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El pasado 23 de enero el Parlamento catal\u00e1n aprob\u00f3, por amplia mayor\u00eda (el 63% de los votos) una declaraci\u00f3n para impulsar el ejercicio del derecho a decidir su futuro colectivo. Ante este objetivo, PP y PSOE responden, de momento, con una airada negativa.<\/p>\n
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El PP y el PSOE pueden refugiarse en el \u201cpropongan ustedes cambiar la Constituci\u00f3n, aunque ya les aviso que no se la vamos a dejar cambiar\u201d. O en explicar solo parte de la verdad situando esta reivindicaci\u00f3n como una cortina de humo del Gobierno de CiU para disimular el fracaso de sus pol\u00edticas, sin percatarse de que adem\u00e1s de eso es, sobre todo, una reivindicaci\u00f3n que cuenta con un apoyo social mayoritario.<\/p>\n
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Pero quiz\u00e1s sea el momento de que antes de responder con un no a la propuesta del Parlament, las fuerzas pol\u00edticas mayoritarias en el Estado y todos los dem\u00f3cratas se pregunten por qu\u00e9 el catalanismo ha pasado de la aceptaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n y el Estatuto a la reivindicaci\u00f3n del derecho a decidir.<\/p>\n
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La respuesta es simple: la mayor\u00eda de la sociedad catalana y de sus fuerzas pol\u00edticas se sintieron expulsadas del pacto constitucional que 32 a\u00f1os antes hab\u00edan suscrito, por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto aprobado en refer\u00e9ndum. Un rechazo que se expres\u00f3 en la manifestaci\u00f3n masiva despu\u00e9s de la sentencia y que se vio ratificado cuando despu\u00e9s de esta, el Estado ni plante\u00f3 ni acept\u00f3 ninguna v\u00eda para rehacer lo que la sentencia hab\u00eda roto. Se podr\u00e1 estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que la mayor parte de la sociedad catalana cuestiona el actual marco constitucional y estatutario y plantean nuevos objetivos, que van desde la independencia a un nuevo pacto federal.<\/p>\n
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As\u00ed las cosas, este conflicto solo puede resolverse de dos formas: mediante la imposici\u00f3n, el rechazo a negociar el ejercicio del derecho a decidir y de rehacer el pacto de Catalu\u00f1a con el Estado o mediante una negociaci\u00f3n que permita celebrar un refer\u00e9ndum para conocer cu\u00e1l es la voluntad de la ciudadan\u00eda de Catalu\u00f1a.<\/p>\n
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La salida impositiva solo va a deslegitimar al Estado y la propia Constituci\u00f3n en Catalu\u00f1a y a radicalizar las posiciones. Espa\u00f1a debe decidir si es una Constituci\u00f3n o una democracia. La ley, la misma Carta Magna, en democracia, debe servir para canalizar la voluntad popular y no para limitarla. As\u00ed lo ha entendido Canad\u00e1 con Quebec y Gran Breta\u00f1a con Escocia. Y entender que este es el mismo caso que el plan Ibarretxe es no percatarse de que la naturaleza de la propuesta proviene de una fuerte demanda social.<\/p>\n
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No se trata solamente de un problema jur\u00eddico sino que es fundamentalmente pol\u00edtico. Los dem\u00f3cratas de toda Espa\u00f1a no pueden hacer o\u00eddos sordos a lo que reclama la mayor\u00eda de la sociedad catalana, sin que la democracia espa\u00f1ola pierda por ello legitimidad.<\/p>\n
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Pero tambi\u00e9n desde Catalu\u00f1a tenemos que hacer las cosas bien. Si el proceso se articula en torno al derecho a decidir, si es una propuesta acordada por una gran mayor\u00eda del Parlament y si se hace siguiendo los pasos legalmente posibles y ganando legitimidad, hay camino por recorrer. En cambio, si el proceso se articula solo en torno a la independencia y salt\u00e1ndonos etapas por las prisas de algunos, lo que haremos es coger un atajo que dif\u00edcilmente podr\u00e1 llegar a alguna parte.<\/p>\n
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Desde Catalu\u00f1a este debate no puede orientarse como un debate identitario que oponga el sentirse catal\u00e1n al sentirse tambi\u00e9n espa\u00f1ol, sino en torno a qu\u00e9 comunidad pol\u00edtica y qu\u00e9 relaci\u00f3n con el Estado queremos. La propuesta que surja debe buscar el acuerdo, agotando todas las posibilidades que el marco jur\u00eddico ofrece.<\/p>\n
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A su vez, Catalu\u00f1a, en la nueva etapa que abre, dif\u00edcilmente prosperar\u00e1 si no va acompa\u00f1ada de un proyecto que garantice los derechos sociales. Porque muchos sectores, especialmente las clases populares, ven con escepticismo un proceso que puede tener mucho de lampedusiano: un Estado propio, liderado por la derecha catalana, para que todo siga igual.<\/p>\n
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Por otro lado, el dilema que se plantea es, o bien un nuevo pacto constituyente, basado en el federalismo y en el reconocimiento del car\u00e1cter plurinacional del Estado o la creaci\u00f3n de un Estado propio para Catalu\u00f1a, porque el marco actual es claramente rechazado. El resultado final depender\u00e1 de la actitud y respuesta de los partidos e instituciones durante este proceso.<\/p>\n
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El pacto constitucional fue posible por la incorporaci\u00f3n de los diferentes actores del catalanismo. Treinta y seis a\u00f1os despu\u00e9s tenemos que decidir si construimos uno nuevo, a partir del reconocimiento de ese derecho a decidir, o si se prefiere la imposici\u00f3n y la ruptura. El modelo surgido del pacto del 78 est\u00e1 agotado. Quiz\u00e1s sea el momento de que las fuerzas democr\u00e1ticas entiendan que el proceso que se abre en Catalu\u00f1a es la oportunidad para abrir un proceso constituyente en Espa\u00f1a y hacer frente a la crisis pol\u00edtica, social, econ\u00f3mica y territorial en la que Espa\u00f1a se encuentra sumida. Espa\u00f1a debe decidir si reconstituye un nuevo pacto o se queda en un escenario, el de una Constituci\u00f3n que se va fosilizando, hasta que se nos deshaga en las manos.<\/p>\n
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Joan Herrera es secretario general de ICV.<\/p>\n
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