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La alegr\u00eda suele durar bien poco en casa del pobre. Despu\u00e9s de la sentencia del Tribunal Constitucional autorizando a la coalici\u00f3n Bildu a estar presente en las elecciones locales y forales enmendando el fallo del Supremo, nuevamente esta alta instancia de la magistratura del Estado ha vuelto por sus fueros obligando al Gobierno Vasco y a las tres diputaciones vascas a devolver los 435 millones de euros del IVA de Rover, en lo que parece toda una pr\u00e1ctica de tratar de judicializar todo aquello que competa al devenir de Euskadi. Si il\u00f3gica fue su actuaci\u00f3n con Sortu y qued\u00f3 en evidencia en el caso de Bildu, el fallo del IVA de Rover supone un ataque directo a la Ley del Concierto Econ\u00f3mico, verdadera columna vertebral del autogobierno vasco. Nuevamente, el Tribunal Supremo ha hecho interpretaciones pol\u00edticas de parte vulnerando los derechos hist\u00f3ricos vascos recogidos en la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, cuando el art\u00edculo 28 de la Ley del Concierto Econ\u00f3mico es muy claro en este sentido. \u00abLas entregas de los bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio vasco la puesta a disposici\u00f3n del adquiriente, se entender\u00e1n efectuadas en los Territorios Hist\u00f3ricos del Pa\u00eds Vasco\u00bb. Con este texto no parece que haya lugar a ninguna interpretaci\u00f3n, salvo que se oculte una clara intencionalidad pol\u00edtica para lastrar de nuevo al r\u00e9gimen fiscal vasco. Una constante por parte de algunas instancias de poder del Estado que nunca han entendido el autogobierno vasco e, incluso, han tratado de cercenarlo. Se demand\u00f3 en su d\u00eda ante la UE y el Tribunal de Justicia Europeo reconoci\u00f3 la singularidad fiscal vasca. Recurrieron una y otra vez las normas fiscales de las Juntas Generales hasta que se blindaron a nivel del Tribunal Constitucional. Ahora, han encontrado este resquicio que pone tambi\u00e9n en cuesti\u00f3n a la Junta Arbitral del Concierto, que fij\u00f3 en territorio vasco la tributaci\u00f3n del IVA de Rover, lo que supone un grave precedente para esta figura del autogobierno por lo que supone de vulnerar un instrumento que precisamente trata de dirimir los conflictos entre el Estado y la CAV. La Junta Arbitral est\u00e1 compuesta por tres expertos propuestos por la Hacienda del Estado y el Gobierno Vasco que debaten sobre cuestiones exclusivamente t\u00e9cnicas. Por ello, no se puede entender la judicializaci\u00f3n que ha hecho el Tribunal Supremo del Concierto Econ\u00f3mico.<\/p>\n
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