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Documento sobre la autodeterminaci\u00f3n retirado de la web del Colegio de Abogados de Barcelona<\/strong><\/p>\n La web del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona ha retirado toda referencia al an\u00e1lisis jur\u00eddico sobre el derecho a la autodeterminaci\u00f3n que ha redactado su Comisi\u00f3n de Defensa de los Derechos de la Persona. Por esta raz\u00f3n la reproduzco a continuaci\u00f3n. Es necesario hacer la m\u00e1xima difusi\u00f3n dada su importancia.<\/p>\n An\u00e1lisis jur\u00eddico de la Comisi\u00f3n de Defensa de los Derechos de la Persona del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona sobre el derecho de autodeterminaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n A lo largo de casi cuarenta de su existencia, la Comisi\u00f3n de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona ha querido estar presente en todos los debates de trascendencia social y jur\u00eddica que se han producido en nuestro pa\u00eds, en tanto que pod\u00edan afectar a derechos fundamentales de la persona, tanto individuales como colectivos. En el momento actual, en el que el pueblo catal\u00e1n est\u00e1 llamado a tomar decisiones que pueden determinar su futuro como naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n de Defensa no puede estar ausente del debate, apasionante y apasionado, que se ha iniciado en torno al derecho de autodeterminaci\u00f3n, y es por eso que quiere expresar su posicionamiento al respecto, dentro como es obvio del marco jur\u00eddico que le es propio.<\/p>\n En primer lugar, debemos manifestar que el derecho de autodeterminaci\u00f3n es un derecho fundamental y universal de todos los pueblos, vigente en derecho internacional a partir de la Carta de las Naciones Unidas (arts. 1 y 55), de 1945, y expresamente proclamado en el art\u00edculo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a>, y de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/a>, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 16-12-1966 y vigentes desde 1976. En la pr\u00e1ctica internacional, sin embargo, el derecho de autodeterminaci\u00f3n hab\u00eda sido ya reconocido desde mucho antes. Pensemos en la Declaraci\u00f3n de Independencia de los Estados Unidos o en la creaci\u00f3n de nuevos estados a partir de la disoluci\u00f3n de los imperios austroh\u00fangaro, otomano y ruso a finales de la I Guerra Mundial. El ejercicio del derecho de autodeterminaci\u00f3n ha dado como resultado que el n\u00famero de estados soberanos en el mundo se ha cuadruplicado desde 1900 hasta ahora, y veinte de estos nuevos estados son resultado de la secesi\u00f3n de una parte del territorio de un Estado para constituir uno nuevo. Concretamente, en Europa son 14 los casos de secesi\u00f3n desde 1900: Noruega de Suecia (1905); Finlandia de Rusia (1917); Irlanda del Reino Unido (1922); Islandia de Dinamarca (1944); Lituania, Estonia y Letonia de la URSS (1990-1991); Eslovenia, Croacia y Bosnia de Yugoslavia (1991); Eslovaquia de Checoslovaquia (1992); Montenegro de la Uni\u00f3n de Serbia y Montenegro (2006), y Kosovo de Serbia (2008). El proceso de autodeterminaci\u00f3n y la creaci\u00f3n de un nuevo Estado soberano ha sido en cada caso diferente -previsi\u00f3n constitucional, separaci\u00f3n pactada, o, en la mayor\u00eda de los casos, declaraci\u00f3n unilateral de independencia-, pero en todos ellos la legitimaci\u00f3n \u00faltima del proceso ha venido dada por la decisi\u00f3n mayoritaria de un pueblo, expresada libre y democr\u00e1ticamente.<\/p>\n Una determinada tendencia doctrinal en derecho internacional ha venido defendiendo una interpretaci\u00f3n restrictiva del derecho de autodeterminaci\u00f3n, que lo considera aplicable s\u00f3lo a los procesos de descolonizaci\u00f3n. Ciertamente, existe un marco jur\u00eddico internacional claro, consistente en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, que establece las condiciones y el procedimiento para acogerse al ejercicio de este derecho por parte de los pueblos en situaci\u00f3n colonial. Este marco jur\u00eddico, en cambio, no est\u00e1 suficientemente desarrollado en relaci\u00f3n a los procesos de secesi\u00f3n en una situaci\u00f3n no colonial. Sin embargo, la ausencia de regulaci\u00f3n del ejercicio de un derecho, en una situaci\u00f3n concreta, no significa la negaci\u00f3n de su existencia, desde el momento que este derecho ha sido formulado con car\u00e1cter general y sin establecer ninguna excepci\u00f3n, como es el caso del derecho de autodeterminaci\u00f3n. Por otra parte, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en un \u00a0dictamen de 2004 sobre el Muro en los territorios palestinos ocupados<\/a>, se pronunci\u00f3 a favor de la autodeterminaci\u00f3n como un derecho universal, erga omnes, que debe ser respetado por todos los Estados. El mismo Tribunal Internacional de Justicia, en su important\u00edsima \u00a0Resoluci\u00f3n del 22-7-2010<\/a>, en respuesta al requerimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre si la \u00a0declaraci\u00f3n unilateral de independencia del territorio de Kosovo<\/a>, proclamada el 17-2 -2008, era o no conforme al derecho internacional, declar\u00f3 que no existe en derecho internacional ninguna norma que proh\u00edba las declaraciones unilaterales de independencia, por lo que \u00e9stas deben ser consideradas conformes al orden jur\u00eddico internacional.<\/p>\n En el caso concreto de Catalu\u00f1a, la posibilidad de ejercer el derecho de autodeterminaci\u00f3n est\u00e1 siendo negada por parte del Gobierno y de la mayor\u00eda de instituciones del Estado espa\u00f1ol, que se opone incluso a que se someta la cuesti\u00f3n a consulta popular. Los argumentos de esta rotunda oposici\u00f3n se pueden reducir b\u00e1sicamente a dos. En primer lugar se afirma que la soberan\u00eda popular reside en la totalidad de ciudadanos del Estado espa\u00f1ol. El derecho de decidir sobre la separaci\u00f3n de Catalu\u00f1a del resto del Estado no corresponde, pues, al pueblo catal\u00e1n por separado, ya que \u00e9ste no es un sujeto pol\u00edtico soberano. El segundo argumento consiste en decir que, aun si se atribuyera al pueblo catal\u00e1n la condici\u00f3n de sujeto pol\u00edtico con derecho a decidir, la secesi\u00f3n de Catalu\u00f1a de Espa\u00f1a ser\u00eda, en cualquier caso, ilegal, ya que entrar\u00eda en colisi\u00f3n con la legalidad vigente, y, en concreto, con la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, que no reconoce el derecho de autodeterminaci\u00f3n de ning\u00fan territorio del Estado, y que proclama en su art\u00edculo 2 \u00abla indisoluble unidad de la Naci\u00f3n espa\u00f1ola, patria com\u00fan \u00a0e indivisible de todos los espa\u00f1oles\u00bb.<\/p>\n En cuanto al primer argumento, debemos decir que se trata de lo que en l\u00f3gica elemental se denomina una petici\u00f3n de principio. Es evidente que si el pueblo catal\u00e1n fuera sujeto de soberan\u00eda ya ser\u00eda independiente. La cuesti\u00f3n a resolver es si el pueblo catal\u00e1n re\u00fane las condiciones requeridas para que se le reconozca el derecho de autodeterminaci\u00f3n, es decir, la condici\u00f3n de pueblo con la capacidad de decidir por s\u00ed mismo constituirse en Estado soberano. En este sentido hay que recordar que la Carta de las Naciones Unidas, as\u00ed como los Pactos Internacionales antes mencionados atribuyen el derecho de decidir a los pueblos, no a los Estados. En este sentido, no se puede discutir a la comunidad catalana la condici\u00f3n de sujeto pol\u00edtico del derecho a decidir: una historia milenaria, una lengua propia, un derecho civil propio, una estructura social y econ\u00f3mica diferenciada, unas instituciones pol\u00edticas propias. Y una voluntad manifestada a lo largo de siglos de mantener la propia identidad, avalan con creces la realidad nacional de Catalu\u00f1a, reconocida por otra parte en el pre\u00e1mbulo del Estatuto de Autonom\u00eda, incluso en la versi\u00f3n truncada por la Sentencia del Tribunal Constitucional.<\/p>\n Ciertamente, el actual marco constitucional espa\u00f1ol no permite la autodeterminaci\u00f3n de Catalu\u00f1a. Nos encontramos, pues, ante una posible contradicci\u00f3n entre dos legitimidades: la de la legalidad constitucional vigente y la voluntad democr\u00e1ticamente manifestada de una comunidad nacional. No olvidemos. sin embargo, que en una sociedad democr\u00e1tica la ley no es otra cosa que la expresi\u00f3n de la voluntad popular, a trav\u00e9s de sus representantes pol\u00edticos constituidos en poder legislativo. Esta concepci\u00f3n, radicalmente democr\u00e1tica, no puede aceptar el secuestro de la voluntad popular -en este caso representada por el Parlamento de Catalu\u00f1a- en nombre de una legalidad que ser\u00eda impuesta. En una sociedad democr\u00e1tica -a diferencia de una dictadura- no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es \u00e9sta la que crea y modifica la legalidad. Es por ello que consideramos que el Gobierno espa\u00f1ol no tendr\u00eda ninguna legitimidad para oponerse a la decisi\u00f3n del Parlamento de Catalu\u00f1a de dar voz a la ciudadan\u00eda para que, libre y mayoritariamente, exprese su voluntad -en sentido afirmativo o negativo- en relaci\u00f3n a la creaci\u00f3n de un Estado catal\u00e1n soberano. En el caso de una respuesta afirmativa a esta cuesti\u00f3n, el Gobierno espa\u00f1ol no tendr\u00eda tampoco ninguna legitimidad para oponerse a entrar en un proceso de negociaci\u00f3n para establecer las condiciones de la secesi\u00f3n y resolver de com\u00fan acuerdo las complejas consecuencias derivadas de la misma, y deber\u00eda implementar las modificaciones constitucionales y legales necesarias para que todo el proceso se desarrollara de forma ordenada y equitativa. Este es el criterio establecido por el Tribunal Supremo de Canad\u00e1 sobre la validez del refer\u00e9ndum secesionista de la provincia de Quebec de 1995. \u00a0En su dictamen de 1998<\/a> el Tribunal reconoce que una mayor\u00eda clara, expresada a partir de una pregunta clara, otorgar\u00eda legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica a una iniciativa secesionista, y obligar\u00eda al Gobierno de Canad\u00e1 a negociar las condiciones de la separaci\u00f3n.<\/p>\n La declaraci\u00f3n unilateral de independencia, proclamada por el Parlamento de Catalu\u00f1a, estar\u00eda justificada en derecho internacional en el caso de que el Gobierno impidiera la celebraci\u00f3n de la consulta a la ciudadan\u00eda sobre la creaci\u00f3n de un nuevo Estado, o bien se negara a aceptar el resultado afirmativo de la misma. En este caso, la declaraci\u00f3n de independencia por parte del Parlamento tendr\u00eda efectos inmediatos para dotar de existencia pol\u00edtica al nuevo Estado. En efecto, este reunir\u00eda los criterios m\u00ednimos de poblaci\u00f3n permanente, territorio determinado y autoridad pol\u00edtica propia, que definen un Estado, tal como fueron formulados por primera vez por la Convenci\u00f3n de Montevideo, sobre Derechos y Deberes de los Estados<\/a>, aprobada en 26-12 -1933. La misma Convenci\u00f3n establece que la existencia pol\u00edtica de un Estado es independiente de su reconocimiento por los dem\u00e1s Estados. Este principio, conocido como teor\u00eda constitutiva del Estado, fue ratificada por dictamen del Comit\u00e9 Badinter<\/a>, comit\u00e9 de arbitraje creado por la entonces Comunidad Econ\u00f3mica Europea en 27-9-1991, para dar respuestas jur\u00eddicas a las cuestiones legales suscitadas por la fractura de la Rep\u00fablica Federal Socialista de Yugoslavia. En su dictamen, el Comit\u00e9 Badinter afirma que la existencia de los Estados es una cuesti\u00f3n de hecho, sin que el reconocimiento por parte de la comunidad internacional sea una condici\u00f3n determinante de la estatalidad.<\/p>\n La cuesti\u00f3n crucial de la legitimidad jur\u00eddica de una declaraci\u00f3n unilateral de independencia en contradicci\u00f3n con la legalidad vigente ha quedado resuelta por la ya mencionada Resoluci\u00f3n del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre el caso de Kosovo. La Resoluci\u00f3n establece que en el acto de proclamaci\u00f3n de Kosovo como Estado independiente y soberano la Asamblea kosovar no operaba como instituci\u00f3n de autogobierno de la administraci\u00f3n preexistente y dentro de los l\u00edmites de aquella legalidad, sino al contrario se situaba al margen y fuera del alcance de la misma, y exclusivamente en virtud de las facultades que le confer\u00eda la representaci\u00f3n democr\u00e1tica de la voluntad popular. La declaraci\u00f3n de independencia no pretend\u00eda, pues, producir sus efectos dentro del orden legal existente, sino que creaba una nueva legalidad. En conclusi\u00f3n, el Tribunal estima que no existiendo en derecho internacional ninguna norma que lo proh\u00edba, la declaraci\u00f3n unilateral de independencia de la asamblea de Kosovo, una vez constatada la imposibilidad de un proceso negociador con Serbia, no es contraria al orden jur\u00eddico internacional.<\/p>\n Sobre la base del argumentos jur\u00eddicos que hemos se\u00f1alado, la Comisi\u00f3n de Defensa de los Derechos de la Persona del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona considera que es un derecho inalienable de Catalu\u00f1a, como comunidad nacional, el poder decidir sobre su futuro, ya sea dentro del Estado donde est\u00e1 integrado o separado del mismo para constituir un nuevo Estado soberano, seg\u00fan lo decida la voluntad mayoritaria, democr\u00e1tica y pac\u00edficamente expresada, de sus ciudadanos.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n