El gobierno español ha comunicado al govern catalán que la mesa de diálogo ya no es necesaria porque el proceso catalán ha terminado y todo lo que se tenía que resolver ya se ha resuelto.
Según el presidente del gobierno español no hay ninguna razón para continuar dialogando, fuera de los conductos regulares, con el independentismo catalán o con el govern de Cataluña, porque, como el govdrn de Pere Aragonès ha acatado la constitución como marco del que no se moverá, ahora Cataluña se limita a ser, de nuevo, una autonomía más de España. Por tanto, toda discusión que se quiera vehicular entre los dos gobiernos ya se puede llevar a cualquiera de las docenas de organismos o formatos que de forma regular reúnen al gobierno del Estado y los gobernillos de las autonomías.
Lamentablemente, la lógica de la decisión es impecable. Una mesa de negociación –“mesa de diálogo” ya era un triste eufemismo– sólo tiene sentido si las dos partes que se sientan están convencidas de la necesidad de explorar un camino que no tiene cabida en las normas legales en vigor. Sólo tiene sentido si el funcionamiento de las instituciones vigentes es insuficiente para resolver un problema de carácter político. Allí donde existe un conflicto entre legalidad y voluntad política el canal de diálogo que representa una mesa fuera de los formatos institucionales es una buena salida. Precisamente, y sólo, porque se sitúa más allá de la legalidad, sin encontrarse apremiada por ésta.
Todo el vodevil relacionado con esta mesa ha sido penoso, pero hay que recordar que muy al principio incluso esa mesa de diálogo pareció que podría cumplir la función de abrir un camino. Hay que recordar que en diciembre de 2018 el comunicado firmado después de la primera reunión por el president Torra y el primer ministro Sánchez decía que era necesario potenciar una respuesta a las demandas de los ciudadanos de Cataluña “en el marco de la seguridad jurídica”, no en el marco de la constitución. El lenguaje era críptico, pero esto es normal en estas negociaciones. Y, sea cual sea, el gobierno español no se desmarcó de esa interpretación.
Pero, en un contraste clamoroso, el pasado mes de julio, en la tercera reunión de la mesa, el govern de Cataluña –en ese momento de ERC y Junts, aunque Junts no asistía a la mesa– firmó en el comunicado que la actividad política e institucional se haría «incluyendo también la eventual mejora sobre la base de los procedimientos de reforma establecidos». Y, si bien la frase es igualmente críptica, es muy esclarecedora por el hecho de que el único marco político sobre el que existen procedimientos de reforma establecidos es la constitución española. Y, por tanto, las partes no pueden hablar de nada más. Firmando lo que firmó, el govern de Cataluña renunciaba a la unilateralidad y aceptaba que con España cualquier cosa debía negociarse dentro del marco de la constitución española.
Y ésta fue una decisión –no sé si es que ellos no lo veían o que no dan más de sí– que equivalía a desarmar la mesa de diálogo, a dejarla sin función posible. El fracaso de la estrategia que Esquerra había vendido a diestro y siniestro ya estaba escrito y tan sólo era cuestión de tiempo, y oportunidad, de que hubiera una ocurrencia como la de ayer para sancionarlo y dejarlo bien claro en público.
Pedro Sánchez, pues, ha ganado esta partida, una de las peores que ha jugado en todos estos años la clase política catalana. Pero comete un error grave y que puede acabar pagando caro: Identificar a Cataluña con su gobierno. O incluso, no sé, identificar a Cataluña y el independentismo con Esquerra Republicana.
VILAWEB
