En una conferencia que el catedrático de Ciencia Política, Ferran Requejo, impartió hace unos días en la sede nacional de Òmnium Cultural dentro del ciclo sobre procesos secesionistas de naciones sin Estado, recordó que «un diputado independentista es aquel que se presenta a unas elecciones con la independencia en su programa». En efecto, en un contexto democrático, la primera condición para considerar abierto un proceso soberanista es que el partido o partidos que se presentan con el compromiso de declarar la independencia ganen unas elecciones y obtengan la mayoría en un parlamento. A partir de aquí, el gobierno que se constituya, apoyado por las urnas, puede ejecutar la transición hacia el estado propio abriendo negociaciones con el Estado del que se separa y con la comunidad internacional a fin de obtener el reconocimiento los demás Estados como nueva entidad soberana. Las cuestiones de legitimación concreta que se reclamen desde la comunidad internacional (si la independencia, por ejemplo, debe ser ratificada o no en referéndum ciudadano) será uno de los aspectos que se acabará de perfilar en las negociaciones, pero, a fin de que las otras entidades te reconozcan como sujeto con el que dialogar, el proyecto independentista debe ser impulsado por el gobierno y por la mayoría parlamentaria que lo apoye.
Evoco estas reflexiones del profesor Requejo porque me parecen especialmente pertinentes en un momento de nueva ebullición de iniciativas soberanistas en la sociedad civil. Hay que celebrar, por ejemplo, el empuje que ha adquirido el movimiento organizado por la Asamblea Nacional Catalana constituida el pasado fin de semana, pero hay que recordar constantemente a sus integrantes que para salir del callejón sin salida es imprescindible, al menos, que los mismos ciudadanos que apuestan por la independencia de Cataluña en iniciativas sociales voten un partido con un programa independentista en las próximas elecciones. Por poner otro ejemplo, si las casi 900.000 personas que entre 2009 y 2011 votaron en las consultas populares sobre el Estado propio en los diversos municipios del país hubieran votado a un partido que se presentara a unas elecciones con el compromiso de declarar el Estado propio, la mayoría parlamentaria para alcanzar este objetivo ya estaría al alcance. Contra los apóstoles de la ambigüedad que sostienen que incorporar la independencia en el programa casi se asimila a un acto de pureza integrista propio de tendencias minoritarias hay que responder que éste ha sido el camino habitual en la política comparada, que ha sido el que ha permitido a muchas naciones convertirse en Estado y que no hablamos de pureza sino de racionalidad, la racionalidad que, en mi opinión, se puede desprender de las citadas palabras del doctor Requejo.
Contra una percepción bastante extendida sobre el independentismo político de los últimos años la verdad es que la primera vez que un partido o una coalición de partidos se presentó a las elecciones al Parlamento de Cataluña con un programa independentista, esto es, con el compromiso explícito de abrir una transición hacia la independencia y de declarar la independencia si se obtenía la mayoría, fue en las elecciones de 2010 con Solidaritat Catalana por la Independencia, por un lado, y Reagrupament, por otro. Como Reagrupament no obtuvo representación parlamentaria, se puede afirmar que los únicos «diputados independentistas», según el criterio de Requejo, que en estos momentos hay en el Parlament de Cataluña son los cuatro diputados que obtuvo SI.
A pesar de que en su declaración ideológica de 1993 conste que Esquerra Republicana de Catalunya defiende la «independencia de toda la nación» hay que recordar que ERC en las últimas convocatorias electorales al Parlamento de Cataluña no se ha presentado nunca con un programa independentista. En 2003 la propuesta republicana consistía en reformar el Estatuto de Autonomía, en 2006 en pedir una mayoría para seguir gobernando dentro del sistema autonómico y en 2010 en una genérica apelación a su condición de «gente valiente» aunque en su programa ni siquiera constaba ninguna respuesta concreta al ataque al autogobierno que había supuesto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.
El nuevo Presidente de ERC, Oriol Junqueras y su grupo en el Parlamento de Cataluña siguen resistiéndose a desplegar una acción independentista. En declaraciones de los últimos días, Junqueras continúa ciñendo su discurso y su objetivo político al «concierto económico», da conferencias ante el empresariado catalán en las que les pide que luchen por la «independencia fiscal» y también defiende que esta «independencia fiscal» es la única solución a la situación de estrangulamiento que vive el país. Pero ¿y la independencia política? ¿Y el Estado propio? ¿Dónde queda el núcleo duro del mensaje independentista en las palabras de Junqueras? La ERC actual sigue prisionera de una ambigüedad que la asimila a CiU, quizá víctima de esta herencia perversa de la clandestinidad franquista de no decir las cosas por su nombre, del «tú ya me entiendes», pero que, como decíamos, y si se continúa por este camino, inhabilita a ERC para ser considerada una formación independentista según los criterios que Ferran Requejo señala.
La cuestión es qué fuerzas políticas se presentarán a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña de 2013 o 2014 con un programa independentista, a quien se podrá votar con la certeza de que aquel voto representará el voto que materializará la transición hacia el Estado propio y ya desde aquí aventuramos que ni ERC ni CiU se presentarán al electorado con dicho compromiso independentista. Por lo que vemos, ERC continuará atrapada en las servidumbres del reformismo autonomista y CiU, la CiU actual, nunca liderará el proceso independentista, pero eso requiere todo otro artículo para ser expuesto.
EL PUNT – AVUI
