Estado de Derecho es un concepto que se corresponde con la existencia de un ordenamiento jur\u00eddico, preciso y claro, por el que se rige un Estado. El estado de derecho puede ser feudal, esclavista, absolutista, y tambi\u00e9n representativo y, m\u00e1s a\u00fan, democr\u00e1tico. Todo sistema pol\u00edtico que se ajusta en su funcionamiento a una legislaci\u00f3n clara y precisa constituye un Estado de derecho y en este sentido podemos calificar al sistema que crearon los romanos como de aut\u00e9ntico Estado de Derecho. Si ser\u00e1 cierto lo que se dice, que el mismo derecho romano se ha constituido en modelo de los sistemas jur\u00eddicos actuales. <\/p>\n
No obstante, no son equivalentes Estado de Derecho y sistema jur\u00eddico democr\u00e1tico. En el derecho romano, as\u00ed como en los sistemas legales griegos \u2013Drac\u00f3n, Sol\u00f3n, y otros antiguos, como el de Hamurabi-, la negaci\u00f3n a los esclavos de la condici\u00f3n humana impide que puedan ser considerados democr\u00e1ticos; lo mismo cabe decir de los sistemas legales que dominaban el panorama legal en la \u00e9poca del absolutismo. Tampoco es correcto calificar de democr\u00e1ticos a los sistemas jur\u00eddicos que no reconoc\u00edan el sufragio universal, propios del primer Liberalismo, aunque todos ellos puedan ser considerados dentro de lo que se denomina un Estado de Derecho. Estado de derecho es un concepto que no hace referencia sino a la presencia de un sistema legal previo, al que se ajusta el poder en su ejercicio, renunciando a actuar de manera arbitraria. <\/p>\n
Est\u00e1 claro, sin embargo, que un sistema pol\u00edtico democr\u00e1tico precisa de mayores requisitos. En tal sistema el ordenamiento jur\u00eddico, adem\u00e1s de ser claro y preciso y tener sometido a su mandato al ejercicio del poder, se ajusta a otras exigencias. Entre ellas la de mayor importancia es el reconocimiento expreso de una serie de derechos del individuo que son inviolables y que ning\u00fan poder, a\u00fan respaldado por la mayor\u00eda, puede conculcar, aunque sea el criterio de la mayor\u00eda el que deba prevalecer a la hora de tomar las decisiones pol\u00edticas. A la hora de valorar un sistema jur\u00eddico, al igual que las leyes que lo integran, ser\u00e1 necesario tener en cuenta estos requisitos; m\u00e1s, si el mismo pretende ser un sistema democr\u00e1tico, porque no es suficiente que se cumplan ciertos aspectos formales exteriores en la elaboraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la ley, si la misma es resultado de la arbitrariedad. <\/p>\n
Si contemplamos a la luz de estos principios el actual sistema jur\u00eddico espa\u00f1ol, me asalta la duda de que pueda ser calificado de democr\u00e1tico, e incluso podr\u00eda discutirse que cumpliese tan siquiera los requisitos de un Estado de derecho. Desde luego, la pol\u00edtica espa\u00f1ola carece de tradici\u00f3n en este terreno y el sistema actualmente vigente soporta demasiado lastre de la \u00e9poca de la Dictadura franquista, como para concederle unas condiciones como las exigidas por un sistema jur\u00eddico democr\u00e1tico. Lo siento por quienes se sientan soliviantados por mis afirmaciones, pero entiendo que el simple cumplimiento de aspectos formales en la elaboraci\u00f3n de la ley no basten para convertir en democr\u00e1tico lo que es profundamente autoritario. Creo, al respecto, que es sumamente relevante la manera de expresarse de un personaje que ha sido clave en la configuraci\u00f3n del actual sistema pol\u00edtico y que sigue contando con gran predicamento. Me refiero al miembro del P.S.O.E. Alfonso Guerra. Este se\u00f1or se ha atrevido a afirmar que Montesquieu ha muerto. Por mi parte pienso que Montequieu jam\u00e1s ha visitado Espa\u00f1a, ni ha sido invitado a ella. En Espa\u00f1a quien tiene el poder, de cualquier \u00edndole que \u00e9ste sea, lo ejerce sin contemplaciones, lo mismo se cubra con el tricornio, o vaya vestido con la toga y birrete salmantino en cualquier palacio de Justicia, o se siente en el hemiciclo de la carrera de San Jer\u00f3nimo en Madrid; muestra de lo que afirmo la constituye el conflicto que en el momento presente enfrenta a los dos partidos espa\u00f1oles m\u00e1s fuertes con respecto al Consejo General del Poder Judicial. La filosof\u00eda m\u00e1s profunda que imbuye a quien ejerce el poder en Espa\u00f1a est\u00e1 representada por el \u201caqu\u00ed qui\u00e9n manda, manda\u201d. <\/p>\n
No voy ahora a hacer el elogio de la cultura pol\u00edtica francesa. Tengo claro que el sistema pol\u00edtico franc\u00e9s es igualmente autoritario, al menos por lo que se refiere a quienes son franceses a la fuerza, sin que se les deje decidir con libertad. No obstante debe reconocerse el profundo sentido de la igualdad que existe en todo su sistema legal, al menos desde el punto de vista jur\u00eddico. En Francia resulta inaceptable una ley elaborada con vistas a favorecer, o perjudicar, a un grupo concreto. Todos los ciudadanos franceses tienen el mismo derecho a acceder a los beneficios de la ley y se encuentran igualmente obligados por sus prescripciones. De aqu\u00ed surgir\u00e1 siempre una ley clara, concreta y \u2013como se\u00f1alan los juristas franceses- sin segundas intenciones (esto es, una ley hecha para favorecer, o perjudicar, a determinados individuos o grupo de individuos). El sistema jur\u00eddico franc\u00e9s constituye inequ\u00edvocamente un Estado de derecho, porque reh\u00faye la arbitrariedad; ya no entro en si constituye un aut\u00e9ntico sistema democr\u00e1tico, desde el punto en que niega a muchos ciudadanos el derecho a no ser franceses. <\/p>\n
\u00bfSe puede afirmar lo mismo del sistema jur\u00eddico espa\u00f1ol? Dif\u00edcil, cuando no se tiene reparo en repudiar a Montesquieu. Dejando a un lado esta cuesti\u00f3n, podemos contemplar leyes concretas que no cumplen los requisitos de claridad y de responder a segundas intenciones, como exige la ley francesa. Sin ir m\u00e1s lejos, la LEY DE PARTIDOS, que ha permitido perseguir judicialmente a la izquierda abertzale -y pende como una amenaza sobre quien se muestra contrario a aceptar el actual status jur\u00eddico- constituye una muestra acabada de las segundas intenciones que debe estar ausente de toda iniciativa jur\u00eddica. Esta ley tiene la finalidad de impedir la acci\u00f3n pol\u00edtica de unos ciudadanos concretos; los que pertenecen a la izquierda abertzale y denominados entornos. La justificaci\u00f3n de esta ley no se encuentra en la persecuci\u00f3n de unos hechos objetivos de car\u00e1cter general, sino la de hechos que puedan realizar individuos concretos, por formar parte de determinadas organizaciones pol\u00edticas a las que de manera arbitraria se las califica de terroristas. Manifestar condescendencia ante E.T.A. constituye delito; manifestar adhesi\u00f3n a la Falange o a movimientos fascistas, no. Quemar un veh\u00edculo en Donostia es delito de terrorismo, quemarlo en Sevilla o Valencia, gamberrada\u2026 <\/p>\n
Resulta obvio lo arbitrario de tal situaci\u00f3n, que resalta en mayor medida cuando escuchamos a los responsables pol\u00edticos y judiciales que adoptar\u00e1n una actitud de extrema vigilancia: no ya en relaci\u00f3n a posibles delitos materiales, sino ante actitudes que no rebasen la simple manifestaci\u00f3n de puntos de vista sobre la realidad pol\u00edtica de un territorio del Estado como es Navarra, Euskalerria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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