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Un estado democr\u00e1tico ni es arbitrario ni es determinista. Entend\u00e1monos: arbitrario significa caprichoso e inspirado por un prop\u00f3sito de maldad. Y ser determinista implica que la actuaci\u00f3n siempre sigue una direcci\u00f3n, impasible a los hechos.<\/p>\n
La arbitrariedad y el determinismo son caracter\u00edsticas t\u00edpicas de los reg\u00edmenes autoritarios, no de las democracias. En una dictadura, por ejemplo, no hay procedimientos ni mecanismos eficaces para reclamar cuando el Estado viola la normativa vigente. Muy al contrario, los procesos legales sirven para legitimar decisiones adoptadas por el poder pol\u00edtico. Incluso decisiones claramente contrarias a ley.<\/p>\n
Observemos, pues, esto que ha pasado con la ‘doctrina Parot’. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Espa\u00f1a por una violaci\u00f3n indiscutible de la propia normativa vigente. Violaci\u00f3n que consiste en aplicar caprichosamente una norma ilegal propiciada por el poder pol\u00edtico. Y contra esta violaci\u00f3n no ha habido ning\u00fan mecanismo eficaz de reclamaci\u00f3n por parte de la persona afectada. Raz\u00f3n por la que ha tenido que recurrir a Europa.<\/p>\n
La secuencia es di\u00e1fana. El poder pol\u00edtico decide que quiere penas m\u00e1s duras para los acusados de terrorismo, aun sabiendo que este prop\u00f3sito es ilegal porque las condiciones de una condena no se pueden modificar retroactivamente. Por lo tanto, toma la decisi\u00f3n con maldad, a conciencia. Esto es grave. Pero a\u00fan lo es m\u00e1s que falle el mecanismo que en cualquier Estado democr\u00e1tico compensar\u00eda esta maldad: la independencia de la justicia. La justicia no deber\u00eda tolerar una actuaci\u00f3n del gobierno -o del parlamento, si fuera el caso- tan evidentemente contraria a ley.<\/p>\n
Porque el trabajo de la justicia es de interpretar la ley estrictamente y sin apriorismos. Sin embargo, como demuestra la sentencia europea, es evidente que en el caso Parot la justicia espa\u00f1ola en vez de respetar y, si acaso, interpretar la propia legislaci\u00f3n simplemente accedi\u00f3 a legitimar una decisi\u00f3n adoptada por el poder pol\u00edtico. Prevaricando, por cierto.<\/p>\n
La conclusi\u00f3n de este an\u00e1lisis, pues, es que la justicia espa\u00f1ola act\u00faa con criterios propios de los reg\u00edmenes autoritarios. Lamentablemente.<\/p>\n
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