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La presente actualidad de Espa\u00f1a, convulsionada por la crisis econ\u00f3mica y pol\u00edtica, ha ensanchado la fractura entre las colectividades que integra, hasta un punto que parece irreversible. El caso catal\u00e1n -hoy en primer plano- permite a los adversarios argumentar de modo racional y en sentido opuesto. Un \u00e1rbitro neutral podr\u00eda concluir en la justeza de ambos razonamientos desde una perspectiva dial\u00e9ctica, sentencia que deja el conflicto irresoluto, porque el conflicto tiene lugar en el plano social y pol\u00edtico. Insisten los catalanes en el derecho de su colectividad a determinar el orden jur\u00eddico por el que han de regirse. Desde las instancias espa\u00f1olas -Instituciones, organizaciones pol\u00edticas y sociales y medios en general- se proclama la necesidad de atenerse a una legalidad, basada en la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, botada -se afirma- por el conjunto de los espa\u00f1oles. El sistema constitucional caracteriza el ordenamiento jur\u00eddico de los pa\u00edses de cultura occidental. Supone este la instauraci\u00f3n de la igualdad jur\u00eddica, que hace a los integrantes de la colectividad iguales ante la ley y exige un sistema de gobierno que represente a esa colectividad en su condici\u00f3n de Naci\u00f3n. La adecuaci\u00f3n a estas exigencias confieren legitimidad al sistema referido, haciendo de su legalidad norma de convivencia aceptada por toda la ciudadan\u00eda, al igual que las decisiones de la administraci\u00f3n, siempre que se atengan al procedimiento de elaboraci\u00f3n previsto en la misma legislaci\u00f3n.<\/p>\n
El fundamento del sistema constitucional lo constituye el acuerdo entre los diferentes colectivos sociales, acuerdo por el que se determina la normativa a regir en las relaciones intracomunitarias para salvaguarda de los intereses divergentes. El citado acuerdo implica el reconocimiento de derechos para todo individuo perteneciente al colectivo, al igual que la descripci\u00f3n de las obligaciones a llenar por este. El rasgo que define el car\u00e1cter del sistema de derechos y obligaciones, junto con los procedimientos establecidos para su ejercicio y funcionamiento, es su universalidad; aplicable al conjunto de los miembros del colectivo -ciudadanos- quienes se encuentran de esta manera en un marco equitativo para la defensa de sus intereses y derechos.<\/p>\n
El factor que actu\u00f3 sobre los impulsores de un sistema tal fue el principio de igualdad de todos y cada uno de los seres humanos, igualdad de la que deriva el reconocimiento de la libertad individual, frente a cualquier otra perspectiva que propugne la superioridad de unos individuos, con el consiguiente derecho de imposici\u00f3n sobre otros. Se supone que su proclamaci\u00f3n confieren al sistema jur\u00eddico concreto las condiciones reales de un funcionamiento ecu\u00e1nime.<\/p>\n
Dejando de lado la conflictividad que ha rodeado el modelo descrito, interesa aqu\u00ed analizar la presente situaci\u00f3n de Espa\u00f1a, en donde aparece un desacuerdo tan profundo a prop\u00f3sito de la materia. El desacuerdo se hace visible en los casos navarro y catal\u00e1n en relaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n vigente en Espa\u00f1a, a partir de 1978. Cabe preguntarse por los motivos que causan el rechazo a una constituci\u00f3n que parece recoger las exigencias indicadas m\u00e1s arriba. En estos aspectos insisten de manera r\u00edgida los defensores de esa Constituci\u00f3n. Es cierto que la redacci\u00f3n concreta proclama los principios de igualdad de todos los espa\u00f1oles y la libertad en el marco jur\u00eddico constitucional, terreno en que discrepan navarros y catalanes de los espa\u00f1oles. Convendr\u00e1 por ello profundizar en las condiciones pol\u00edticas concretas que permitan afirmar el cumplimiento de las rese\u00f1adas exigencias.<\/p>\n
El jurista italiano Giorgio Lombardi se refiere a este aspecto, cuando presenta los puntos de vista encontrados de Carl Schmitt y Hans Kelsen. Intentando explicar lo que afirma en su propio lenguaje jur\u00eddico, dir\u00e9 que Lombardi reclama que una constituci\u00f3n responda a las peculiaridades -estructuras las denomina- de la sociedad a la que va a servir, acomod\u00e1ndose mediante cambios a las expectativas de los integrantes de la colectividad, a fin de evitar las rupturas. Caso de mantenerse r\u00edgida esa constituci\u00f3n, al no poder satisfacer con equidad las aspiraciones de determinados sectores de sus componentes, se convertir\u00e1 en elemento de imposici\u00f3n -supra-estructural-, carente de capacidad para la integraci\u00f3n de la citada colectividad. El elemento decisivo a destacar es que un sistema jur\u00eddico debe garantizar unos derechos del individuo que son previos al Estado mismo y que el poder solamente es leg\u00edtimo cuando se encuentra sometido a tal principio.<\/p>\n
La vigente constituci\u00f3n espa\u00f1ola naci\u00f3 coja, porque no busc\u00f3 arbitrar el acuerdo entre los diversos elementos que se pretend\u00eda eran los integrantes del colectivo nacional espa\u00f1ol. Desde el inicio evidenci\u00f3 el fuerte rechazo de la sociedad navarra hacia su proyecto y el transcurso del tiempo termin\u00f3 por defraudar a los catalanes, que hab\u00edan confiado en ella. En una palabra, carece de la capacidad de integraci\u00f3n que se exige a una constituci\u00f3n garante de igualdad y libertad. El car\u00e1cter de supra-estructura de tal constituci\u00f3n -al decir de Lombardi- se manifiesta en la utilizaci\u00f3n interesada que hace el gobierno espa\u00f1ol de ella, cuando la reclama como instancia jur\u00eddica a fin de impedir a catalanes y navarros la decisi\u00f3n sobre sus propios destinos. No deja de ser expresivo, en este sentido, que muchos espa\u00f1oles propugnen la anulaci\u00f3n legal de quienes reclaman el derecho a constituir un Estado separado en Navarra y la misma Catalunia, mediante la ilegalizaci\u00f3n de determinadas organizaciones pol\u00edticas, o de mecanismos que las anulen en el marco de la pol\u00edtica del Estado espa\u00f1ol por su entidad soberanista, en un ejercicio que contradice el principio de igualdad y libertad que los mismos espa\u00f1oles afirman es la base irrenunciable de la ciudadan\u00eda, proclamado por la misma constituci\u00f3n; hechos estos que evidencian la imposici\u00f3n espa\u00f1ola, a trav\u00e9s de unos instrumentos que se dicen elaborados como garant\u00eda de los derechos que niegan de manera expresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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