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EL Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de dictar una nueva sentencia que reitera la deficiente aplicaci\u00f3n en Espa\u00f1a de los Derechos Fundamentales, seg\u00fan el propio TEDH, en violaci\u00f3n del art\u00edculo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Esta importante sentencia de 16-10-2012 condena al Gobierno de Espa\u00f1a por no investigar las torturas denunciadas por el director del peri\u00f3dico Egunkaria<\/em>, se suma a la sentencia de 10 de Julio de 2012, en el asunto Del R\u00edo v. Espa\u00f1a<\/em> (42750\/09) y a la condena a Espa\u00f1a en el asunto San Argimiro Isasa<\/em> (2507\/07) en sentencia de 28-9-2010, por otras violaciones de los derechos fundamentales. Estas sentencias vienen reiterando la situaci\u00f3n que algunos derechos fundamentales viven en la democracia espa\u00f1ola.<\/p>\n Su importancia es significativa dado que la propia Constituci\u00f3n espa\u00f1ola asume en su art\u00edculo 10 que la interpretaci\u00f3n de los Derechos Humanos debe realizarse en coherencia con la doctrina establecida por los convenios y tratados ratificados por Espa\u00f1a. En concreto, seg\u00fan lo dictaminado por las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.<\/p>\n En la \u00faltima sentencia del TEDH, asunto Otamendi v. Espa\u00f1a<\/em>, se sostiene con toda claridad la violaci\u00f3n por parte de la Administraci\u00f3n espa\u00f1ola del art\u00edculo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, con respecto a la negativa de la Administraci\u00f3n espa\u00f1ola a investigar las torturas denunciadas en su d\u00eda por el director del diario Egunkaria<\/em>, durante su detenci\u00f3n tras el cierre \u00abcautelar\u00bb del peri\u00f3dico.<\/p>\n Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno de Espa\u00f1a debe adecuar su aplicaci\u00f3n interna de los derechos fundamentales en materia de torturas, adoptando las medidas necesarias para tal fin y facilitando la investigaci\u00f3n efectiva de cualquier denuncia de torturas, independientemente de cualquier otra consideraci\u00f3n. En suma, el TEDH entiende no ajustada a la pr\u00e1ctica jur\u00eddica internacional en la materia la no investigaci\u00f3n de las torturas denunciadas en su d\u00eda aplicando la protecci\u00f3n del convenio y otorgando la correspondiente indemnizaci\u00f3n. El tribunal rechaza, igualmente, la din\u00e1mica aplicada en Espa\u00f1a respecto de la prolongada incomunicaci\u00f3n de determinados detenidos.<\/p>\n El TEDH subraya la necesidad de hacer una interpretaci\u00f3n integral de los derechos fundamentales sin excepci\u00f3n. Cuando se viola un derecho fundamental, todos los dem\u00e1s se ven afectados al ser derechos indisociables. Todos est\u00e1n relacionados entre s\u00ed, llegando a tener, tambi\u00e9n, una dimensi\u00f3n colectiva adem\u00e1s de la originariamente individual de cual todos somos titulares. El Estado -ning\u00fan Estado- puede situar su interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa por encima de los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos.<\/p>\n Los sucesivos gobiernos de Espa\u00f1a salen mal parados de esta Sentencia emitida por la m\u00e1s alta instancia de tutela y control de los Derechos Humanos en Europa, pues el TEDH constata incumplimientos internacionales y constitucionales de primer orden repetidamente negados a nivel interno. Fundamentalmente, puesto que la raz\u00f3n de Estado nunca puede situarse por encima de los derechos fundamentales de las personas.<\/p>\n En este sentido, nos encontramos ante una garant\u00eda adicional sobre los derechos fundamentales para cualesquiera personas, tras agotar los recursos internos. M\u00e1s all\u00e1 de la indemnizaci\u00f3n otorgada, Espa\u00f1a debiera comenzar a adecuar al tenor de esta sentencia su pr\u00e1ctica policial e investigadora en materia de denuncias por posibles torturas.<\/p>\n Como hemos citado, en virtud del art\u00edculo 10.2 de la Constituci\u00f3n, la jurisprudencia del TEDH y el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos son parte integrante del ordenamiento interno. De todo ello emanan criterios de interpretaci\u00f3n vinculantes en todo lo concerniente a los derechos fundamentales.<\/p>\n L\u00f3gicamente, el sometimiento de la Administraci\u00f3n a Derecho no es una ret\u00f3rica conquista susceptible de malearse para lograr la impunidad. De hecho, el TEDH establece l\u00edmites expresos y fundamentales a la soberan\u00eda de los Estados y a sus eventuales excesos de poder. El presente es un ejemplo m\u00e1s del cual el Gobierno de Espa\u00f1a dif\u00edcilmente puede sentirse orgulloso. Rememorando las palabras del gran jurista escoc\u00e9s Neil MacCormick en su obra Questioning sovereignty<\/em>, el TEDH ha ejercido como corte suprema europea en defensa del bien com\u00fan. Una garant\u00eda real de sensatez jur\u00eddica frente a los excesos de algunos Estados.<\/p>\n De este modo, tambi\u00e9n se confirman las autorizadas y numerosas voces, de muy diferente matiz, que hab\u00edan manifestado la \u00abbarbaridad\u00bb jur\u00eddica y pol\u00edtica cometida con Otamendi en su m\u00e1s que cre\u00edble denuncia de haber sufrido torturas. El silencio gubernamental -ante el periodista y la opini\u00f3n p\u00fablica- nunca podr\u00e1 ser una buena pol\u00edtica.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n