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No va a ser f\u00e1cil defender un pacto fiscal basado en el concierto econ\u00f3mico. La debilidad fundamental es su incoherencia con los principios del federalismo fiscal. Reclamar para Catalu\u00f1a la titularidad y recaudaci\u00f3n de la totalidad de los impuestos devengados en su territorio es ineficiente desde el punto de vista de la gesti\u00f3n porque no sit\u00faa estas competencias en la jurisdicci\u00f3n adecuada. En general, las jurisdicciones centrales est\u00e1n en mejores condiciones que las subcentrales para recaudar impuestos de bases imponibles territorialmente movibles o cuya carga puede ser f\u00e1cilmente trasladada de una jurisdicci\u00f3n a otra. Impuestos de gran recaudaci\u00f3n como el de sociedades e IVA pertenecen a esta categor\u00eda y generalmente se asignan a los Gobiernos centrales, mientras que impuestos de base menos movible, como los que gravan la propiedad y las transacciones inmobiliarias, se asignan a los Gobiernos subcentrales. Los que gravan la renta acostumbran a compartirse entre los dos niveles de Gobierno. La distribuci\u00f3n de impuestos no es caprichosa; obedece a una l\u00f3gica que tiene sentido, como lo corrobora la gran similitud observada en esta materia entre pa\u00edses federales.<\/p>\n
La propuesta tampoco cumple el principio de responsabilidad tributaria. Los Gobiernos que deciden el gasto deber\u00edan ser tambi\u00e9n los que tienen la responsabilidad de obtener del sector privado los recursos necesarios para financiarlo. Esta es la mejor forma de enfrentar al pol\u00edtico con el coste de sus decisiones y a su elector con el valor de los servicios que recibe. Con el pacto fiscal propuesto, la Generalitat se ver\u00eda obligada a asumir la titularidad y recaudaci\u00f3n de impuestos que van m\u00e1s all\u00e1 de sus necesidades, mientras que el Gobierno central se ver\u00eda liberado de esta responsabilidad.<\/p>\n
En tercer lugar, este pacto fiscal debilita de forma significativa la autonom\u00eda financiera de la jurisdicci\u00f3n central. Es verdad que, sea cual sea la distribuci\u00f3n territorial de la recaudaci\u00f3n, un sistema adecuado de transferencias deber\u00eda permitir que cada jurisdicci\u00f3n dispusiera de los recursos necesarios para hacer frente a sus competencias de gasto. El problema es que la necesidad efectiva de recursos no es independiente de las competencias asumidas. Las hay estructurales y predecibles para las que esta condici\u00f3n es f\u00e1cil de cumplir. Otras, en cambio, son coyunturales y variables, y su financiaci\u00f3n pautada es mucho m\u00e1s dif\u00edcil. La estabilizaci\u00f3n macroecon\u00f3mica es por antonomasia la competencia m\u00e1s representativa de este segundo grupo. Y esta competencia es, y debe ser, de la jurisdicci\u00f3n central. Es impensable que un pa\u00eds federal no asigne al Gobierno central las bases imponibles m\u00e1s potentes y de mayor elasticidad, con el fin de que pueda desarrollar de forma oportuna la pol\u00edtica fiscal adecuada seg\u00fan la coyuntura macroecon\u00f3mica del momento. Hacerlo de otra manera ser\u00eda una decisi\u00f3n perjudicial para todos.<\/p>\n
Si el sistema de concierto es una anomal\u00eda en el panorama del federalismo fiscal ,\u00bfpor qu\u00e9 lo tienen el Pa\u00eds Vasco y Navarra, sin que ello suponga un descalabro para Espa\u00f1a? La raz\u00f3n es la relativamente peque\u00f1a dimensi\u00f3n de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan un 8% del PIB espa\u00f1ol. Catalu\u00f1a representa el 18,6%. Restar al Gobierno espa\u00f1ol un 8% de la autonom\u00eda fiscal que deber\u00eda tener es un mal soportable. Restarle cerca del 27% ser\u00eda muy preocupante. Si el sistema de concierto se generalizara, restarle el 100% ser\u00eda una irresponsabilidad.<\/p>\n
Adem\u00e1s de ineficiente, no est\u00e1 claro que el pacto fiscal propuesto vaya a favor de los intereses de los catalanes. Como catal\u00e1n quiero que mi jurisdicci\u00f3n auton\u00f3mica funcione bien; pero tambi\u00e9n quiero que mi jurisdicci\u00f3n central funcione correctamente. Mi bienestar no depende de una sola jurisdicci\u00f3n; depende de todas las jurisdicciones a las que pertenezco. Es incongruente pedir competencias fiscales para la Uni\u00f3n Europea, como soluci\u00f3n a los graves problemas que est\u00e1 teniendo en la gesti\u00f3n de la crisis, y a la vez querer retirarlas del Gobierno espa\u00f1ol, reclamando para s\u00ed todas las bases fiscales devengadas en Catalu\u00f1a.<\/p>\n
Por otra parte, la presumida mejora de financiaci\u00f3n que este pacto generar\u00eda para el Gobierno catal\u00e1n es cuestionable. Ostentar la titularidad y gesti\u00f3n de todos los impuestos devengados en Catalu\u00f1a no es lo mismo que tener m\u00e1s recursos para financiar servicios p\u00fablicos. Los recursos de los que finalmente dispondr\u00eda la Generalitat depender\u00edan del dise\u00f1o de la transferencia al Gobierno central (es decir, del cupo), y aqu\u00ed las posibilidades est\u00e1n legalmente acotadas: el art\u00edculo 138.2 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (CE), en el que se establece que las diferencias entre los estatutos de las comunidades no pueden implicar privilegios econ\u00f3micos, impide que este pacto diera a Catalu\u00f1a m\u00e1s recursos que los generados por el sistema de r\u00e9gimen com\u00fan.<\/p>\n
La esperanza de mayores recursos se asienta en la mayor financiaci\u00f3n que hoy tienen las comunidades forales. Pero esta ventaja no depende del sistema de concierto per se,<\/em> sino del particular dise\u00f1o de la transferencia que, en mi opini\u00f3n, es incorrecto. En su Disposici\u00f3n Adicional Primera, la CE ampara el sistema de concierto (es decir, su singular asignaci\u00f3n de tributos), pero esta protecci\u00f3n no puede ser contradictoria con la prohibici\u00f3n de privilegios econ\u00f3micos que prev\u00e9 el art\u00edculo 138.2 m\u00e1s arriba citado. Hasta ahora, en un contexto de recursos abundantes, la diferencia de financiaci\u00f3n entre las comunidades forales y las de r\u00e9gimen com\u00fan no ha despertado demasiado inter\u00e9s. A medida que la crisis vaya mermando la capacidad de las comunidades de r\u00e9gimen com\u00fan de proveer servicios p\u00fablicos esenciales, la existencia de esta desigualdad podr\u00eda ser contestada.<\/p>\n Una parte importante de los recursos tributarios originados en Catalu\u00f1a est\u00e1 gestionada y es de la titularidad del Gobierno central. La capacidad de reacci\u00f3n ante la crisis que esta potencia fiscal da a nuestro Gobierno central es un activo fundamental para defender el rating<\/em> no solamente de la deuda soberana espa\u00f1ola, sino tambi\u00e9n de la deuda p\u00fablica de las comunidades aut\u00f3nomas, entre ellas el Pa\u00eds Vasco y Navarra. As\u00ed es como deber\u00eda ser. Ahora bien, en justa correspondencia, la contribuci\u00f3n al mantenimiento de la credibilidad fiscal del Gobierno espa\u00f1ol deber\u00eda ser territorialmente equitativa.<\/p>\n Si Catalu\u00f1a quiere plantear un pacto fiscal debe abandonar el concierto como referencia. El pacto fiscal que Espa\u00f1a y Catalu\u00f1a necesitan deber\u00eda girar alrededor de los siguientes tres ejes:<\/p>\n El primero es la reforma del proceso descentralizador. Espa\u00f1a ha accedido a la descentralizaci\u00f3n desde un Estado unitario y esto ha implicado que la \u00faltima palabra sobre el proceso la haya tenido el Gobierno central. El \u00e1rbitro del proceso deber\u00eda ser independiente del Gobierno central y de los Gobiernos auton\u00f3micos. La reforma del Senado y la creaci\u00f3n de un organismo parlamentario que sustituya al actual Consejo de Pol\u00edtica Fiscal y Financiera ser\u00edan pasos importantes en esta direcci\u00f3n.<\/p>\n El segundo es la reforma del sistema de financiaci\u00f3n. El modelo aprobado en 2009 ha dado m\u00e1s recursos a todas las comunidades aut\u00f3nomas, entre ellas Catalu\u00f1a, pero es complejo y oscuro. Adopta la ret\u00f3rica del Estatuto catal\u00e1n, pero no la sustancia. El modelo de financiaci\u00f3n debe velar por la equidad como hasta ahora se ha hecho, pero tambi\u00e9n por la eficiencia. Debe incorporar fuertes incentivos marginales al esfuerzo fiscal de las comunidades.<\/p>\n El tercero es el encaje de los reg\u00edmenes foral y com\u00fan. La falta de equidad del sistema de financiaci\u00f3n regional espa\u00f1ol debe ser eliminada. Y para ello es el sistema foral el que debe converger hacia el com\u00fan. A menos que voluntariamente ofrecido por las comunidades forales, un cambio en la asignaci\u00f3n de tributos es dif\u00edcil porque requerir\u00eda una reforma constitucional. Cambiar el dise\u00f1o del cupo, sin embargo, no requiere cambiar la CE y es factible si el problema se explica bien a las comunidades forales.<\/p>\n De los tres, este es el eje m\u00e1s dif\u00edcil de este pacto fiscal alternativo. Pero quiz\u00e1s ahora sea el momento adecuado para abordar la cuesti\u00f3n. La grave crisis econ\u00f3mica que estamos padeciendo nos est\u00e1 haciendo replantear de manera fundamental muchas de nuestras pr\u00e1cticas anteriores en los campos financiero, laboral e industrial, y en materia de provisi\u00f3n y financiaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos esenciales \u00bfQui\u00e9n dice que nuestra peculiar arquitectura institucional territorial no deba tambi\u00e9n ser reexaminada a fondo?<\/p>\n