{"id":29990,"date":"2014-02-17T08:46:23","date_gmt":"2014-02-17T06:46:23","guid":{"rendered":"https:\/\/nabarralde.eus\/manifiesto-de-jueces-por-el-qderecho-a-decidirq\/"},"modified":"2014-02-17T08:46:23","modified_gmt":"2014-02-17T06:46:23","slug":"manifiesto-de-jueces-por-el-qderecho-a-decidirq","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nabarralde.eus\/es\/manifiesto-de-jueces-por-el-qderecho-a-decidirq\/","title":{"rendered":"Manifiesto de jueces por el \u00abDerecho a Decidir\u00bb"},"content":{"rendered":"<p> <\/p>\n<p>Los abajo firmantes -jueces y magistrados que ejercemos en Catalu\u00f1a- en nuestra condici\u00f3n de juristas y servidores p\u00fablicos pensamos que podemos brindar a la sociedad civil catalana nuestra perspectiva respecto a la legitimidad y\/o legalidad de el llamado \u00abderecho decidir\u00bb y, en su caso, de sus posibles manifestaciones.<\/p>\n<p>Ahora mismo se produce, en Catalu\u00f1a pero tambi\u00e9n en el resto del Estado, un amplio y intenso debate sobre el llamado \u00abDerecho a Decidir\u00bb. Y desde determinados posiciones o planteamientos se ha transmitido la idea de que el reconocimiento o ejercicio de este \u00abDerecho a decidir\u00bb queda absolutamente al margen de nuestro ordenamiento constitucional e, incluso, del marco jur\u00eddico internacional y que, por tanto, no goza de ninguna legitimidad.<\/p>\n<p>La cuesti\u00f3n clave de este debate, a nuestro entender, pasa por aceptar o no la realidad nacional de Catalu\u00f1a y, por tanto, su plena soberan\u00eda para decidir el su futuro.<\/p>\n<p>Hay que partir de un hecho que -pensamos- no admite discusi\u00f3n: Catalu\u00f1a es una naci\u00f3n. Esta realidad viene determinada por una historia, una cultura, una lengua propia, y -por encima de todo- una reiterada y perseverante voluntad de ser reconocida como sociedad nacional diferenciada, compatible con su car\u00e1cter plenamente integrador, bien patente en la historia m\u00e1s reciente.<\/p>\n<p>Este hecho -la realidad nacional de Catalu\u00f1a- radica en la base de la Constituci\u00f3n de 1978 y en los Estatutos de Autonom\u00eda de 1979 y 2006. Si el reconocimiento no fue, en su momento, m\u00e1s expl\u00edcito ha sido por razones bien conocidas, b\u00e1sicamente el modelo de transici\u00f3n a un r\u00e9gimen democr\u00e1tico y el peligro de involuci\u00f3n o amenaza autoritaria, confirmado en 1981.<\/p>\n<p>Esta indiscutible realidad nacional de Catalu\u00f1a conlleva, indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir: el llamado \u00abprincipio democr\u00e1tico\u00bb impregna todo el ordenamiento jur\u00eddico internacional y comunitario, y una de sus manifestaciones m\u00e1s elementales es el derecho de los pueblos y naciones a decidir su futuro.<\/p>\n<p>Por tanto, la negaci\u00f3n del derecho a decidir s\u00f3lo se puede entender y sostener por un criterio estrictamente ideol\u00f3gico y pol\u00edtico de negar la realidad nacional de Catalu\u00f1a.<\/p>\n<p>Ciertamente, se puede entender que Catalu\u00f1a ya ha ejercido este derecho en diversas ocasiones: al refrendar la Constituci\u00f3n y los sucesivos Estatutos de 1979 y 2006. Pero su \u00faltima decisi\u00f3n, el Estatuto de 2006, ha sido -en aspectos esenciales de identidad nacional y autogobierno- manifiestamente desvirtuada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010.<\/p>\n<p>Este rechazo ha generado la actual situaci\u00f3n pol\u00edtica: seg\u00fan es p\u00fablico y notorio por las sucesivas manifestaciones (2010 , 2012 y 2013), las encuestas p\u00fablicas y reiterados pronunciamientos de las organizaciones sociales, sindicales y pol\u00edticas, ponen de manifiesto que gran parte de la sociedad catalana -visto el rechazo a su \u00faltima decisi\u00f3n (el Estatuto de 2006 )- quiere volver a decidir su articulaci\u00f3n con Espa\u00f1a, y hacerlo contemplando todas las opciones, incluida la independencia.<\/p>\n<p>En contra de lo que se afirma desde determinados sectores y como juristas, consideramos que este derecho a decidir se puede ejercer en el actual marco constitucional, desde una perspectiva din\u00e1mica y viva, no sacramental, de la Constituci\u00f3n, como corresponde a un Estado social y democr\u00e1tico de derecho, que -tal como se define en su art\u00edculo 1\u00ba propugna como valores superiores de su ordenamiento jur\u00eddico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol\u00edtico. Y en todo caso, toda Constituci\u00f3n, como herramienta esencial de convivencia democr\u00e1tica, debe permitir un proceso continuo de discusi\u00f3n y evoluci\u00f3n, y la consiguiente aceptaci\u00f3n de cualquier proyecto leg\u00edtimo de modificaci\u00f3n del orden constitucional.<\/p>\n<p>Como tambi\u00e9n se proclama en el art. 9.2 de la Constituci\u00f3n, corresponde a los poderes p\u00fablicos promover las condiciones para que estos derechos de libertad y de igualdad del individuo y los colectivos en los que se integra sean reales y efectivos, as\u00ed como remover\u00a0 los obst\u00e1culos que se los impidan y facilitar la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos en la vida pol\u00edtica, cultural y social. Este derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar en asuntos p\u00fablicos se consagra en su art\u00edculo 23 y, m\u00e1s concretamente, en el art. 92 se prev\u00e9 la posibilidad de consulta por medio de refer\u00e9ndum respecto de las decisiones pol\u00edticas de especial trascendencia.<\/p>\n<p>Finalmente, cabe recordar que -seg\u00fan se dispone en su art. 10.2- los preceptos de la Constituci\u00f3n relativos a los derechos fundamentales y a las libertades han de interpretarse seg\u00fan la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado espa\u00f1ol, que se fundamentan en el \u00abPrincipio democr\u00e1tico\u00bb, en la consideraci\u00f3n de que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder p\u00fablico (art. 21. de la Declaraci\u00f3n Universal) y en el derecho de los pueblos a su libre determinaci\u00f3n (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y Pacto\u00a0 Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales). Derecho a la autodeterminaci\u00f3n que, seg\u00fan los criterios m\u00e1s recientes ( y en relaci\u00f3n con el caso de Canad\u00e1), no se limita s\u00f3lo a los pueblos gobernados o sometidos por potencias extranjeras, sino que se extiende a aquellos pueblos que, a pesar de estar integrados en un Estado democr\u00e1tico, sufren una limitaci\u00f3n de su derecho al autogobierno.<\/p>\n<p>En definitiva, consideramos que en el marco constitucional actual, interpretado a la luz de la normativa internacional y de los principios y derechos fundamentales que la inspiran, es viable el leg\u00edtimo ejercicio del derecho a la consulta que reclama de forma mayoritaria la sociedad catalana.<\/p>\n<p>Barcelona, 6 de febrero de 2014<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Lista de firmantes jueces\/as &#8216;Dret a decidir&#8217;<\/p>\n<p>Agusti Maragall Joan<\/p>\n<p>Aiguaviva Baulies Araceli<\/p>\n<p>Aixandri Tarr\u00e9 Roser<\/p>\n<p>Arag\u00f3 Gassiot Matilde<\/p>\n<p>Assalit Vives Jose Maria<\/p>\n<p>Bartomeus Plana Daniel<\/p>\n<p>Bona Puigvert Remei<\/p>\n<p>Castell Valldosera Lidia<\/p>\n<p>Comas d\u2019Argemir Montserrat<\/p>\n<p>Cruz Moratones Carles<\/p>\n<p>Derosa Palacio Miriam<\/p>\n<p>Gonzales de Rivera Xavier<\/p>\n<p>Llena Miralles Ramon<\/p>\n<p>Martinez Forns Daniel<\/p>\n<p>Miquel Porres Josep M\u00aa<\/p>\n<p>Mir\u00f3n Hernandez Mar<\/p>\n<p>Niub\u00f3 Claveria Josep<\/p>\n<p>Noales Tintor\u00e9 Josep M\u00aa<\/p>\n<p>Pijuan Canadell Josep M\u00aa<\/p>\n<p>Planes Batalla Marta<\/p>\n<p>Raga Marim\u00f3n Montserrat<\/p>\n<p>Rodriguez Garcia Faustino<\/p>\n<p>Rodriguez Saez Josep Antoni<\/p>\n<p>Sanchez-Albornoz Carmen<\/p>\n<p>Solaz Ponsirenas Juli<\/p>\n<p>Tuset Pino Pedro<\/p>\n<p>Uria Martinez Joan Francesc<\/p>\n<p>Ventura Mas Silvia<\/p>\n<p>Vidal Franch Francesc<\/p>\n<p>Vidal Marsal Santiago<\/p>\n<p>Vivas Valle Angels<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los abajo firmantes -jueces y magistrados que ejercemos en Catalu\u00f1a- en nuestra condici\u00f3n de juristas y servidores p\u00fablicos pensamos que podemos brindar a la sociedad civil catalana nuestra perspectiva respecto a la legitimidad y\/o legalidad de el llamado \u00abderecho decidir\u00bb y, en su caso, de sus posibles manifestaciones. 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