Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000008280 StartFragment:0000000451 EndFragment:0000008264 \t \t \t \t <\/p>\n
El acuerdo entre CiU y ERC sobre el proceso de transici\u00f3n se ha atascado en la fecha de la consulta. El problema real no es esa falta de d\u00eda, sino la inconcreci\u00f3n sobre el marco legal en el que la consulta se amparar\u00e1, es decir: qu\u00e9 har\u00e1n CiU y ERC en el caso de que el Estado espa\u00f1ol la proh\u00edba. S\u00f3lo hay un marco legal para un refer\u00e9ndum de autodeterminaci\u00f3n vinculante: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, cuyo primer art\u00edculo establece el derecho a la libre determinaci\u00f3n de los pueblos. S\u00f3lo hay una brecha en el b\u00fanker constitucional vigente: su art\u00edculo 96 que establece que los tratados internacionales firmados por el Reino de Espa\u00f1a forman parte del ordenamiento interno espa\u00f1ol.<\/p>\n
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S\u00f3lo hay un precedente legal en Espa\u00f1a aplicable a la transici\u00f3n nacional catalana: la ley 40\/1975 de 19\/11\/1975, la \u00faltima en vida del general Franco, la primera de su sucesor Juan Carlos de Borb\u00f3n, Jefe de Estado en funciones.<\/p>\n
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En esta ley el Estado espa\u00f1ol invoca la Carta de las Naciones Unidas y declara que la provincia del Sahara (legalmente al mismo nivel que la de Tarragona) no hab\u00eda formado nunca parte del territorio espa\u00f1ol. S\u00f3lo hay una manera de forzar al Estado espa\u00f1ol a convocar un refer\u00e9ndum de autodeterminaci\u00f3n y admitir que Catalu\u00f1a no forma parte de su territorio nacional: una enorme presi\u00f3n del pueblo catal\u00e1n y de la opini\u00f3n p\u00fablica internacional, mantenida durante a\u00f1os, que fuerce a los gobiernos europeos a exigir su celebraci\u00f3n en Espa\u00f1a.<\/p>\n
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Tenemos prisa. Tenemos mucha prisa porque hay 840.000 catalanes en paro cuando el Pa\u00eds Vasco tiene la mitad con un nivel industrial similar. Tenemos mucha prisa porque el Gobierno est\u00e1 decidido a destruir el sistema educativo catal\u00e1n. Tenemos mucha prisa por la asfixia financiera de la Generalitat, por los recortes en educaci\u00f3n y sanidad, por la falta de infraestructuras, los peajes, por la lamentable situaci\u00f3n de la justicia y por tantas otras cosas. Pero cuanta m\u00e1s prisa tengamos, m\u00e1s fr\u00eda debemos tener la cabeza. Cuanto m\u00e1s amenazado de muerte se encuentra un pueblo, m\u00e1s debe mantener la calma y adem\u00e1s debe empujar, como hizo el pueblo ingl\u00e9s ante la amenaza nazi.<\/p>\n
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El problema del acuerdo por el proceso de consulta entre CiU y ERC no es la ausencia de una fecha sino su ambig\u00fcedad. En primer lugar la \u00abDeclaraci\u00f3n de Soberan\u00eda\u00bb que propone no se puede fundamentar, s\u00f3lo en las negativas del Estado espa\u00f1ol a las propuestas catalanas de los \u00faltimos treinta a\u00f1os como hace el documento que se ha hecho p\u00fablico. Para incidir en la legalidad internacional hay que recordar que el Parlamento catal\u00e1n y sus instituciones fueron abolidas por la fuerza de las armas y que fue anexionada al Reino de Castilla apelando al derecho de conquista. Su estado sucesor, el Reino de Espa\u00f1a, se ha impuesto sobre la voluntad del pueblo catal\u00e1n con guerras civiles y dictaduras militares. Son los tres siglos de uso de la fuerza contra Catalu\u00f1a y la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut plebiscitado por el pueblo catal\u00e1n los que el legitiman para invocar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos.<\/p>\n
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Un segundo \u00e1mbito de contradicci\u00f3n es la existencia de dos procedimientos. El punto 4.2 del documento publicado establece la redacci\u00f3n de una nueva ley de consultas por el Parlamento de Catalu\u00f1a, que s\u00f3lo depende de \u00e9l. En cambio el punto 4.3 abre un proceso de negociaci\u00f3n y di\u00e1logo con el Estado espa\u00f1ol para el ejercicio al derecho a decidir que incluya la opci\u00f3n a convocar un refer\u00e9ndum de acuerdo con la ley de consultas aprobada en 2010. Mantener la perspectiva de una negociaci\u00f3n es un grav\u00edsimo error estrat\u00e9gico. No podemos esperar nada de Espa\u00f1a, cuando su Tribunal Constitucional se ha atrevido a modificar un Estatuto aprobado por el pueblo catal\u00e1n en refer\u00e9ndum, cuando se niega a negociar un pacto fiscal bilateral. Con una expectativa de negociaci\u00f3n mantenemos la idea de que el conflicto entre Catalu\u00f1a y el Reino de Espa\u00f1a es un asunto interno espa\u00f1ol.<\/p>\n
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El problema de fondo es si el gobierno catal\u00e1n debe convocar la consulta aunque la nueva ley catalana que la ampare est\u00e9 recurrida ante el Tribunal Constitucional y suspendida de forma cautelar. Una convocatoria unilateral no vincular\u00e1 al Estado espa\u00f1ol y s\u00f3lo tendr\u00e1 una fuerza moral ante la opini\u00f3n p\u00fablica internacional. Mostrar\u00e1 la voluntad de independencia de una mayor\u00eda de nuestro pueblo y har\u00e1 insostenible la posici\u00f3n antidemocr\u00e1tica del Estado espa\u00f1ol. Pero tiene riesgos muy importantes, el principal de los cuales es que el boicot estatal y la campa\u00f1a de sus medios de comunicaci\u00f3n se traduzca en una baja participaci\u00f3n electoral. Una abstenci\u00f3n superior al 50% desvirtuar\u00eda los efectos que persigue un refer\u00e9ndum no vinculante.<\/p>\n
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Un tercer \u00e1mbito de confusi\u00f3n absorbe los cuatro acuerdos de legislatura que se han hecho p\u00fablicos. No hay una distinci\u00f3n clara entre compromisos concretos que s\u00f3lo dependen de los firmantes y las aspiraciones y deseos que evocan principios generales y que dependen de la voluntad de otros, entre los cuales el Estado espa\u00f1ol. \u00c9ste es un mal muy arraigado en la cultura pol\u00edtica catalana. Nuestros partidos apelan a las afinidades de pertenencia a un grupo ideol\u00f3gico o nacional de los votantes, pero no est\u00e1n acostumbrados a rendir cuentas de sus compromisos, la ‘accountability’ anglosajona. La vaporosidad facilita los acuerdos de gobierno, pero hace suponer a buena parte de la opini\u00f3n p\u00fablica que lo \u00fanico que interesa a los partidos es el poder y su pesebre. Trasladar los compromisos et\u00e9reos a un acuerdo de legislatura, donde no existe el cemento de los cargos, es un campo de minas que augura explosiones en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n
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Para conseguir que la pr\u00f3xima legislatura aproveche la oportunidad hist\u00f3rica que atravesamos es imprescindible que CiU y ERC concreten qu\u00e9 har\u00e1n en el previsible caso de que el Estado espa\u00f1ol impida la consulta. \u00c9sta es la verdadera cuesti\u00f3n y no la fecha de su celebraci\u00f3n. Como m\u00ednimo deber\u00eda haber el compromiso escrito de convertir las elecciones europeas de 2014 y las espa\u00f1olas de 2015 en un plebiscito sobre el derecho a decidir. Esto se puede conseguir mediante la presentaci\u00f3n de una candidatura unitaria entre CiU y ERC, abierta a todos los partidos catalanes que defienden el derecho a decidir.<\/p>\n
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La victoria de esta coalici\u00f3n obtendr\u00eda el mismo efecto moral sobre la opini\u00f3n p\u00fablica internacional que una consulta no vinculante. Con la ventaja de que es un procedimiento que s\u00f3lo depende de los partidos catalanes y que el Estado espa\u00f1ol no puede prohibir y sus medios de comunicaci\u00f3n no pueden fomentar el boicot y la abstenci\u00f3n. En la Europa democr\u00e1tica del siglo XXI la negativa del Reino de Espa\u00f1a a respetar la voluntad de los catalanes, manifestada de manera sostenida elecci\u00f3n tras elecci\u00f3n, ser\u00eda insostenible. El gobierno espa\u00f1ol deber\u00eda seguir el ejemplo del Reino Unido y permitir la convocatoria de un refer\u00e9ndum vinculante.<\/p>\n
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