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Las opiniones contrarias a la autodeterminaci\u00f3n de Catalu\u00f1a (y del Pa\u00eds Vasco) utilizan tres grandes argumentos para oponerse a todo proceso de separaci\u00f3n: el coste econ\u00f3mico (la p\u00e9rdida de mercados), la cohesi\u00f3n social y la primac\u00eda absoluta de la Constituci\u00f3n como marco jur\u00eddico o conjunto de procedimientos que el pueblo espa\u00f1ol, en su momento inicial de autodeterminaci\u00f3n, estableci\u00f3 para gobernarse y que, por tanto, debe regular cualquier proceso dirigido a reformar de manera parcial o total.<\/p>\n
M\u00e1s concretamente, este \u00faltimo argumento constitucionalista se construye sobre tres patas. Primero, Catalu\u00f1a acept\u00f3 libremente el pacto constitucional espa\u00f1ol hace treinta y tres a\u00f1os. Segundo, no se puede rescindir ning\u00fan pacto o contrato unilateralmente, es decir, sin el consentimiento de todas las partes que forman parte y que se obligaron a cumplirlo. Y, tercero, la Constituci\u00f3n posibilita la existencia de un estado de derecho. Dicho de otro modo, sin la Constituci\u00f3n lo \u00fanico que prevalecer\u00eda ser\u00eda la voluntad del m\u00e1s fuerte, que podr\u00eda hacer y deshacer el contrato seg\u00fan su conveniencia, una situaci\u00f3n que llevar\u00eda a vivir en un estado arbitrario y de conflicto permanente.<\/p>\n
Rechazar el primer punto no es evidente. Es cierto que la naturaleza de la Transici\u00f3n pol\u00edtica vici\u00f3 parcialmente la aprobaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1978. La amenaza impl\u00edcita de una intervenci\u00f3n militar, confirmada poco despu\u00e9s por los hechos del 23-F, empuj\u00f3 a los catalanes a ser posibilistas y aceptar la autonom\u00eda constitucional como la \u00fanica opci\u00f3n factible y, por ello, mutil\u00f3 el ejercicio del derecho a la autodeterminaci\u00f3n de Catalu\u00f1a.<\/p>\n
Sin embargo, aun operando bajo las mismas condiciones pol\u00edticas, la mayor\u00eda de los vascos prefirieron no refrendar la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola. Hay que concluir que Euskadi fue el \u00fanico lugar que, al menos desde un punto de vista formal y de una manera expl\u00edcita, qued\u00f3 al margen del pacto constitucional espa\u00f1ol.<\/p>\n
Concedamos, como hip\u00f3tesis de trabajo, que los catalanes aceptamos voluntariamente la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola. \u00bfQuiere decir esto que no podemos rescindirlo unilateralmente? Para contestar a esta pregunta, debemos volver a utilizar la definici\u00f3n, propuesta en el inicio de este art\u00edculo, de una Constituci\u00f3n como un sistema de procedimientos establecidos por un conjunto de ciudadanos para gobernarse a s\u00ed mismos.<\/p>\n
Estos procedimientos toman formas muy variadas en cada Constituci\u00f3n: mientras que algunas leyes fundamentales s\u00f3lo exigen una mayor\u00eda simple para aprobar la legislaci\u00f3n ordinaria, otras piden una mayor\u00eda cualificada (por ejemplo, de tres quintas partes del parlamento) para tomar determinadas decisiones.<\/p>\n
Lo que es evidente, en todo caso, es que, salvo aquellos sistemas, como el predominante en la Uni\u00f3n Europea, que utilizan el principio de unanimidad, todas las reglas de decisi\u00f3n necesariamente dividen el pueblo soberano que pact\u00f3 la Constituci\u00f3n en una mayor\u00eda ganadora y una minor\u00eda perdedora.<\/p>\n
Imaginemos que, en la aplicaci\u00f3n regular de estas reglas de juego, hay siempre la misma mayor\u00eda (simple o calificada), es decir, que hay un grupo mayoritario permanentemente constituido por los mismos individuos, y que esa mayor\u00eda impone sus preferencias sobre el resto de la sociedad, es decir, la minor\u00eda. En estas circunstancias, la mayor\u00eda puede llegar a aprobar todo tipo de medidas lesivas para los intereses de la minor\u00eda sin desviarse en ning\u00fan momento de la legalidad constitucional que en un momento dado pactaron todos los individuos que ahora est\u00e1n divididos en mayor\u00eda y minor\u00eda .<\/p>\n
En las democracias suele haber transferencias de votantes entre partidos que tienden a minimizar la creaci\u00f3n de dos bloques pol\u00edticos inalterables. Sin embargo, el peligro de una mayor\u00eda inamovible es considerable en aquellas sociedades con diferencias \u00e9tnicas o raciales claras, precisamente porque estas caracter\u00edsticas s\u00f3lo cambian lentamente (o quiz\u00e1s no cambian nunca).<\/p>\n
Por ejemplo, la poblaci\u00f3n negra de Estados Unidos est\u00e1 condenada a ser una minor\u00eda permanente, al menos si decide definirse (o es tratada) en funci\u00f3n de sus caracter\u00edsticas raciales, y ser el objeto potencial de discriminaci\u00f3n por parte de la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
Las mismas constituciones modernas reconocen de forma t\u00e1cita sus l\u00edmites (y la posibilidad de un estado abusivo) desde el momento en que, adem\u00e1s de definir los procedimientos de decisi\u00f3n, incluyen una lista de derechos y garant\u00edas a proteger y cumplir.<\/p>\n
Ahora bien, la enumeraci\u00f3n de estos derechos es meramente declarativa y con poca fuerza real. Al fin y al cabo, corresponde proteger a los \u00f3rganos o poderes establecidos por la Constituci\u00f3n. Y, una vez m\u00e1s, si la mayor\u00eda que controla todos los poderes del Estado no quiere aplicar un derecho espec\u00edfico, este \u00faltimo se convierte en papel mojado (como ocurre con el derecho a la vivienda en Espa\u00f1a).<\/p>\n
En definitiva, si la Constituci\u00f3n no puede evitar e incluso puede legitimar la utilizaci\u00f3n abusiva del poder del Estado, es imposible defender, como pretenden algunos constitucionalistas, que las reglas constitucionales son un sistema cerrado y autorreferencial. Y es igualmente imposible sostener que una minor\u00eda permanente tenga que someterse a la autoridad del Estado y deba aceptar un pacto nocivo para sus intereses sin poder salir adelante.<\/p>\n
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