¡Mira que había cuestiones locales a comentar esta semana! Desde la normativa para patinetes eléctricos -que ya veremos después quién es el valiente de hacerla cumplir, pasando por el plan de salud emocional para jóvenes que parece que ha descubierto -¡suerte de un estudio que lo dice!- que en la adolescencia se viven estados de ánimo entre «bajos» y «negativos». O, aún, las altas cifras de desempleo en mayores de 55 años que un experto encuentra «incoherente», pero que el mercado de trabajo -pregunta a los bancos que te jubilan a esta edad- encuentra de lo más lógico.
Pero nada de esto se puede imponer a la dramática realidad política de la semana que es la del traslado de nuestro anterior gobierno democrático a prisiones madrileñas para someterlos a un juicio ignominioso, que sabemos vengativo y destinado no a hacer justicia sino a garantizar, por la vía del escarmiento, la sacrosanta unidad del Reino de España. Un hecho que pone en evidencia, sin embargo, que el marco de represión y venganza está normalizando, que se empieza a ver como un paisaje de fondo que hay que aceptar fatalmente, como quien se resigna al mal tiempo.
Es cierto que la persistencia de los que cada día están delante del Ayuntamiento de Terrassa para denunciar este escándalo político supone el gesto eficaz, un recordatorio, de esta infamia. Pero por delante de ellos hay un montón de gente que ya casi ha olvidado, y por tanto ignora, las circunstancias de esta barbarie antidemocrática. Un gobierno elegido democráticamente en prisión provisional durante más de un año por haber convocado un referéndum, un hecho que había sido suprimido explícitamente del código penal. Unos líderes sociales de larga trayectoria pacifista en prisión por haber actuado responsablemente para calmar y desconvocar una concentración espontánea de ciudadanos indignados. Y, por encima de todas las barbaridades, ¡una presidenta del Parlamento encarcelada por permitir que se debatieran ideas políticas en sede parlamentaria!
Existe, pues, el olvido contra el que hay que luchar. Pero, aún peor, están todos aquellos que, siendo conscientes de la brutalidad autoritaria del Estado, no se pueden excusar en la ignorancia de lo que había sido y es su espíritu de lucha ante la injusticia. Pienso, particularmente, en aquellos «viejos» luchadores antifranquistas, en aquellos que ahora se presentan como defensores de los derechos sociales, en los sindicalistas que se consideran portadores de principios de justicia social, en los colaboradores de movimientos sociales especialmente sensibles a los más vulnerables. Pienso, en definitiva, en todos estos que miran hacia otro lado, forzados por la disciplina de partido, por razón de la conservación prudente del cargo o por la asunción de una cobarde posición equidistante que ahorra un compromiso incómodo.
Ni la pacificación del espacio público, ni la estabilidad emocional de los adolescentes, ni el paro de los mayores se puede defender como es debido en un marco autoritario, represivo y antidemocrático como el que vive nuestro país. Y, además, cuando tenemos encima la amenaza de un futuro mucho peor, en el que la derecha española -ahora, toda extrema- quiere aplicar un 155 de larga duración para tomar el control de la escuela catalana, los medios de comunicación públicos y de la seguridad -policía y cárceles-, en un intento último de aniquilación nacional, ahora sin ningún disimulo.
El traslado y el inicio del simulacro de juicio a nuestros prisioneros políticos es el principio, no el final, de un intento de genocidio nacional sin precedentes. Y, ciertamente, yo no quiero que mi silencio me haga cómplice. ¿Y vosotros?
Diari De Terrassa
