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Torturas en el Estado espa\u00f1ol y en el mundo<\/p>\n
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El pr\u00f3ximo juicio por torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola ser\u00e1 la prueba del algod\u00f3n para una situaci\u00f3n denunciada recientemente por En noviembre pasado, su Comit\u00e9 contra Pues bien, si la calificaci\u00f3n penal ya resulta denunciable para De las simples multas a los indultos<\/strong><\/p>\n Para la acusaci\u00f3n particular que representa a las familias, por contra, lo que procede es imponer el tope m\u00e1ximo (seis a\u00f1os por cada uno de los dos delitos de torturas), adem\u00e1s de otras penas por \u00ablesiones\u00bb. De este modo, la mayor condena pedida por el fiscal ser\u00e1 de tres a\u00f1os de c\u00e1rcel (y s\u00f3lo para dos de los diez guardias civiles a los que acusa), mientras las de la acusaci\u00f3n particular ascienden a diecisiete a\u00f1os en uno de los casos. Sin duda, algo mucho m\u00e1s ajustado a los est\u00e1ndares que rigen para estos casos en el marco occidental, como muestran las condenas m\u00e1s recientes en Estados Unidos, Italia o Alemania.<\/p>\n La levedad de la tipificaci\u00f3n de las condenas por torturas -y no digamos ya de su escas\u00edsima aplicaci\u00f3n real- es una de las razones que tiene al Estado espa\u00f1ol bajo sospecha en el \u00e1mbito internacional. Adem\u00e1s del Comit\u00e9 de Llueve sobre mojado. AI recuerda tambi\u00e9n el caso de Kepa Urra, uno de los poqu\u00edsimos que ha derivado en condena en las \u00faltimas d\u00e9cadas en Euskal Herria. En 1997, As\u00ed se llega a situaciones como \u00e9sta que cita tambi\u00e9n el informe de AI. Juan Antonio Gil Rubiales, condenado por el Supremo por la muerte de Joxe Arregi en 1981 (inicialmente fue absuelto dos veces en juzgados de Madrid), \u00abse reincorpor\u00f3 al trabajo en 1992 en Todo ello sin olvidar que los juicios por los casos Arregi, Urra y, ahora, Portu, son en realidad excepcionales. La pr\u00e1ctica totalidad de las denuncias se estrellan en las barreras protectoras previas. Una de ellas es el plazo de prescripci\u00f3n a los quince a\u00f1os, que resulta definitivo muchas veces dado que las pruebas -b\u00e1sicamente confesiones- no llegan hasta mucho despu\u00e9s. Por ejemplo, no fue hasta el a\u00f1o 2000 cuando Massu o Aussaresses, generales de los paracaidistas franceses, reconocieron los tormentos practicados en la guerra de Argelia en los a\u00f1os 50. Por eso, el Comit\u00e9 contra \u00abConmovidos\u00bb<\/strong><\/p>\n El Ministerio P\u00fablico introduce adem\u00e1s una especie de justificaci\u00f3n al indicar que los agentes actuaron \u00abconmovidos\u00bb por el atentado de Capbreton, en el que hab\u00edan fallecido dos guardias civiles. A primera vista, el argumento extra\u00f1a teniendo en cuenta que ese tiroteo se hab\u00eda producido un mes antes y que ni Portu ni Sarasola aparec\u00edan como sospechosos del mismo. Pero m\u00e1s sorprendente a\u00fan es comprobar que la afirmaci\u00f3n fiscal se sostiene en el aire: ninguno de los guardias civiles ha alegado tal cosa en la instrucci\u00f3n, ya que evidentemente todos se limitaron a negar que torturaran a nadie.<\/p>\n Ocho y nueve a\u00f1os de c\u00e1rcel por las im\u00e1genes humillantes de Abu Ghraib <\/strong><\/p>\n En el mundo casi nadie sabe qui\u00e9n es Unai Romano ni tampoco Igor Portu, pese a las im\u00e1genes de sus lesiones. Todo lo contrario pasa con Abu Ghraib, la prisi\u00f3n convertida en icono planetario de la aplicaci\u00f3n de la tortura. Pero la diferencia no est\u00e1 s\u00f3lo en el eco que han tenido las denuncias gr\u00e1ficas, sino tambi\u00e9n en las condenas aplicadas por los hechos respectivos. Pese a no haberse apreciado situaciones de riesgo de muerte, como s\u00ed ocurri\u00f3 en el caso de Portu, por los maltratos de Abu Ghraib se han dictado ya condenas que ascienden a ocho y nueve a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n Los soldados que aparec\u00edan m\u00e1s veces en las im\u00e1genes eran Charles Graner y Lynddie England (en la siguiente p\u00e1gina). Para \u00e9sta, el fiscal pidi\u00f3 entre cuatro y seis a\u00f1os de c\u00e1rcel, aunque finalmente el tribunal fij\u00f3 la condena en tres. Se le consider\u00f3 culpable de haber paseado a un preso como si fuera un perro, con una correa atada al cuello, o de fotografiarse con varios prisioneros iraqu\u00edes desnudos a los que simulaba disparar, humillaciones que dijo haber cometido \u00abpara divertirse\u00bb. A su novio, Graner, le cayeron diez a\u00f1os de c\u00e1rcel por instant\u00e1neas similares, como la de una pila de prisioneros desnudos formando una pir\u00e1mide. El tribunal no tuvo duda de que tales comportamientos supon\u00edan torturas. Y el fiscal a\u00f1adi\u00f3 que con su actitud \u00abhan dado muchos argumentos al enemigo\u00bb.<\/p>\n Otra de las fotograf\u00edas que m\u00e1s impactaron al mundo era la de un preso, tapado por una t\u00fanica y una capucha negra, al que se le hab\u00edan conectado unos cables para simular la aplicaci\u00f3n de electrodos (en la siguiente p\u00e1gina, abajo, a la derecha). El tribunal determin\u00f3 que el tormento no hab\u00eda ido m\u00e1s all\u00e1 de la simple humillaci\u00f3n al prisionero. Sin embargo, a su autor, un soldado llamado Ivan Frederick, le ha costado una condena de ocho a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n Condena a un alto mando policial en Francfort por amenaza de tortura <\/strong><\/p>\n En Alemania, los tribunales se mostraron inflexibles ante el ex vicepresidente de Condenas de hasta ocho a\u00f1os de c\u00e1rcel contra ex agentes de El caso m\u00e1s reciente de condena por torturas en Europa es probablemente el ocurrido en Italia. En el pasado mes de noviembre, un tribunal de Mil\u00e1n conden\u00f3 a nada menos que 22 antiguos miembros de Expertos policiales alertan de la \u00abdudosa credibilidad\u00bb de estas confesiones <\/strong><\/p>\n El general John Kimmons es jefe de los servicios de Informaci\u00f3n de Estados Unidos. En setiembre de 2006, alertaba a los expertos policiales de que \u00abcualquier informaci\u00f3n obtenida mediante el uso de pr\u00e1cticas abusivas ser\u00eda de dudosa credibilidad\u00bb. Dejando al margen los aspectos \u00e9ticos de la tortura, la cuesti\u00f3n de su eficacia para arrancar informaci\u00f3n ver\u00eddica es cada vez m\u00e1s debatida. Y no es de extra\u00f1ar ante casos como el del libio Ibn al-Shaykh al-Libi.<\/p>\n Dos meses despu\u00e9s de los atentados del 11-S en Nueva York, Al-Shaykh fue detenido en Pakist\u00e1n y entregado a los Estados Unidos. Tras ser torturado, hizo \u00abrevelaciones\u00bb que Tambi\u00e9n por este motivo, en las legislaciones occidentales se estipula formalmente, o bien se da por sobreentendido, que las declaraciones realizadas bajo tortura deben ser anuladas. As\u00ed, el Tribunal Supremo espa\u00f1ol decidi\u00f3 absolver a Hamed Abderrahman Ahmed -el denominado \u00abtalib\u00e1n espa\u00f1ol\u00bb- dando prioridad total a la reivindicaci\u00f3n de su inocencia hecha en el juicio, y Baltasar Garz\u00f3n anunci\u00f3 despu\u00e9s que investigar\u00eda las torturas sufridas en Guant\u00e1namo.<\/p>\n No parece que esta misma tesis valga para el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, sino m\u00e1s bien al contrario. Quienes defienden a Aunque no haya pel\u00edculas al respecto, Euskal Herria tambi\u00e9n ha tenido casos similares al de los \u00abcuatro de Guilford\u00bb. Jorge Txokarro, Mikel Soto, Aurken Sola y Ainara Gorostiaga fueron exculpados del atentado mortal contra un edil de UPN en Leitza tras dos a\u00f1os presos por una autoinculpaci\u00f3n forzada.<\/p>\n