La argumentación en defensa del euskara precisa de una profunda y radical renovación. En estos tiempos nuestros derechos lingüísticos están siendo conculcados de manera grave y no se les da la necesaria respuesta; ni en el campo social, ni el cultural, ni en el político, ni tampoco en el ideológico. Esta breve reflexión se refiere sobre todo al campo ideológico.
Lo sucedido con respecto a Mañeru con el grave y pérfido error del PSN, se añade a las sentencias, tanto de Navarra como de la Comunidad Autónoma Vasca, Orkoien, Irun, Barakaldo y últimamente con respecto a una empresa pública de servicios de Gipuzkoa. No se les da la debida respuesta y da la impresión de que está cundiendo el desánimo o la resignación. En Iparralde estudiantes y padres están protagonizando una movilización tan curiosa como admirable, consistente en reivindicar los exámenes de enseñanza media en euskara, lo que choca con el jacobinismo retrógrado y opresor de la república. Lo grave actualmente es que el Tribunal Superior de Justicia de la CAV ha dictado sentencias que son ideológicamente injustas, culturalmente retrógradas y social y políticamente opresoras. Respeto se debe a las personas, pero no a las ideas ni a los razonamientos, aunque estén enmarcados en sentencias.
El incremento de la resignación está alcanzando a los ayuntamientos e instituciones de la CAV, para cuyas iniciativas se están aplicando por el TSJPV los mismos criterios discriminatorios e injustos, con razonamientos retrógrados y, muchas veces, ridículos, que ya se aplicaban en Navarra. Hubo sentencia en Navarra que comparan al euskara con la torre de la iglesia del pueblo, al mismo nivel que los razonamientos recientes de sentencias de la CAV argumentando que el euskara es una lengua difícil… como si los niños y niñas lo tuviesen que aprender más tarde.
Se olvidan por impulso de la opresión centralista a los derechos humanos y se habla de derechos fundamentales, cuando en realidad son diferencias de acceso. ¿Es que se aceptarían un ertzaina o un policía foral que no sabe español? ¿Es que constituye discriminación el requerir títulos de médica, enfermero o licenciado en los puestos de trabajo que les corresponden? La cooficialidad solamente es cierta si ambas lenguas están al mismo nivel. Hay ejemplos en Suiza, en Irlanda, en Flandes y ahora parece ser que también los habrá en Irlanda del Norte tras la cooficialidad del gaélico. El ejemplo pésimo es el de situaciones como los Estados Unidos de América, en donde a 75 millones de hispanoparlantes no se les reconoce ningún derecho lingüístico. ¡Ahí es donde está retrocediendo el español y no en Vasconia o Cataluña!
La actual jurisprudencia retrógrada e injusta de la CAV está equiparando la regulación lingüística de dicho ámbito territorial con la de Navarra. La Constitución ya en sí misma contiene una degradación de las lenguas que no son el español, y en el caso de Navarra, el Amejoramiento o LORAFNA de 1982 (que es incongruente con la Constitución), agravó dicha degradación. Más aún, la Ley del Vascuence de 1984 y los decretos y órdenes forales que la desarrollan (que también son incongruentes y empeoran las previsiones del Amejoramiento y de la Constitución), vuelven a agravar las normas precedentes. Insisto en que la cooficialidad solamente es verdadera en el caso de la igualdad lingüística como base de la libertad personal.
La argumentación por el euskara del último medio siglo, inspirada en las reflexiones de Krutwig, Aresti y Txilardegi, ya ha quedado obsoleta, puesto que hace referencia a los parámetros de un tipo de sociedad ya superado. En la actualidad, caminamos en la mayoría de los pueblos de Europa a sociedades y juventudes bilingües, así como a la consideración del euskara como elemento cultural europeo e internacional. Ya resultan insuficientes eslóganes como Euskaraz Bizi (vivir en euskara) originario de EHE, o los protocolos (que al fin y al cabo son sugerencias) de Kontseilua, o las auto-reflexiones (con riesgo de autoinculpación) de Sarasua y compañía. Es también evidente la incapacidad de Jagon (es decir, de fomento) de instituciones con grave riesgo de obsolescencia, como Euskaltzaindia. Se precisan posturas y soluciones políticas, y no solo a nivel ideológico, sino también estratégico y táctico. Los derechos lingüísticos son de toda la sociedad y no corresponden exclusivamente a los vasco-parlantes, sino también a todos los demócratas, vivan en Portugalete, Oion, Tudela o Zugarramurdi.
La renovación de la defensa ideológica y estratégica del euskara debe sustentarse, a mi juicio, en los siguientes cuatro principios:
A) Reivindicar los derechos lingüísticos como derechos humanos en la medida en que afectan a la identidad, tanto personal como social, incluso de los no vasco-parlantes. No puede haber libertad lingüística sin igualdad de las lenguas entre las que optar.
B) Reivindicar que la cooficialidad debe ser interpretada como igualdad jurídica de las lenguas. El definir la igualdad personal en referencia solo a una de las lenguas, como hace el TSJPV, constituye una aberración. El bien jurídico a defender en primer lugar es el derecho humano.
C) Tomar en consideración que la sociedad futura va a estar constituida por personas bilingües y plurilingües, a las que asiste el derecho humano de la comunicación en la lengua elegida.
D) Reivindicar el euskara como un patrimonio europeo e internacional, cuyo reflejo debería constar en pactos interautonómicos e internaciones.
No es democráticamente ni jurídicamente satisfactorio el plantear un debate ideológico sobre el estatus europeo de lenguas minorizadas, que España firmó en 2001 pero no cumple, y que Francia ni siquiera ha firmado. Y ello, aunque dialécticamente sea legítimo utilizar dicha alusión. Mientras el euskara no sea una lengua de igual rango legal, será una lengua oprimida, aunque no lo sea al nivel de nuestros antepasados monolingües, sino con formas más suaves, pero no por ello menos dañinas e injustas.
El también evidente que, aunque cada uno de estos principios trascienda del ámbito de un artículo, resulta obvio la urgencia de su socialización, entre otras cosas, por cuanto el impacto de algunas sentencias y resoluciones políticas resulta cada vez menos soportable. No solo para los vasco-parlantes, sino para todas y todos los demócratas que no se supediten al centralismo, sean políticos, sindicalistas o juristas.
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