<\/p>\n
\u00bfSe est\u00e1 produciendo una m\u00ednima adecuaci\u00f3n de la actividad de los tres poderes del Estado espa\u00f1ol, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a las necesidades de la normalizaci\u00f3n en el Pa\u00eds Vasco?<\/p>\n
ES esta una pregunta muy pertinente ahora, cuando han comenzado las vistas de macrojuicios como el 35\/02 y el de Segi. La opini\u00f3n mayoritaria de juristas y analistas del Estado de Derecho es profundamente pesimista al respecto, como han puesto de relieve las dos Jornadas sobre el Derecho ante el fin de ETA organizadas por la Fundaci\u00f3n Sabino Arana en 2012 y 2013, y la Jornada sobre justicia transicional y el caso vasco organizada recientemente por la Diputaci\u00f3n de Gipuzkoa. En la exposici\u00f3n que sigue de esta opini\u00f3n, omito las fuentes por respeto al principio de discreci\u00f3n.<\/p>\n
– Legislaci\u00f3n de excepci\u00f3n: La Constituci\u00f3n establece en sus art\u00edculos 55 y 14 el principio de igualdad, por lo que la legislaci\u00f3n de excepci\u00f3n no tiene sentido. Debe pues exigirse la vuelta al tratamiento normalizado del Derecho Penal, as\u00ed como la derogaci\u00f3n legislativa del arsenal punitivo. La prevenci\u00f3n especial causada por la actividad armada de ETA debe quedar neutralizada al haber desaparecido su actividad violenta.<\/p>\n
Sin embargo, nada parece indicar que la excepcionalidad legal vaya a desaparecer, ni siquiera a atenuarse. El c\u00f3digo penal que ser\u00e1 presentado pr\u00f3ximamente provoca una desesperanza total. La reforma Gallard\u00f3n va a multiplicar las intervenciones penales y extender las medidas de libertad vigilada, tendiendo a conseguir m\u00e1s condenados y m\u00e1s gente en prisi\u00f3n.<\/p>\n
La legislaci\u00f3n en vigor y sobre todo su aplicaci\u00f3n, han tenido un enorme costo para el Estado de Derecho. Y no solo en el caso vasco; la informaci\u00f3n que se obtiene de los indignados<\/em>, por ejemplo, se est\u00e1 enviando a la Comisar\u00eda General de Informaci\u00f3n para elaborar la base de datos de los presuntos terroristas<\/em> del futuro.<\/p>\n La excepci\u00f3n que tuvo su origen en la lucha antiterrorista se est\u00e1 extendiendo en efecto a los j\u00f3venes, las protestas, la ocupaci\u00f3n de las calles. Es necesario desactivar la excepcionalidad: la vis atractiva del enfoque antiterrorista no solo afecta al supuesto \u00abentorno de ETA\u00bb, sino a la disidencia en general. Desaparecida la emergencia, ha permanecido sin embargo la excepci\u00f3n. Pero este es un problema de derechos fundamentales que implica a todos.<\/p>\n – Indultos, prescripci\u00f3n: PSOE Y PP niegan los indultos a terroristas. Pero en los \u00faltimos 20 a\u00f1os s\u00ed que ha habido ese tipo de indultos. Los indultos a los pol\u00edtico-militares de ETA los utiliz\u00f3 el gobierno de UCD en tiempos del ministro Ros\u00f3n. Adem\u00e1s, el esquema del indulto es un canto a la arbitrariedad. \u00bfPor qu\u00e9 se da sin problemas a un banquero y no a alguien condenado por terrorismo?<\/p>\n Si no se aplica esa v\u00eda es por la presi\u00f3n de las asociaciones de v\u00edctimas. Hay que reivindicar la v\u00eda de la igualdad, esto es, que todos los condenados por la comisi\u00f3n de delitos sean tratados igual.<\/p>\n – Derecho penal de enemigo y desdoblamiento: Se est\u00e1n aplicando tres velocidades en el Derecho Penal: la primera es la de los ciudadanos normales, con todo tipo de garant\u00edas. La segunda velocidad tiene que ver con la delincuencia econ\u00f3mica, en la que al haber muchas personas f\u00edsicas la responsabilidad se diluye en el colectivo. Esta segunda velocidad se aplica a la persona jur\u00eddica, m\u00e1s que a las personas f\u00edsicas. La tercera velocidad es la del Derecho Penal de Enemigo, la cual se aplica sin ninguna garant\u00eda sobre personas a las que se considera excluidas del orden social.<\/p>\n En 1999, la segunda velocidad abri\u00f3 el camino para aprobar la Ley de Partidos que ilegaliz\u00f3 a la izquierda abertzale, consistente en actuar contra el instrumento jur\u00eddico, que era el partido, con independencia de las responsabilidades penales de los individuos. Pero la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas es un sinsentido jur\u00eddico.<\/p>\n La tercera velocidad que abri\u00f3 el ciclo de la criminalizaci\u00f3n comenz\u00f3 con el auto del juez instructor Garz\u00f3n del 26 de agosto. Su base es la teor\u00eda del desdoblamiento: ETA habr\u00eda decidido organizar diversos frentes, todos con el mismo fin y controlados por ETA. Todos los que pertenecen a ellos forman pues parte tambi\u00e9n de ETA y pueden ser procesados por pertenencia a organizaci\u00f3n terrorista.<\/p>\n Ello ha conducido a la paradoja actual de que, una vez superada la v\u00eda de la ilegalizaci\u00f3n, ha subsistido la del Derecho Penal, con responsabilidades individuales y penas muy altas, como todo lo que tiene que ver con la legislaci\u00f3n antiterrorista. Pero la teor\u00eda del desdoblamiento, aparte de su falsedad hist\u00f3rica y de estar basada en informes periciales de inteligencia policial que privan a los jueces de su capacidad de evaluar las pruebas, parte de una premisa jur\u00eddicamente absurda. Y es que lo \u00fanico que puede ser delictivo es la actividad, no el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho de participaci\u00f3n pol\u00edtica, de libertad de expresi\u00f3n, libertad de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n, que no pueden ser objeto de sanci\u00f3n penal.<\/p>\n – Doctrina Parot<\/em>, torturas: El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha considerado ilegal la retroactividad de las normas penales menos favorables que establece la doctrina Parot<\/em>. Ello hubiera requerido una modificaci\u00f3n del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo Penal, lo que no se ha hecho.<\/p>\n Los relatores de la ONU sobre derechos humanos han constatado por otra parte la existencia de torturas, encontr\u00e1ndose ante la impasibilidad o la negativa de los hechos por parte del gobierno. El \u00faltimo informe del CPT constata la existencia de torturas, as\u00ed como la no actuaci\u00f3n judicial en este tema.<\/p>\n – Pol\u00edtica penitenciaria: \u00bfDebe haber una normativa espec\u00edfica para los condenados por terrorismo? La \u00fanica contemplada en la ley penitenciaria es la posibilidad de intervenir las comunicaciones de los reclusos con los abogados.<\/p>\n La reforma del C\u00f3digo Penal en 1995 trajo consigo un cierre mayor del sistema, con clasificaci\u00f3n de los presos en el r\u00e9gimen del primer grado, el m\u00e1s duro, y medidas de aislamiento. Pero ello ha originado alteraciones psicol\u00f3gicas muy graves.<\/p>\n Debe evitarse el alejamiento, penalidad impuesta a los familiares; la ley penitenciaria permite el cumplimiento de las penas en centros cercanos al domicilio de los presos. La concentraci\u00f3n de presos provocar\u00eda un debate grande y positivo, algo en lo que coinciden todos los reclusos.<\/p>\n La centralizaci\u00f3n en Madrid de todos los jueces de vigilancia penitenciarios, otra excepcionalidad, debe dar paso a jueces de vigilancia vascos.<\/p>\n – Normalizacion: La condici\u00f3n de la normalizaci\u00f3n, \u00bfes que ETA tiene que abandonar las armas? Ya lo ha hecho. \u00bfO es que la izquierda abertzale tiene que convencer a ETA de que deje las armas? Tambi\u00e9n lo ha hecho. En el nuevo contexto, el derecho penal debe ceder el paso a otras instancias: justicia restaurativa, comisi\u00f3n de la verdad\u2026<\/p>\n La influencia de las asociaciones de v\u00edctimas se ha dejado sentir en el establecimiento de condiciones muy rigurosas para la libertad condicional. El Gobierno central es v\u00edctima de las v\u00edctimas, que quieren una paz de vencedores y vencidos.<\/p>\n Las v\u00edctimas tienen un protagonismo, pero no en el derecho penal. El actor principal del proceso penal es el imputado, quien entra inocente en el plenario. Si ello no es as\u00ed es porque el espacio p\u00fablico est\u00e1 ocupado por discursos patibularios que nada tienen que ver con una cultura que debe al cristianismo los valores de la piedad y el perd\u00f3n.<\/p>\n Deia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00bfSe est\u00e1 produciendo una m\u00ednima adecuaci\u00f3n de la actividad de los tres poderes del Estado espa\u00f1ol, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a las necesidades de la normalizaci\u00f3n en el Pa\u00eds Vasco? ES esta una pregunta muy pertinente ahora, cuando han comenzado las vistas de macrojuicios como el 35\/02 y el de Segi. 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