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EN Navarra, hab\u00eda, hasta 1999, dos cajas de ahorros: la de Pamplona (creada en 1872) y la Can (creada en 1921). La segunda, impulsada por la Diputaci\u00f3n Foral, naci\u00f3 con el car\u00e1cter de \u00abaforada\u00bb, concepto que indicaba en origen que sus Estatutos se pactaban con el Estado. La regulaci\u00f3n general de las Cajas espa\u00f1olas parte del Estatuto de las Cajas de Ahorros de 1933 y se mantuvo, con modificaciones, hasta el comienzo de la democracia con la reforma Fuentes Quintana de 1977, que pr\u00e1cticamente las equiparaba, en cuanto a su actividad financiera, no a su naturaleza jur\u00eddica (b\u00e1sicamente, fundaciones) a los bancos. La Can, en virtud de sus Estatutos paccionados, no adapt\u00f3 estrictamente su normativa interna a la reforma (si bien hubo una reforma estatutaria previa en 1976), y en 1982 se aprueba el Amejoramiento cuyo art. 56 otorga a Navarra competencias exclusivas en materia de cajas de ahorros, sin perjuicio del r\u00e9gimen de Convenios, que era el aplicable s\u00f3lo a la Can, la cual estaba sujeta a tutela y supervisi\u00f3n del Gobierno de Navarra, sin perjuicio de la alta inspecci\u00f3n (concepto abstruso donde los haya) del Banco de Espa\u00f1a, alta inspecci\u00f3n que en la pr\u00e1ctica nunca se ejerci\u00f3 de forma general, dada la solvencia financiera y los recursos de la citada instituci\u00f3n, que era un modelo entre las cajas espa\u00f1olas.<\/p>\n
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ANTECEDENTES<\/p>\n
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Los directivos de Can se jactaban de que los inspectores del Banco de Espa\u00f1a no pod\u00edan entrar en su sede<\/p>\n
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En 1987 se dicta la Ley Foral de Cajas de Ahorros de Navarra, cuyo plural no significa que se aplicase a la CAMP y a la CAN, puesto que la Adicional \u00danica de dicha norma se\u00f1alaba su inaplicaci\u00f3n a las cajas sometidas al r\u00e9gimen de Convenios, es decir a la CAN. Era Navarra, por derechos hist\u00f3ricos, quien ten\u00eda las competencias gen\u00e9ricas en materia de control, inspecci\u00f3n y supervisi\u00f3n de la CAN, de tal manera que los directivos de aquella \u00e9poca se jactaban con raz\u00f3n de que s\u00f3lo con autorizaci\u00f3n del Gobierno de Navarra pod\u00edan entrar en su sede los inspectores del Banco de Espa\u00f1a y de hecho as\u00ed se hac\u00eda, incluso en la Municipal de Pamplona, pese a que nunca fue aforada.<\/p>\n
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En los a\u00f1os 90 del pasado siglo, el statu quo se mantiene, si bien hay una cierta apertura provocada m\u00e1s por pragmatismo que por renuncia al fuero. Se hac\u00eda necesario ofrecer nuevos productos financieros (c\u00e9dulas hipotecarias, fondos de pensiones, seguros, etc) que requer\u00edan autorizaci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda, de la CNMV o del Banco de Espa\u00f1a y parec\u00eda l\u00f3gico que el Estado, antes de conceder la autorizaci\u00f3n, vigilase la evoluci\u00f3n de la actividad de la CAN, sin dar a este verbo (vigilar) mayor calificaci\u00f3n jur\u00eddica que implique alteraci\u00f3n en la distribuci\u00f3n competencial.<\/p>\n
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En 1999 se produce la fusi\u00f3n de ambas cajas y se suscita un debate jur\u00eddico: \u00bfla Caja resultante de la fusi\u00f3n por absorci\u00f3n -la Can que conoc\u00edamos hasta su integraci\u00f3n en Banca C\u00edvica- segu\u00eda siendo \u00abaforada\u00bb? \u00bfSe alteraba el r\u00e9gimen de Convenios? La respuesta fue clara puesto que en 2000 el Ministerio de Econom\u00eda y el Gobierno de Navarra pactan los Estatutos de la nueva Caja, es decir, se sigue el sistema tradicional, am\u00e9n de que unos Estatutos no pod\u00edan alterar las competencias del Amejoramiento, ni mucho menos los derechos hist\u00f3ricos. Estos Estatutos fueron impugnados por LAB y Euskal Herritarrok (por causas en las que no vamos a entrar, y que nada tienen que ver con el tema de fondo) dando lugar a la Sentencia del TSJ de Navarra de 26 de febrero de 2003 donde destaca en qu\u00e9 consiste el car\u00e1cter \u00abaforado\u00bb de la nueva Caja, del procedimiento estatutario, sin entrar a precisar qui\u00e9n controlaba e inspeccionaba la Caja. El \u00fanico inter\u00e9s, hic et nunc, de la sentencia consiste en negarse a remitir el conflicto a la Audiencia Nacional, lo cual es procesalmente indicativo, sin que podamos ahondar en este punto en un art\u00edculo period\u00edstico.<\/p>\n
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En los Estatutos de 2000, 2004, 2010 y, por citar el \u00faltimo, de 2012, hay un precepto claro y contundente (art. 59 de los \u00faltimos): la inspecci\u00f3n, ordinaria y extraordinaria, corresponde al Gobierno de Navarra, practicando las inspecciones con arreglo a las instrucciones y modelos del Banco de Espa\u00f1a y remitiendo a este los resultados de las inspecciones y copia de las mismas. Se a\u00f1ade la coletilla, tradicional desde la fundaci\u00f3n, en cuya virtud queda en todo caso a salvo la alta inspecci\u00f3n del Banco de Espa\u00f1a.<\/p>\n
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Esta es la historia brev\u00edsima, con independencia de quien quiera verla de otra manera o negarla. Si el Gobierno de Navarra ha ejercido o no la inspecci\u00f3n es problema suyo, pero desde luego es innegable su competencia. Y, desde luego, no cabe afirmar que la competencia se deleg\u00f3 en el Banco de Espa\u00f1a porque caben delegaciones de competencias del Estado a las Comunidades Aut\u00f3nomas pero no a la inversa, salvo que se devuelvan las competencias y Navarra nunca las ha devuelto, luego no pod\u00eda delegarlas en el Banco de Espa\u00f1a, cosa por otro lado ins\u00f3lita desde el punto de vista foral.<\/p>\n
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DISCUSI\u00d3N JUR\u00cdDICA<\/p>\n
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Supondr\u00eda una dejaci\u00f3n de competencias que el Gobierno de Navarra no haya inspeccionado a Can<\/p>\n
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La discusi\u00f3n jur\u00eddica tiene, pues, escaso recorrido: la Can siempre ha estado sujeta al control fundacional e inspector del Gobierno de Navarra, y siempre ha tenido car\u00e1cter aforado, en el sentido de que los Estatutos y los cambios legales se pactaban con el Estado.<\/p>\n
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Que alguien afirme que nunca el Gobierno de Navarra ha realizado inspecciones en la Can es preocupante, porque supondr\u00eda una dejaci\u00f3n de competencias con graves repercusiones si de ello se pudieran deducir actuaciones negligentes o contrarias a la pr\u00e1ctica bancaria habitual por parte de los directivos de la Can.<\/p>\n
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En todo caso, si coincide el \u00f3rgano supervisor y el \u00f3rgano supervisado, los resultados pueden ser f\u00e1cilmente imaginables. Pero la muerte de la Can era, desde 2008, una cr\u00f3nica anunciada, simplemente viendo los balances y las cuentas de resultados: y desde luego la \u00abcrisis mundial\u00bb no es la causa de esa muerte anunciada.<\/p>\n
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El Derecho suele ser tozudo, las sentencias hay que leerlas en su contexto y, desde luego sorprende que el r\u00e9gimen foral no se utilice o se desconozca y se intente traspasar el problema al Banco de Espa\u00f1a. Problema que, adem\u00e1s, no es de competencias (perfectamente delimitadas) sino de una utilizaci\u00f3n, ajustada o no a Derecho, de las mismas que corresponde valorar a la justicia, no a nosotros.<\/p>\n
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