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En su campa\u00f1a pol\u00edtica del miedo, los pol\u00edticos del PP insisten en que Catalu\u00f1a quedar\u00eda autom\u00e1ticamente excluida de la Uni\u00f3n Europea si se constituyera en un estado soberano. M\u00e1s all\u00e1 del principio del ordeno y mando, que utilizan como \u00faltimo recurso cuando todo lo dem\u00e1s falla, aducen dos art\u00edculos del Tratado de la UE. Primero, el art\u00edculo 4.2, que indica que \u00abla Uni\u00f3n respetar\u00e1 las funciones esenciales [de los Estados miembros], especialmente las que tienen como objetivo garantizar su integridad territorial\u00bb. Segundo, el art\u00edculo 20, que establece que \u00abser\u00e1 ciudadano de la Uni\u00f3n toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro\u00bb.<\/p>\n
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El art\u00edculo 20 del Tratado es, sin duda, irrelevante para la cuesti\u00f3n que nos ocupa. Introduce un principio importante: que la ciudadan\u00eda europea deriva de y se superpone a la ciudadan\u00eda estatal original y que, por tanto, la UE protege los derechos humanos de sus ciudadanos (si es necesario contra los estados miembros). De esta declaraci\u00f3n, sin embargo, no podemos deducir nada sobre la regulaci\u00f3n de un proceso de creaci\u00f3n de un nuevo Estado en el seno de la Uni\u00f3n, de la misma manera que, por ejemplo, no podemos extraer ninguna conclusi\u00f3n sobre la misma cuesti\u00f3n mirando las normas europeas que regulan cu\u00e1ntos representantes corresponden a cada Estado en el Parlamento Europeo.<\/p>\n
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La referencia a garantizar la integridad territorial de cada Estado miembro en el art\u00edculo 4.2 parece escrita expresamente para proteger la indivisibilidad de la naci\u00f3n espa\u00f1ola. De hecho, algunos tendr\u00e1n la tentaci\u00f3n de conectarla con el infame art\u00edculo 8 de la Constituci\u00f3n de 1978, que atribuye a las fuerzas armadas la misi\u00f3n de defender la \u00abintegridad territorial\u00bb de Espa\u00f1a e, incluso, intentar\u00e1n afirmar que la UE ha aceptado convertirse en garant\u00eda \u00faltima y directa de los territorios de sus miembros. Sin embargo, esta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 4.2 es superficial y, por eso mismo, equivocada.<\/p>\n
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El principio de integridad territorial tiene una larga historia en el derecho internacional. El art\u00edculo 10 del pacto que cre\u00f3 la Sociedad de Naciones en 1919 lo reconoci\u00f3 formalmente. Pero el concepto de integridad territorial hace referencia a las fronteras entre estados ya existentes y no tiene mucho que ver con el ejercicio del derecho a la autodeterminaci\u00f3n. Como estableci\u00f3 el Tribunal Internacional de Justicia en una sentencia de diciembre de 1986 sobre una disputa territorial entre Mali y Burkina Faso, el principio de integridad territorial se dirige a evitar cambios de fronteras existentes entre estados ya soberanos. Y, por tanto, s\u00f3lo ser\u00eda aplicable en un caso de autodeterminaci\u00f3n (por ejemplo, el del S\u00e1hara marroqu\u00ed) si un estado vecino (como Argelia o Mauritania) aprovechaba la creaci\u00f3n de una Rep\u00fablica sahariana independiente para cambiar las fronteras actuales.<\/p>\n
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En 1975 los Estados Unidos, la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica y todos los pa\u00edses europeos (salvo Albania) firmaron el Acta de Helsinki sobre seguridad y cooperaci\u00f3n en Europa. El Acta fue mucho m\u00e1s lejos que el Tratado de la UE. Adem\u00e1s de comprometerse a \u00abrespetar la integridad territorial de cada uno de los estados participantes\u00bb (punto 4), los estados firmantes declararon \u00abinviolables tanto las fronteras de los participantes como las fronteras de todos los estados de Europa\u00bb (punto 3). Y, sin embargo, quince a\u00f1os despu\u00e9s, cuando Eslovenia se separ\u00f3 de Iusgosl\u00e0via, los pa\u00edses que hab\u00edan firmado los acuerdos la reconocieron en pocos d\u00edas.<\/p>\n
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La se\u00f1ora Reding, vicepresidenta de la Comisi\u00f3n Europea, resumi\u00f3 el estado jur\u00eddico (y pol\u00edtico) de esta cuesti\u00f3n perfectamente en unas declaraciones al Diario de Sevilla el 30 de septiembre. Preguntada sobre una supuesta exclusi\u00f3n autom\u00e1tica de Catalu\u00f1a de la UE, respondi\u00f3 de forma tajante que \u00abla legislaci\u00f3n internacional no dice nada\u00bb en este sentido, que Espa\u00f1a deb\u00eda resolver sus problemas internos y que confiaba plenamente \u00aben la mentalidad europea de los catalanes\u00bb. (Por cierto, el Sr. Garc\u00eda-Margallo anunci\u00f3 en el Congreso de Diputados que la Sra. Reding le hab\u00eda enviado una carta en la que se retractaba de sus declaraciones en Sevilla. Ser\u00eda bueno que el ministro de Asuntos Exteriores publicara la carta porque, incluso si la Sra. Reding pasa a defender en ella una hipot\u00e9tica posici\u00f3n com\u00fan de la Comisi\u00f3n, esta \u00faltima no se ha desviado nunca del principio de estricta neutralidad).<\/p>\n
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En una palabra, los tratados de la UE no pueden ser utilizados en contra de la voluntad democr\u00e1tica de un pueblo. Es cierto que no regulan un hipot\u00e9tico proceso de ampliaci\u00f3n interna de la UE. Pero esta falta de regulaci\u00f3n no implica prohibici\u00f3n, como ha argumentado muchas veces el Tribunal Internacional de Justicia. En una interpretaci\u00f3n estrictamente democr\u00e1tica de la situaci\u00f3n (un ejercicio probablemente dif\u00edcil para el gobierno espa\u00f1ol), la situaci\u00f3n se asemeja al caso del Jura franc\u00e9s, que quiso independizarse del cant\u00f3n de Berna en 1977. Aunque la Constituci\u00f3n suiza no preve\u00eda esta posibilidad, prevaleci\u00f3 la voluntad del Jura y este cant\u00f3n se uni\u00f3 a la confederaci\u00f3n helv\u00e9tica dos a\u00f1os despu\u00e9s. Todo esto contiene una lecci\u00f3n transparente para Catalu\u00f1a: hagamos nuestro camino tranquilamente, consultemos el pa\u00eds y, despu\u00e9s, cargados con la raz\u00f3n de la mayor\u00eda, podremos negociar en qu\u00e9 t\u00e9rminos queremos continuar en Europa.<\/p>\n
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