reiter\u00f3 la postura de que no quiere ni puede negociar, acordar, autorizar o convocar el refer\u00e9ndum de autodeterminaci\u00f3n bas\u00e1ndose en el argumento, ampliamente repetido pero no por ello menos falso, de que la Constituci\u00f3n no lo permite. Y esta vez a\u00f1adi\u00f3 un segundo motivo diciendo que \u00abnadie unilateralmente puede privar al conjunto del pueblo espa\u00f1ol de su derecho a decidir sobre su futuro. Ni el Gobierno, ni ning\u00fan otro poder del Estado, ni siquiera esta c\u00e1mara puede hacerlo\u00bb.<\/p>\n En esta frase descubrimos un motivo, si se quiere, a\u00fan m\u00e1s democr\u00e1ticamente execrable que la -ya de por s\u00ed- lo suficientemente escandalosa negativa a dejar votar a los catalanes en base a una ley que a su vez llaman \u00abdemocr\u00e1tica\u00bb. En esta frase, el autor del discurso, obviamente ha querido jugar con el concepto del \u00abderecho a decidir\u00bb y la ha aplicado al pueblo espa\u00f1ol. Pero al hacerlo ha aceptado de facto que el \u00abderecho a decidir\u00bb existe (algo que hasta ahora el PP negaba en sus discursos Y cuando hablaba de \u00abun supuesto e imaginario derecho a decidir\u00bb).<\/p>\n Si en esta frase sustituimos pueblo espa\u00f1ol por pueblo catal\u00e1n convendremos que sem\u00e1nticamente funciona exactamente igual de bien, y que si alguien cree de verdad que nadie puede privar al pueblo espa\u00f1ol del \u00abderecho a decidir\u00bb su futuro, tambi\u00e9n deber\u00eda creer que nadie tiene derecho a privar al pueblo catal\u00e1n de este mismo derecho.<\/p>\n Y aqu\u00ed es donde aparece con toda su crudeza, el argumento de fondo del PP, el PSOE y el del Estado para querer prohibir el refer\u00e9ndum. El problema ya no es el \u00abderecho a decidir\u00bb -un derecho que se reconoce que existe-. El problema es el sujeto que ha de ostentar este derecho. Sencillamente, se presupone que el pueblo catal\u00e1n no existe. Y algo que no existe no puede ser sujeto ni objeto de derechos. Es la negaci\u00f3n de nuestra propia existencia como entidad nacional y pol\u00edtica colectiva.<\/p>\n Los catalanes somos simples convecinos de una regi\u00f3n administrativa llamada Catalu\u00f1a. Y, como tales, tenemos los mismos (pocos) derechos individuales que cualquier otro s\u00fabdito del Reino de Espa\u00f1a. Y punto. Este planteamiento lleva la cuesti\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de la discrepancia pol\u00edtica. Nos encontramos ante la negaci\u00f3n de la realidad. Ante la voluntad de supresi\u00f3n del mismo concepto de catalanidad. Y si miramos los \u00faltimos siglos de nuestra historia, no es ninguna novedad, \u00bfverdad?<\/p>\n \u00a0<\/p>\n La democracia sospechosa<\/strong><\/p>\n <\/strong> <\/p>\n JAUME L\u00d3PEZ<\/strong><\/p>\n <\/strong> <\/p>\n ARA<\/strong><\/p>\n \u00bfCu\u00e1nta democracia se puede permitir una sociedad? Hace unas semanas esta parec\u00eda la pregunta que suscitaba a muchos cr\u00edticos los resultados del refer\u00e9ndum sobre la inmigraci\u00f3n en Suiza. Los defensores nos explicaron pronto por qu\u00e9 los suizos no son tan xen\u00f3fobos como una lectura precipitada de los resultados har\u00eda pensar. En medio, sin embargo, todav\u00eda espero una defensa n\u00edtida y contundente de la democracia directa, sin fisuras.<\/p>\n Defender la democracia (representativa) es hoy casi un dogma, pero como en cualquier sistema de decisi\u00f3n su resultado final vendr\u00e1 condicionado por el buen dise\u00f1o del proceso decisional. En este sentido, es bueno introducir filtros diversos. Como en el caso del agua, no sirve de nada hacerla pasar por tres filtros id\u00e9nticos si queremos aumentar su calidad. En pleno siglo XXI, eso lo tenemos claro muchos defensores de la democracia cuando afirmamos que hay que articular en tres dimensiones diferentes: la representativa, la participativa y la directa. Al hacerlo no hacemos otra cosa que recuperar la sabidur\u00eda de los antiguos que defend\u00edan el gobierno mixto, no tanto para protegerse del gobierno desbocado (como en el equilibrio de poderes liberal), sino como una b\u00fasqueda de la mejor decisi\u00f3n posible.<\/p>\n Deliberar se hace mejor en un peque\u00f1o grupo (ya sea un Parlamento nacional o un Ayuntamiento), aunque las tecnolog\u00edas medi\u00e1ticas pueden favorecer su ampliaci\u00f3n. Lo que s\u00ed puede hacer muy bien mucha gente es proponer cosas para que sean deliberadas despu\u00e9s, o vetar cosas que ya han sido deliberadas pero que no tienen suficiente aceptaci\u00f3n general. Y aqu\u00ed es donde Suiza lleva una gran ventaja respecto de muchas otras democracias, con su sistema de iniciativas ciudadanas y de referendos. Recogiendo 100.000 firmas (un n\u00famero fijo desde el 1874) los ciudadanos suizos pueden proponer una modificaci\u00f3n constitucional a nivel federal (el mecanismo tambi\u00e9n existe en niveles inferiores) que ser\u00e1 consultada en refer\u00e9ndum. Este fue el caso del refer\u00e9ndum del 9 de febrero. Con 50.000 firmas se puede pedir un refer\u00e9ndum para vetar una ley.<\/p>\n La virtud del veto democr\u00e1tico es doble. Si una ley no tiene suficiente apoyo popular quiz\u00e1s vale la pena seguir trabajando antes de ser impuesta sobre los que te\u00f3ricamente tienen el poder soberano, el pueblo. La ficci\u00f3n roussoniana de que la voluntad general se elabora en el Parlamento y es id\u00e9ntica a la voluntad de la gente no parece muy razonable. Pero hay una segunda virtud, mucho mejor. Como dice el abogado suizo de origen espa\u00f1ol Daniel Ord\u00e1s, defensor de una reforma de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, el verdadero poder del veto es la forma de hacer pol\u00edtica que implica: los pol\u00edticos no tomar\u00e1n ciertas decisiones si est\u00e1n convencidos de que toda su trabajo se ir\u00e1 al traste en un refer\u00e9ndum. En sus palabras el mejor refer\u00e9ndum es el que no se celebra.<\/p>\n Un sistema pol\u00edtico inteligente es el que da salida a las demandas de la ciudadan\u00eda, institucionaliza la protesta y canaliza la energ\u00eda creativa y transformadora de la sociedad. All\u00ed donde la gente no tiene poder de veto institucionalizado hay que ganar, cada vez empezando de cero, en la calle, con huelgas, protestas, escraches y, en definitiva, disturbios. La pregunta es: \u00bfqu\u00e9 es razonable hacer cuando 1,4 millones de firmas no son tenidas en cuenta, como ocurri\u00f3 en el Congreso espa\u00f1ol con la iniciativa legislativa popular sobre la daci\u00f3n en pago?<\/p>\n Los detractores de la democracia directa suelen relacionarla con la inestabilidad y pasiones poco razonadas. Algunos dicen que el sistema puede colapsar con la participaci\u00f3n, que si es posible vetar se veta todo. Sin embargo, los datos de Suiza lo desmienten con rotundidad. Desde el a\u00f1o 2000, a nivel federal se han dado 62 iniciativas populares (incluyendo las del d\u00eda 9), de las que s\u00f3lo 53 fueron aprobadas por el conjunto de los ciudadanos. Y los 38 referendos opcionales (vetos), en 30 se aprob\u00f3 lo que hab\u00eda propuesto el gobierno. No hubo, sin embargo, que salir a la calle para conseguir que se diera marcha atr\u00e1s en los 8 restantes. La democracia directa es una garant\u00eda, que debe ir de la mano de una buena educaci\u00f3n y unos buenos medios de comunicaci\u00f3n. No una amenaza.<\/p>\n M\u00e1s cerca, me parece evidente que la consulta sobre el futuro pol\u00edtico de Catalu\u00f1a se puede entender como el resultado de un fracaso institucional producido por la imposibilidad de ejercer el veto sobre ciertas decisiones que conciernen, en primer t\u00e9rmino, a los ciudadanos catalanes.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" I\u00f1aki LASAGABASTER HERRARTE \u00bfPuede la judicatura pronunciarse a favor? Gara Con fecha de 12 de febrero del a\u00f1o en curso, se ha hecho p\u00fablico un manifiesto firmado por 33 jueces y juezas de Catalunya donde defienden el derecho a decidir del pueblo catal\u00e1n, justificando jur\u00eddicamente la existencia de ese derecho. 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