<\/p>\n
Han pasado 35 a\u00f1os de la criminal actuaci\u00f3n protagonizada por la Polic\u00eda Armada el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Aquel d\u00eda cinco trabajadores fueron asesinados y m\u00e1s de un centenar resultaron heridos, algunos de extrema gravedad, como consecuencia de las balas disparadas contra una masa indefensa que se dispon\u00eda a celebrar una pac\u00edfica asamblea valorativa de la jornada de huelga general en la iglesia de San Francisco del barrio gasteiztarra de Zaramaga y que hu\u00eda medio asfixiada por los gases lacrim\u00f3genos lanzados en su interior por las fuerzas que se dec\u00edan de Orden P\u00fablico y Seguridad del Estado.<\/p>\n
Nadie puede dudar a la hora de definir la masacre cometida el 3 de marzo en Gasteiz como crimen de lesa humanidad. Tanto en la forma de perpetrarla como por su manifiesta intencionalidad, todo ello unido a que esta actuaci\u00f3n no fue una acci\u00f3n aislada, sino que estaba encuadrada en un contexto de represi\u00f3n sistem\u00e1tica y generalizada cuyo objetivo final era dar continuidad al r\u00e9gimen dictatorial existente, no ofrece dudas sobre su catalogaci\u00f3n, esto es, crimen de lesa humanidad. Menos a\u00fan cuando el propio Manuel Fraga, a la saz\u00f3n uno de los m\u00e1ximos responsables e inductores de la matanza, expres\u00f3 el car\u00e1cter ejemplarizante de la actuaci\u00f3n policial y de las tr\u00e1gicas consecuencias que pudieran derivarse de la alteraci\u00f3n del orden impuesto y establecido.<\/p>\n
La ONU, su Comisi\u00f3n de Derechos Humanos, recoge la obligaci\u00f3n de los estados de adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad, entendiendo por impunidad la inexistencia (de hecho o de derecho) de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, as\u00ed como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigaci\u00f3n con miras a su inculpaci\u00f3n, detenci\u00f3n, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o causado a sus v\u00edctimas.<\/p>\n
A pesar de lo expuesto y haber transcurridos 35 a\u00f1os, el Estado espa\u00f1ol, haciendo caso omiso de estas resoluciones, contin\u00faa amparando la impunidad de los hechos del 3 de marzo, as\u00ed como de otros muchos acontecimientos tr\u00e1gicos. Todos nuestros intentos en el enjuiciamiento de los responsables han sido bald\u00edos y se han visto frenados por la aplicaci\u00f3n de una ley de \u00abpunto final\u00bb, la mal llamada de Amnist\u00eda de 1977, y por la prescripci\u00f3n de los hechos por el tiempo transcurrido, conceptos ambos contrarios a la legislaci\u00f3n internacional en materia de derechos humanos aplicables a los delitos de genocidio y cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>\n
As\u00ed, en este sentido y recogiendo nuevamente resoluciones de la Comisi\u00f3n de Derechos Humaos de la ONU, podemos leer con respecto de las actuaciones violentas de los aparatos y funcionarios del Estado: \u00abEs menester derogar o abolir la legislaci\u00f3n y las reglamentaciones e instituciones administrativas que contribuyan a las violaciones de los derechos humanos o que las legitimen. En particular, es menester derogar o abolir las leyes o los tribunales de emergencia de todo tipo que infringen los derechos y las libertades fundamentales garantizados en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. Deben promulgarse las medidas legislativas necesarias para asegurar la protecci\u00f3n de los derechos humanos y salvaguardar las instituciones y los procesos democr\u00e1ticos. Como base de tales reformas, durante per\u00edodos de restauraci\u00f3n o transici\u00f3n a la democracia y\/o a la paz, los estados deber\u00e1n emprender un examen amplio de su legislaci\u00f3n y sus reglamentaciones administrativas.\u00bb<\/p>\n
Y en referencia a las medidas o leyes de amnist\u00eda y sus beneficiarios, se cita: \u00abIncluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliaci\u00f3n nacional, la amnist\u00eda y dem\u00e1s medidas de clemencia se aplicar\u00e1n dentro de los siguientes l\u00edmites:<\/p>\n
1. Los autores de delitos graves conforme al Derecho internacional no podr\u00e1n beneficiarse de esas medidas mientras el estado no cumpla las obligaciones enumeradas en el principio 19 o los autores hayan sido sometidos a juicio ante un tribunal competente, sea internacional o internacionalizado o nacional, fuera del estado de que se trata.<\/p>\n
2. La amnist\u00eda y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las v\u00edctimas a reparaci\u00f3n previsto en los principios 31 a 34, y no menoscabar\u00e1n en el derecho a saber.<\/p>\n
3. Como la amnist\u00eda puede interpretarse como un reconocimiento de culpa, no podr\u00e1 imponerse a las personas enjuiciadas o condenadas por hechos acaecidos durante el ejercicio pac\u00edfico del derecho a la libertad de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n. Cuando esas personas no hayan hecho m\u00e1s que ejercer ese derecho leg\u00edtimo, garantizado por los art\u00edculos 18 a 20 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, y 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, una ley deber\u00e1 considerar nula y sin valor respecto de ellas toda decisi\u00f3n judicial o de otro tipo que les concierna; se pondr\u00e1 fin a su reclusi\u00f3n sin condiciones ni plazos.<\/p>\n
4. Toda persona condenada por infracciones que no sean las previstas en el apartado 3 del presente principio y que entren en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la amnist\u00eda podr\u00e1 rechazar la amnist\u00eda y solicitar que se revise su proceso si no ha tenido un juicio imparcial y con las debidas garant\u00edas, previstas en los art\u00edculos 10 y 11 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y en los art\u00edculos 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, o si ha sido condenada sobre la base de una declaraci\u00f3n que, seg\u00fan se haya establecido, ha sido hecha como resultado de interrogatorios.\u00bb<\/p>\n
En cuanto a la prescripci\u00f3n de estos delitos, se recoge: \u00abLa prescripci\u00f3n de una infracci\u00f3n penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podr\u00e1 correr durante el per\u00edodo en que no existan recursos eficaces contra esa infracci\u00f3n. La prescripci\u00f3n no se aplicar\u00e1 a los delitos graves conforme el Derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripci\u00f3n no podr\u00e1 invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las v\u00edctimas para obtener reparaci\u00f3n.\u00bb<\/p>\n
Atendiendo a toda esta legislaci\u00f3n, podemos apreciar c\u00f3mo el Estado espa\u00f1ol ha actuado completamente contra el Derecho internacional y ha vulnerado los derechos de multitud de personas afectadas, y entre ellas las que lo fueron el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.<\/p>\n
Se nos ha negado el derecho a un juicio en base a la prescripci\u00f3n, como hemos visto contrario a la legislaci\u00f3n internacional. Se nos ha argumentado tambi\u00e9n que los hechos han sido amnistiados, lo que tambi\u00e9n contraviene la legislaci\u00f3n, y en este aspecto por partida doble, ya que ni se puede amnistiar a los responsables pol\u00edticos y materiales de la masacre, como tampoco, como as\u00ed lo fueron, a los obreros encarcelados acusados de sedici\u00f3n, una acusaci\u00f3n falsa e interesada que \u00fanicamente pretend\u00eda justificar la actuaci\u00f3n criminal.<\/p>\n
Vamos consiguiendo, no sin grandes esfuerzos, avanzar en el camino de la verdad. En este apartado exigimos la creaciones de comisiones de la verdad, y como ejemplo a seguir pueden fijarse en el informe Saville elaborado por encargo del Gobierno brit\u00e1nico y que, tras sus demoledoras conclusiones, el propio primer ministro David Cameron no ha dudado en pedir perd\u00f3n por la atrocidad cometida en Derry en el Bloody Sunday.<\/p>\n
Vamos consiguiendo tambi\u00e9n t\u00edmidos pasos en la reparaci\u00f3n, pero ante todo consideramos imprescindible y fundamental romper con la impunidad anclada en el tiempo del Estado espa\u00f1ol. \u00a1Exigimos justicia efectiva ya!<\/p>\n
Martxoak 3 Elkartea, junto con los dem\u00e1s grupos memorialistas que conformamos Lau Haizetara Gogoan, de la mano y amparo de la legislaci\u00f3n internacional, se ha marcado unos claros e irrenunciables objetivos, cuales son el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparaci\u00f3n, incluidas las garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
* Andoni Txasko D\u00edaz, Eva Barroso Chaparro y Jos\u00e9 Luis Mtz. Ocio Miembros de Martxoak 3 Elkartea<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Han pasado 35 a\u00f1os de la criminal actuaci\u00f3n protagonizada por la Polic\u00eda Armada el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Aquel d\u00eda cinco trabajadores fueron asesinados y m\u00e1s de un centenar resultaron heridos, algunos de extrema gravedad, como consecuencia de las balas disparadas contra una masa indefensa que se dispon\u00eda a celebrar una pac\u00edfica […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-24182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nabarmena"],"yoast_head":"\n