Las decisiones pol\u00edticas de las democracias liberales no se legitiman s\u00f3lo a partir de valores y objetivos de car\u00e1cter democr\u00e1tico o liberal. En t\u00e9rminos generales, puede decirse que hay hasta nueve fuentes diferentes de legitimaci\u00f3n en las democracias actuales, asociadas a diversas corrientes y tradiciones pol\u00edticas e intelectuales, que las instituciones y partidos utilizan cuando tratan de justificar sus decisiones: el liberalismo pol\u00edtico (derechos individuales y colectivos, t\u00e9cnicas de limitaci\u00f3n del poder, representaci\u00f3n, protecci\u00f3n de las minor\u00edas), la soberan\u00eda popular democr\u00e1tica (sufragio universal, participaci\u00f3n, referendos), la seguridad (interna y externa), la colectividad nacional (estatal o no estatal), los objetivos socioecon\u00f3micos (desarrollo, redistribuci\u00f3n, lucha contra la pobreza), los valores funcionales (estabilidad, eficacia, eficiencia), los valores posmaterialistas (ecolog\u00eda, etc.), los valores y modelos de la divisi\u00f3n territorial de poderes (federalismo, etc.), y el mantenimiento y promoci\u00f3n de valores culturales (ling\u00fc\u00edsticos, religiosos, etc.).<\/p>\n
Como se sabe, hay diferentes modelos institucionales en el momento de concretar los valores legitimadores. De hecho, no hay dos democracias iguales. Difieren en la regulaci\u00f3n de los derechos individuales y colectivos; las formas de Estado y de gobierno, la concreci\u00f3n de la separaci\u00f3n de poderes y los principios de legalidad y constitucionalidad, el reconocimiento y protecci\u00f3n (o no) de las minor\u00edas nacionales, ling\u00fc\u00edsticas o religiosas, los sistemas electorales, los modelos territoriales, los sistemas de bienestar, los procedimientos de control y reforma constitucional, etc.<\/p>\n
Aparte de sus diferencias, sin embargo, todas las democracias presentan tensiones entre sus principios legitimadores. Considerados separadamente, son principios deseables, pero cuando se combinan entran a menudo en contradicciones pr\u00e1cticas. Es decir, se trata de principios legitimadores que no resultan f\u00e1cilmente sintetizable en un conjunto arm\u00f3nico.<\/p>\n
Un ejemplo cl\u00e1sico de estas tensiones es la relaci\u00f3n entre los principios del constitucionalismo, la soberan\u00eda popular y los procesos de nation building (construcci\u00f3n nacional) presentes en todas las democracias actuales. Los objetivos de cada uno de estos v\u00e9rtices legitimadores impulsan la l\u00f3gica pol\u00edtica hacia diferentes direcciones. Sabemos, por ejemplo, que las fronteras existentes entre los estados no se han establecido normalmente a partir de procesos de consenso, sino a partir de pr\u00e1cticas violentas que incluyen guerras, anexiones territoriales, deportaciones y divisiones de poblaciones, etc. Cuando se habla de soberan\u00eda popular surgen preguntas inmediatas: \u00bfa qu\u00e9 pueblo se refiere?; hay \/ deber\u00eda haber democracias con m\u00e1s de un pueblo ; \u00bfquien tiene derecho a establecer qui\u00e9n es el pueblo?, etc. Obviamente, la respuesta no puede ser \u00abel pueblo es aquel que la Constituci\u00f3n dice que es el pueblo\u00bb, ya que esto lleva a un c\u00edrculo vicioso conceptual. Este es un tema que nunca han resuelto las teor\u00edas de la democracia moderna, sean de ra\u00edz liberal o republicana.<\/p>\n
Las tensiones entre derechos, democracia y territorios, vistas ya en los tiempos de las revoluciones francesa y americana, en los \u00faltimos a\u00f1os han formado parte del debate sobre las relaciones entre legalidad y democracia (Michelman-Habermas), y de la protecci\u00f3n de los derechos colectivos en democracias plurinacionales (Taylor, Walzer). Una conclusi\u00f3n es que las posibles soluciones institucionales de estas tensiones estructurales deben ser de car\u00e1cter particular y pragm\u00e1tico, es decir, deben estar basadas en acuerdos emp\u00edricos, siempre revisables, entre los actores implicados en cada contexto.<\/p>\n
La tendencia del mundo es que el n\u00famero de estados vaya aumentando -se ha multiplicado por m\u00e1s de tres en el \u00faltimo siglo, paralelamente al establecimiento de instituciones supraestatales como la UE-. En contra de lo que mantienen a menudo PP, PSOE y algunas instituciones del Estado, los procesos de independencia de colectividades nacionales como Escocia, Catalu\u00f1a o Quebec fundamentan su legitimidad en valores liberales y democr\u00e1ticos, adem\u00e1s de nacionales y culturales.<\/p>\n
En los t\u00e9rminos civilizados de una democracia del siglo XXI no resulta leg\u00edtimo obligar a los ciudadanos de una colectividad nacional a quedarse dentro de un Estado en contra de la voluntad de la mayor\u00eda. En t\u00e9rminos morales, esto resulta simplemente impresentable. La validez de las leyes no les otorga autom\u00e1ticamente legitimidad. En el caso espa\u00f1ol, una vez se ha descartado -porque no es realista- que pueda establecerse por consenso un marco institucional aceptable, una de dos: o se permite expresar legal y libremente cu\u00e1l es esa voluntad a trav\u00e9s de un refer\u00e9ndum, o bien los ciudadanos implicados est\u00e1n plenamente legitimados a constituir su propio Estado a trav\u00e9s de una movilizaci\u00f3n pac\u00edfica, pero contundente, en ruptura con la obsoleta legalidad constitucional que impide la expresi\u00f3n democr\u00e1tica de aquella voluntad mayoritaria. El divorcio es siempre mejor que un mal matrimonio. Pero el divorcio, record\u00e9moslo, es un derecho que ha tenido que conquistar.<\/p>\n
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