El peculiar mundo político madrileño se despertó ayer angustiado cuando comprobó que el lunes el Tribunal Constitucional español podría abrir la puerta a la retirada de la condición de diputados de veintinueve miembros del congreso español, casi todos independentistas o de Podemos. La razón aducida es que juraron la constitución añadiendo cosas. Vox lo ha llevado al Constitucional diciendo que esto es ilegal y ya lo tenemos. Parece que nadie se esperaba que dentro del Constitucional hubiera tantos seguidores de Vox y ahora todo son prisas y tensión.
Si el Constitucional diera la razón a Vox, veintinueve diputados dejarían de serlo, a menos que jurasen la constitución como Vox quiere. O incluso -porque Vox lo pide- todas las decisiones adoptadas por el parlamento español serían invalidadas, incluyendo la votación que hizo presidente del gobierno a Pedro Sánchez.
La cosa sería esperpéntica y todavía resulta difícil de imaginar. Es terrible porque esconde una nueva versión del intento de golpe de estado judicial, persistente e incesante en Madrid, un golpe que simplemente va buscando de qué manera puede ser más efectivo. Unos cuantos diputados de Unidas Podemos usaron fórmulas alternativas, que también usó Joan Baldoví y los diputados del BNG, Teruel Existe y el PRC. Además, evidentemente, de los diputados independentistas catalanes y vascos. Si el Constitucional anula los derechos políticos de todos estos diputados la mayoría actual queda en el aire.
Nada que no sepamos y que no haya sido avisado. Esta manera burda de alterar el voto popular con un formulismo jurídico ha sido la clave de la actual legislatura en el Parlamento catalán y también en el Parlamento español, donde no se permitió que ejercíeran de diputados los presos políticos independentistas. Como tampoco pudo ser investido el presidente Puigdemont, aunque lo habían votado los ciudadanos el 21-D, y se vulneraron los derechos de los diputados juzgados y exiliados haciendo que las formaciones independentistas perdiéramos a veces la mayoría en la cámara catalana por la acción irregular de los jueces. Y no hablamos de la inhabilitación apresurada del president Torra, que ayer supimos que el Supremo ha decidido intentar tan pronto como pueda.
Pero estos mismos socialistas que ahora se espantan viendo cómo el monstruo se les vuelve en contra, aplaudieron cuando esta violación de derechos se cometió en el Parlamento de Cataluña. Todo el mundo fue avisado de que aquel precedente era muy peligroso y ahora se lo encuentran y piden ayuda. Ahora. Por cierto, en medio de actuaciones judiciales que ya son dignas de un ritual psicofónico: ayer el Tribunal Supremo español ha insistido en que el president Puigdemont y los consejeros Comín y Ponsatí deben ir a Madrid a jurar la constitución española. ¡Ay, señor!
De todos modos, permítanme que les explique de dónde viene este lío, porque hay cosas que cuando pasaban a los vascos, años atrás, la mayoría de los catalanes no las querían ver. Y ésta es una muy clara y palmaria. Porque hay que recordar que fue un presidente del congreso socialista, y mallorquín, Félix Pons, quien abrió la vía que siguen ahora los golpistas en 1989. Entonces los tres diputados electos de Batasuna juraron el cargo ‘por imperativo legal’ y tan sólo basándose en esto les impidieron ejercer de diputados. Después ganaron en los tribunales, pero la vía que ahora los socialistas temen y que era inexistente hasta ese día, permaneció abierta.
La incongruencia y la incoherencia tienen estas cosas. Los socialistas ahora dirán lo que quieran y se lamentarán de lo que quieran, pero si tú barajas a tu favor las reglas de la democracia hasta poner en duda las más básicas de todas luego no te enojes de lo que te pueda pasar. Y es un hecho, por ejemplo, que entre el 7 de mayo de 2009 y el 15 de diciembre de 2012 Patxi López fue presidente del País Vasco, la única vez que un socialista lo ha sido, tan sólo gracias a la prohibición a Batasuna de presentarse, que impidió su presencia en el hemiciclo. Todas las candidaturas que intentó la ‘izquierda abertzale’ fueron anuladas por el Tribunal Supremo español, y esto permitió uno de los pucherazos electorales más escandalosos de la historia. Hubo cien mil votos nulos de respuesta, que habrían significado más de diez diputados, que habrían impedido la mayoría artificial que formó el PSOE… ¿con quién? Pues con el mismo PP que ahora está tan contento de usar contra el PSOE la ‘lawfare’ que aprendió de ellos.
Con todo, este hecho no es el más grave, ni mucho menos. Supongo que lo recordarán, pero por si acaso lo explico. El 20 de noviembre de 1989, la noche antes de tomar posesión del escaño, el diputado de Batasuna Josu Muguruza fue asesinado en un restaurante de Madrid al borde del congreso, por dos pistoleros. Cuando detuvieron el asesino resultó ser un policía de extrema derecha. La sesión de constitución del parlamento español se hizo al día siguiente, con un cínico minuto de silencio como referencia máxima de lo que había pasado la noche anterior. Pero el 4 de diciembre, dos semanas después del asesinato, fue el día en que pasó la escena que les contaba antes, cuando Félix Pons decidió, con la frialdad literal de un enterrador, cuando los diputados de Batasuna tiroteados, entre los cuales el sustituto del diputado fallecido, dejaban de serlo y eran impedidos de ejercer simplemente porque no habían jurado la constitución de España como el PSOE quería. Y todos, casi todos, callaron.
De aquello viene esto y quien juega con fuego se quema. La democracia no puede ser estrujada y anulada por razones partidistas sin ponerla en peligro a la larga. Los socialistas tienen la culpa de haber abierto este camino y a mí que no me buscan ahora para defenderlos…
VILAWEB
