Un mediador es alguien independiente, sin intereses en las partes enfrentadas, que interviene en un conflicto para intentar que se pongan de acuerdo mediante un proceso formal de negociación. El lehendakari Iñigo Urkullu, tal como ha explicado esta semana ante el juez del Tribunal Supremo español, hizo de mensajero entre el presidente Carles Puigdemont y el presidente Mariano Rajoy, pero no de mediador. En una intervención muy precisa y detallada, confirmó conversaciones como intermediario con ambos, pero no consiguió que se sentaran a hablar o que comenzaran un proceso de negociación porque, como dijo, el presidente español se negó. Incluso resaltó que encontró más predisposición al diálogo en Puigdemont que en Rajoy, lo que desmonta el relato unionista según el cual era el presidente de la Generalitat quien se negaba al mismo.
La intervención de Urkullu sirvió para dejar en evidencia a Rajoy, que el día anterior no explicó las conversaciones que habían mantenido ni dijo que se habían reunido en el mes de julio en la Moncloa. No se puede decir que Rajoy miente, pero no contó la verdad, atendiendo a que, como testigo, está obligado. Cuando le preguntaron si había mantenido contactos con Urkullu, se limitó a responder que él hablaba con mucha gente cada día, sin concretar más. En cambio, el lehendakari explicó que se reunió durante cuatro horas con Puigdemont el 19 de junio de 2017, aprovechando que estaba en Barcelona por el aniversario del atentado de Hipercor, y que el presidente de la Generalitat le pidió si podía hacer gestiones para abrir un canal de diálogo con Mariano Rajoy.
Una reunión que Rajoy ocultó al juez Marchena, sin que de momento esto haya tenido consecuencias penales. Esta semana hemos visto que negarse a declarar ante la ultraderecha genera una multa de 2.500 euros pero no informar a Marchena de hechos clave sale gratis, al menos por ahora. Esto han hecho todos los miembros del gobierno español que han pasado por el Supremo. La misma estrategia de Rajoy la usó el ex-vice-presidenta y el ex-ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una comparecencia escandalosa, porque negó ser el responsable del operativo policial del 1-O y se quitó las pulgas de encima. Todo ello con la ayuda del presidente de la Sala, que paraba los pies a las defensas de los presos independentistas cada vez que acorralaban a un ex-miembro del Gobierno, hasta el punto de negarse a reproducir ante Zoido un vídeo de las cargas policiales. Todo un ejemplo de separación de poderes.
Los mensajes que Urkullu fue trasladando entre la Moncloa y la Generalitat no sirvieron para que el gobierno español detuviera la represión durante el referéndum. El lehendakari llamó el día 2 de octubre a Rajoy para advertirle de que este camino era inaceptable e incompatible con cuañlquier tipo de diálogo. Tampoco sirvió de nada la suspensión de la declaración de independencia de Puigdemont el día 10 de octubre, porque la Moncloa no se movió, ni tampoco una propuesta final de convocar elecciones anticipadas en Cataluña si Rajoy se comprometía a detener la aplicación del 155. como dijo Urkullu en el Supremo, el presidente del gobierno español no dio ‘garantías suficientes’ para que Puigdemont se pudiera fiar, aunque durante unas cuantas horas del 26 de octubre la aceptó, como la mayoría de miembros del gobierno, tanto de Junts per Catalunya como de ERC. Pero la falta de garantías de Rajoy hizo sospechar a Puigdemont que era una trampa y finalmente mantener los planes para declarar la independencia al día siguiente. Después se ha sabido que Rajoy ya hacía días que había decidido aplicar el 155 y que ya había pactado el alcance con el PSOE y Cs. El esfuerzo de Urkullu fue evidente, pero no altruista. Lo que quería el lehendakari era evitar que se proclamara la independencia, porque sabe perfectamente que, sin Cataluña, España es inviable y quien primero pagaría las consecuencias sería el País Vasco. En este conflicto, Urkullu también es parte interesada y por tanto no puede ser mediador.
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