Acteal fue una masacre de Estado, cuyo principal responsable es el doctor Ernesto Zedillo Ponce de Le\u00f3n, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos entre 1994 y 2000, tan masacre de Estado como lo fue Tlatelolco. Los ejecutores materiales fueron apenas instrumentos protegidos. Todo esto puede ser probado en derecho y en justicia. <\/p>\n
\u201cLa liberaci\u00f3n de los asesinos de Acteal y la pretensi\u00f3n de rescribir la historia de la masacre no son un acto de justicia: son la continuaci\u00f3n de la guerra por otros medios\u201d, escribi\u00f3 ayer Luis Hern\u00e1ndez Navarro en La Jornada, en un l\u00facido art\u00edculo donde demuestra, sin dejar resquicio, c\u00f3mo esta acci\u00f3n de la guerra sucia contra el Ej\u00e9rcito Zapatista de Liberaci\u00f3n Nacional y las comunidades ind\u00edgenas chiapanecas hab\u00eda sido anunciada por m\u00faltiples denuncias, precisas y documentadas, a lo largo de la segunda mitad de 1997. <\/p>\n
Con desbordada y leg\u00edtima indignaci\u00f3n, de esas que salen del fondo del alma y no s\u00f3lo de la pluma del escritor, Jos\u00e9 Blanco anot\u00f3 tambi\u00e9n en estas p\u00e1ginas las siguientes l\u00edneas sobre el indecible fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cNo sabemos qui\u00e9nes son los asesinos; ni los que usaron las armas ni los asesinos intelectuales. Nuevamente la impunidad reina. Se solicitan nuevas investigaciones para dar con los verdaderos asesinos. Acaso el proceso se reinicie alguna vez en alg\u00fan punto. En tanto, la oligarqu\u00eda local, la clase pol\u00edtica que le sirve, los grupos paramilitares \u2013carne de ca\u00f1\u00f3n ind\u00edgena\u2013 contin\u00faan reinando como grupos dominantes que son, apoyados por instituciones federales, si la pol\u00edtica as\u00ed lo demanda, y los ind\u00edgenas contin\u00faan su historia de explotaci\u00f3n, de miseria, de desprecio, de discriminaci\u00f3n y de muerte\u201d. <\/p>\n
B\u00e1rbara Zamora, abogada litigante, ha mostrado tambi\u00e9n en La Jornada c\u00f3mo todos los procesos de instrucci\u00f3n en M\u00e9xico est\u00e1n plagados de defectos y fallas procedimentales, que son la puerta abierta adrede para que la libertad o la condena de los procesados \u2013culpables o no, poco importa\u2013 sea negociada fuera del \u00e1mbito de la justicia, la cual sirve s\u00f3lo de tapadera. La impartici\u00f3n de justicia no est\u00e1 a cargo de un poder judicial independiente, condici\u00f3n primera de existencia de una rep\u00fablica. Ha estado y est\u00e1 en manos del Poder Ejecutivo, federal o estatal. Es una atribuci\u00f3n y un acto del pr\u00edncipe, ll\u00e1mese \u00e9ste, seg\u00fan sexenios, D\u00edaz Ordaz, Echeverr\u00eda, Zedillo o Calder\u00f3n. <\/p>\n
Hace una semana, el 10 de agosto pasado, Joan Baucells Llad\u00f3s, profesor de derecho penal en la Universidad Aut\u00f3noma de Barcelona, ex magistrado de justicia, y comisionado en una reciente visita a M\u00e9xico de la Comisi\u00f3n Civil Internacional de Observaci\u00f3n de los Derechos Humanos (CCIODH), escribi\u00f3 tambi\u00e9n en este peri\u00f3dico que, ante el fallo ya anunciado, ser\u00eda indispensable entonces reponer la entera instrucci\u00f3n del proceso para encontrar inocentes y culpables. A lo cual agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201cUn aut\u00e9ntico estado de derecho no podr\u00eda soportar que no fueran sancionados los funcionarios p\u00fablicos responsables de las graves irregularidades que han fundamentado el amparo, no sin antes investigar cu\u00e1les fueron las razones que llevaron a estos servidores p\u00fablicos a hacer \u2018desaparecer evidencias\u2019, \u2018alterar la escena del crimen\u2019 o \u2018fabricar testimonios\u2019. Y, sin embargo, todo el que tenga un m\u00ednimo conocimiento del sistema judicial mexicano, intuir\u00e1 que nada de lo anterior llegar\u00e1 a suceder. A los ojos de la comunidad internacional el amparo de la Suprema Corte pone en evidencia que las esperanzas de justicia en Acteal s\u00f3lo pueden fundamentarse en el recurso a los instrumentos de justicia internacional\u201d. <\/p>\n
S\u00ed. Pero la urgencia del caso y la ilegalidad facciosa en que hoy el Estado mexicano se debate, se fragmenta y nos amenaza, demandan, adem\u00e1s de esos instrumentos internacionales, \u00f3rganos y tribunales de intervenci\u00f3n jur\u00eddica m\u00e1s \u00e1giles y de peso moral m\u00e1s inmediato y contundente. <\/p>\n
Es preciso instaurar para el caso Acteal un tribunal aut\u00f3nomo y excepcional, de indiscutida independencia respecto de cualquier instituci\u00f3n establecida y de alta e indiscutible autoridad moral ante la comunidad internacional y nacional. <\/p>\n
As\u00ed fue el Tribunal Russell que juzg\u00f3 y conden\u00f3 los cr\u00edmenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam, del cual form\u00f3 parte el general L\u00e1zaro C\u00e1rdenas del R\u00edo. <\/p>\n
Es necesario un Tribunal Russell para Acteal, para esclarecer los hechos, revisar en su totalidad las actas procesales, precisar las irregularidades procedimentales y sus responsables, ubicar y juzgar tanto a los asesinos materiales como a sus mandantes y dictar una sentencia en derecho y en justicia. <\/p>\n
Nadie ir\u00eda a la c\u00e1rcel, por supuesto, pues tal tribunal carece de jurisdicci\u00f3n. Pero su competencia para tratar y juzgar el caso Acteal estar\u00e1 basada en una alta autoridad moral y esa autoridad servir\u00e1, llegado el caso, para extender una invisible pero efectiva mano protectora para detener o contener futuros cr\u00edmenes de Estado a los cuales el indigno y escurridizo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n est\u00e1 otorgando una patente de impunidad.<\/p>\n