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LA pregunta no es ret\u00f3rica, aunque pueda parecer poco habitual. Las constituciones han puesto de manifiesto a lo largo de la historia que esa libertad parlamentaria ha sido una preocupaci\u00f3n. Tambi\u00e9n otras normas lo han hecho, as\u00ed cuando se proh\u00edben las concentraciones de la ciudadan\u00eda que impidan el acceso de los parlamentarios a las C\u00e1maras evitando as\u00ed su funcionamiento. En la teor\u00eda pol\u00edtica se afirma que la libertad de los parlamentarios o el principio de divisi\u00f3n de poderes constituyen requisitos irrenunciables de todo sistema democr\u00e1tico. Ahora bien, principios como el de la divisi\u00f3n de poderes son de aquellos que tras su aparente sencillez esconden una complejidad que no se puede menospreciar.<\/p>\n
La libertad del parlamento garantiza la propia libertad de la ciudadan\u00eda. Ciertamente, ser\u00eda una paradoja que los electos en unas elecciones libres no pudieran posteriormente ejercer libremente sus funciones como parlamentarios. Para ello, adem\u00e1s de su propia libertad, ser\u00e1 necesario que se respete la libertad del Parlamento como instituci\u00f3n. En otras palabras, el parlamento no est\u00e1 sometido a mandatos jer\u00e1rquicos de ning\u00fan otro poder. El Gobierno no puede dictar \u00f3rdenes al parlamento, y tampoco los tribunales. Es m\u00e1s, cuando el parlamento aprueba una ley, esa ley obliga al Gobierno, a la Administraci\u00f3n, y tambi\u00e9n a los jueces. Es decir, que la primac\u00eda entre estos \u00f3rganos corresponde al parlamento.<\/p>\n
Todo esto no impide que se pueda producir la siguiente situaci\u00f3n: el Consejo de administraci\u00f3n de las Cajas de Ahorro debe ser nombrado parcialmente por el Parlamento, tal como sucede en Asturias. Sin embargo, el Parlamento no se pone de acuerdo para realizar el nombramiento. Si el Parlamento no realiza ese nombramiento \u00bfqu\u00e9 se puede hacer?<\/p>\n
En Asturias el Tribunal Superior de Justicia remiti\u00f3 un mandato al Parlamento, orden\u00e1ndole la suspensi\u00f3n de un pleno del Parlamento. La pregunta que se suscita inmediatamente es la siguiente: \u00bfpuede el Tribunal Superior de Justicia ordenar a la Mesa del Parlamento asturiano la suspensi\u00f3n de un Pleno del Parlamento? Antes de responder concretamente, es conveniente imaginarse la situaci\u00f3n \u00bflos tribunales pueden ordenar a los Parlamentos lo que tienen que hacer?, sin olvidar que, unas l\u00edneas m\u00e1s arriba, se ha se\u00f1alado que los Parlamentos tienen una posici\u00f3n predominante sobre los tribunales, ya que estos \u00faltimos deben cumplir lo que mandan las leyes. Ser\u00eda como pensar que los jueces pueden ordenar el orden del d\u00eda del Congreso de los Estados Unidos, del Parlamento alem\u00e1n o del b\u00e1varo, o de cualquier Estado europeo. Esto es simplemente imposible y jur\u00eddicamente inviable. Ante esta situaci\u00f3n lo m\u00e1s probable es que el tribunal o jueces responsables pudieran ser condenados por un delito contra la divisi\u00f3n de poderes.<\/p>\n
Este ejemplo puede ser muy ilustrativo para responder a esa otra situaci\u00f3n que se produjo en el Parlamento vasco cuando el Tribunal Supremo le orden\u00f3 disolver el grupo parlamentario de Herri Batasuna. La primera cuesti\u00f3n en la que hay que fijarse es en que el Tribunal Supremo dirige un mandato al Parlamento vasco. Este mandato no est\u00e1 previsto en ninguna ley y el Tribunal Supremo lo hace entendiendo que puede ordenar al Parlamento un comportamiento o decisi\u00f3n determinada. El mandato se dirige a los Presidentes de los Parlamentos auton\u00f3micos de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco y de la Comunidad Foral de Nafarroa. Su contenido se limita a exigir la disoluci\u00f3n de los grupos parlamentarios que figuren bajo la denominaci\u00f3n Batasuna, impidiendo tambi\u00e9n su participaci\u00f3n como tales grupos en la vida parlamentaria.<\/p>\n
Si un tribunal dictara resoluci\u00f3n contra esa inviolabilidad del Parlamento estar\u00eda adoptando una decisi\u00f3n inconstitucional y profundamente antidemocr\u00e1tica<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 libertad puede tener un Parlamento que recibe \u00f3rdenes de los jueces y, si las incu<\/p>\n
La Presidencia del Parlamento Vasco respondi\u00f3 se\u00f1alando que no era competente para adoptar una decisi\u00f3n de ese tipo, a\u00f1adiendo adem\u00e1s que estaba sometida a otras decisiones, como las adoptadas por la Junta de portavoces, que imped\u00edan una tal decisi\u00f3n. El procedimiento sigui\u00f3 vericuetos diversos, siendo el m\u00e1s llamativo el siguiente. El Sindicato de Funcionarios Manos Limpias present\u00f3 una querella contra la Mesa del Parlamento por delito de desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco dijo que los hechos no eran constitutivos del delito de desobediencia. Pero el Tribunal Supremo, respondiendo al recurso de casaci\u00f3n presentado por el citado Sindicato, sentenci\u00f3 finalmente que s\u00ed se hab\u00eda producido ese delito de desobediencia, siendo sus autores y responsables los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco. La Sentencia del Tribunal Supremo es criticable por varias razones, al igual que la dictada posteriormente por el Tribunal Constitucional (STC 205\/2013). Esta \u00faltima da por buena la Sentencia del Tribunal Supremo, aunque cuatro de sus once miembros presentan voto particular.<\/p>\n
De las cuestiones suscitadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional se quiere resaltar una no tratada, que es la siguiente: \u00bfhay alguna previsi\u00f3n legal que habilite al Tribunal Supremo para dar \u00f3rdenes a la Mesa del Parlamento, bajo la amenaza de que, en caso de incumplimiento, los miembros de la Mesa ser\u00e1n condenados penalmente por desobediencia? Una tal disposici\u00f3n, si existiera, ser\u00eda claramente inconstitucional por antidemocr\u00e1tica. Veamos el porqu\u00e9 de esta afirmaci\u00f3n.<\/p>\n
Los Parlamentos tienen reconocido el principio de inviolabilidad parlamentaria, que unas veces est\u00e1 expresamente recogido en las Constituciones o Estatutos de Autonom\u00eda y otras, a pesar de no estar recogido, se entiende que lo est\u00e1 impl\u00edcitamente. La inviolabilidad del Parlamento significa que no se puede interferir en el ejercicio de sus funciones y que se deben respetar sus locales, donde la m\u00e1xima autoridad es precisamente la Mesa del Parlamento y su Presidencia. El Parlamento, en el ejercicio de sus funciones, organiza su funcionamiento, regulando la constituci\u00f3n y funciones de los grupos parlamentarios. La organizaci\u00f3n de los grupos parlamentarios y su funcionamiento es una competencia que corresponde \u00fanicamente al Parlamento, en virtud precisamente de su inviolabilidad, no pudiendo haber interferencias de otros poderes. Si un Tribunal dictara resoluci\u00f3n contra esa inviolabilidad del Parlamento estar\u00eda adoptando una decisi\u00f3n inconstitucional y profundamente antidemocr\u00e1tica, al afectar a la instituci\u00f3n legitimada democr\u00e1ticamente por las elecciones, que es el Parlamento, no habiendo ninguna norma que le habilite para ello.<\/p>\n
La Ley de Partidos prev\u00e9 la posibilidad de prohibici\u00f3n de partidos pol\u00edticos, pero guarda un silencio absoluto sobre los grupos parlamentarios. Por otra parte, los partidos pol\u00edticos y los grupos parlamentarios son dos cosas totalmente diferentes. Los grupos parlamentarios se crean seg\u00fan lo que establezcan los Reglamentos de las C\u00e1maras, est\u00e1n formados por parlamentarios, y mientras se tenga la condici\u00f3n de parlamentario, su pertenencia a un grupo parlamentario u otro, el nombre y dem\u00e1s cuestiones sobre los grupos ser\u00e1n establecidas por el Parlamento. En esta materia no queda por tanto espacio para los tribunales ordinarios.<\/p>\n
Pues bien, en el Estado espa\u00f1ol sucede todo lo contrario. Un Tribunal ordinario, aunque sea el Tribunal Supremo, se dirige contra la Mesa y presidencia de un Parlamento orden\u00e1ndole que adopte unas decisiones determinadas. Ese mandato lo hace sin que haya ninguna norma que as\u00ed lo diga expresa ni impl\u00edcitamente. El mandato dirigido al parlamento lo es en una materia t\u00edpicamente parlamentaria, como es la regulaci\u00f3n de los grupos parlamentarios. En este caso se condiciona la potestad de autoorganizaci\u00f3n del Parlamento.<\/p>\n
En muchos supuestos puede haber una diferencia de opiniones entre dos entes u \u00f3rganos p\u00fablicos, estando previstos unos procedimientos de soluci\u00f3n de esos conflictos, tal como sucede entre el Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas. Pues bien, en el caso que se analiza, el conflicto entre los tribunales ordinarios y el Parlamento se resuelve con la amenaza de aplicar el Derecho penal, pudiendo condenar a la representaci\u00f3n parlamentaria, a su Mesa, por el delito de desobediencia. La aplicaci\u00f3n del Derecho penal en estos supuestos no sucede en ning\u00fan Estado democr\u00e1tico del mundo. \u00bfQu\u00e9 libertad puede tener un Parlamento que recibe \u00f3rdenes de los jueces y, si las incumple, sus representantes, es decir la Mesa de la C\u00e1mara comprendida su Presidencia, son condenados penalmente? \u00bflibertad parlamentaria bajo amenaza penal?<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n conlleva una clara e indudable conculcaci\u00f3n del principio de inviolabilidad parlamentaria. Que as\u00ed suceda retrotrae nuestra memoria a aquellos tiempos inciertos, oscuros y predemocr\u00e1ticos del antiguo r\u00e9gimen, cuando los tribunales absolutos eran due\u00f1os y se\u00f1ores del Derecho, obstaculizando cuando no impidiendo el funcionamiento de las diferentes Asambleas que en aquella \u00e9poca exist\u00edan.<\/p>\n
Deia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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