Partimos de dos hechos. El primero, que el calentamiento global amenaza la supervivencia de la civilización, y que para evitar un futuro apocalíptico son necesarias unas inversiones enormes en transformación energética que no están, en absoluto, garantizadas; sobre todo cuando hay quien, por interés o por ignorancia, niega la amenaza. El segundo, que en el mundo sobra ahorro, o lo que es lo mismo, la población que puede ahorrar lo hace y no encuentra oportunidades para invertir estos recursos de una manera bastante atractiva, como pone de manifiesto que los tipos de interés tiendan a cero.
Con base en estos dos hechos, el 13 de diciembre, el conocido economista Yannis Varufakis publicó un artículo en ‘The Guardian’ en el que anunciaba que el movimiento DiEM25 estaba a punto de proponer a la Unión Europea la ejecución de un Green New Deal.
Vayamos por partes. El movimiento DiEM25 agrupa una serie de personalidades que consideran que Europa se está desintegrando víctima de la miopía de sus dirigentes. El New Deal fue la denominación del programa electoral del candidato Franklin D. Roosevelt en la campaña de 1932, y proponía, contra la ortodoxia dominante, intervenir la economía con el fin de combatir la gravísima crisis económica que había comenzado en 1929. El Green New Deal que DiEM25 está a punto de proponer consistiría en la emisión de deuda comunitaria por importe de 500.000 millones de euros anuales para invertirlos en la transición energética en Europa. Varufakis argumentaba que, al igual que las inversiones del New Deal, financiadas con deuda, habían salvado la economía y la fe de los estadounidenses en sus instituciones, el Green New Deal salvaría las instituciones comunitarias del descrédito en que han caído, y que pondrían de manifiesto fenómenos como el Brexit o los ‘chalecos amarillos’.
El problema con el artículo de Varufakis es que este trascendental asunto sólo aparecía al final. El artículo comenzaba haciendo referencia a la impotencia de los europeístas ortodoxos, y a Macron en particular, para hacer que la Unión diera respuesta a los problemas de los europeos. Inmediatamente después, y sin que en realidad fuera muy necesario, el artículo criticaba el ‘Manifiesto por la democratización de Europa’ que tres días antes, y en el mismo ‘The Guardian’, había propuesto Thomas Piketty (*). El manifiesto, que en el momento que redacto estas líneas ya ha recogido la impresionante cifra de 113.799 adhesiones, aboga por la creación de un parlamento europeo y, al mismo tiempo, por que los gobiernos europeos incrementen la presión fiscal con un recargo sobre el IRPF del 1% más rico, un impuesto sobre los patrimonios superiores al millón de euros y una tasa de 30 € por tonelada de CO2 emitida, con el fin de obtener 800.000 millones de euros al año que habría que dedicar fundamentalmente a la transición energética.
El juicio de Varufakis sobre la propuesta de Piketty era cruel. Empezaba recordando que Piketty ya había lanzado varias propuestas para democratizar Europa (yo mismo comenté una de ellas desde estas páginas el día 17-06-2017); continuaba poniendo de manifiesto que, si los impuestos y las inversiones propuestas son nacionales, la propuesta de un Parlamento europeo es innecesaria; y concluía que condicionar la inversión al aumento de la presión fiscal era condenar el plan al fracaso porque no recogería nunca suficiente apoyo político (y aquí argumentaba con eficacia que la revuelta de los ‘chalecos amarillos’ empezara como rechazo a un impuesto sobre el diesel).
Piketty no tardó en contraatacar, y lo hizo desde ‘Social Europe’ (un prestigioso digital de izquierdas), el día 11 de febrero. Piketty ridiculiza la seguridad de Varufakis a la hora de pronosticar que la deuda se vendería a raudales, argumentaba que lo que proponía no era sino un nuevo plan Juncker (que fracasó) y finalizaba diciendo que la propuesta profundizaba en una Europa gobernada por una «tecnocracia descontrolada».
El jueves, dos colegas de DiEM25, Stuart Holland y James K. Galbraith, salieron en defensa de Varufakis con sendos artículos en el ‘Social Europe’.
Resumimos el debate. Ambos bandos consideran que el proyecto europeo va a la deriva, que puede salvarse enfrentándose al reto climático, que para ello es necesario movilizar una cantidad enorme de recursos, y que estos recursos están disponibles. Dejando de lado los aspectos más ridículos de la disputa (la envidia), lo que les separa es una sencilla cuestión: si la movilización de recursos se hará vía impuestos o vía deuda. Todos los países se enfrentan a este dilema en caso de catástrofe o de guerra. Los impuestos son más legítimos porque los aprueba una institución democrática; la deuda es más eficaz porque ahorra debates.
Los economistas no tenemos respuesta a este dilema, que es estrictamente político.
(*) https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/09/manifesto-divided-europe-inequality-europeans
ARA
