No voy a entrar en una valoración del término, cuando ni siquiera la comunidad internacional tiene una definición unificada para el mismo. La voladura del Nord Stream ha sido un acto legítimo para Biden y sus aliados, mientras que, según las crónicas, la del oleoducto de la hoy Repsol en Tarragona por ETA en 1987 fue un acto terrorista. Hay numerosos puntos de vista y centenares de flecos. Pero sí, en cambio, quiero poner el acento en esas «celebraciones» que hace la Comunidad Autónoma Vasca a cuenta del concepto «víctimas del terrorismo», al que dedica tres días al año: 11 de marzo, 27 de junio y 10 de noviembre.
Los dos partidos de Gobierno de la CAV en la actualidad, PNV y PSOE, sacaron adelante en cada ocasión la elección de las tres fechas. La de marzo por ser el aniversario de la matanza yihadista en Madrid, la de junio por ser supuestamente el día en que ETA se cobró su primera víctima mortal (una mentira trasmitida precisamente por los dos socios de Gobierno en Gasteiz) y la de noviembre «elegido por ser el único del calendario en el que tras décadas de terrorismo no se produjo ninguna víctima».
La del 11 de marzo lo ha sido en memoria de las que ocasionaron diez bombas yihadistas en Madrid, en 2004. El Gobierno del Partido Popular achacó la autoría a ETA, negando otra posibilidad y calificando de «intoxicadores» y «miserables» a quienes la sugirieran. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su Resolución 1530, reprobó unánimemente a ETA por el atentado, tras propuesta conjunta de España y Francia. Dicen que las resoluciones del Consejo de Seguridad son eternas y que no se pueden borrar, aunque sean mentira. De esos recuentos, faltan Ángel Berroeta y Kontxi Sanchiz, que pagaron con su vida la búsqueda de la verdad.
Estas «celebraciones» son de parte. Sin ningún tipo de equidistancia y menos de asunción de responsabilidades. Siguen existiendo víctimas de diversa categoría y otras que ni concurren. Del 10 de noviembre, en el que el Instituto Gogora se encarga de lanzar a los cuatro vientos que ese día fue afortunado porque no hubo víctimas de ETA, al menos 94 hombres y mujeres vascas tendrán un recuerdo dramático, con secuelas de por vida. Porque ese mismo día, en diferentes años, estaban siendo torturados por agentes policiales, según informes de Euskal Memoria y del IVAC, estos últimos encargados por el Gobierno Autonómico de Gasteiz y el Foral de Nafarroa. Ayuntamientos de localidades como Barakaldo, Usurbil, Donostia, Zornotza, Urnieta, Bilbo, Iruñea, Getxo, Zumaia, Oñati, Lasarte, Lakuntza, Durango, Azpeitia, Arbizu, Ordizia, Hernani, Orereta… podrían salir a la calle y desplegar una pancarta con todos sus ediles detrás de ella, para denunciar que un 10 de noviembre, hijos e hijas de su pueblo estaban siendo salvajemente torturados. Golpes, bolsa, electrodos, intentos de violación…
Con motivo del 11M, la primera de las conmemoraciones anuales, el mensaje transmitido desde la lehendakaritza de la CAV ha seguido también las pautas de invisibilizar un terrorismo que tiene lazos tan poderosos como para apoderarse del relato institucional. El lehendakari, para empezar, ha utilizado el relato de una de las partes, el de Covite, la asociación que preside Consuelo Ordoñez, dando la espalda a los generados por su propio Ejecutivo. Dice Covite que «las consecuencias del terrorismo de ETA fueron 853 asesinados –la cifra que da por válida Urkullu, más abultada que la de su Gobierno–, 2.597 heridos, 10.000 extorsionados y 100.000 forzados al exilio».
Así, cuando el lehendakari hace la referencia a las víctimas no mortales, se acuerda únicamente de la extorsión a los empresarios. Hubo otra extorsión multimillonaria e invisibilizada a través de los impagos a las asociaciones electorales legales, a través de los costes del alejamiento de los presos, a través de las multas sistemáticas desde llevar un kaiku en tiempos de Melitón Manzanas, hasta pedir a un agente ser dispensando en euskara, esta vez ya en 2018. El 10 de noviembre, por cierto, fue la fecha elegida por Patxi López cuando las expresiones de un sector del pueblo vasco relacionado con la izquierda abertzale habían sido ilegalizadas.
También quedan fuera de estos recuentos los miles de heridos en dependencias policiales, en manifestaciones, en atentados soportados por el Estado. El abogado Miguel Castells apuntaba que entre junio de 1977 y el mismo mes de 1981, las fuerzas policiales habían herido a 807 personas, y los grupos paramilitares a 166. Hagan una extrapolación. Asimismo, hubo decenas de secuestros de ciudadanos sin juzgar que fueron enviados a países de América y África, abandonados a su suerte. Sobre la política penitenciaria, la más dura de Europa a decir de sus impulsores, poco más se puede añadir que no sepa el lehendakari, cuyo partido fue uno de los más fervientes defensores.
Es evidente que, al margen de la utilización fraudulenta de las cifras, la actividad de ETA causó dolor y generó víctimas. Esperarán el «pero» que lo hay. Y ese «pero» se refiere al tratamiento de todas las víctimas. Hubo vulneraciones de derechos humanos y civiles. Hubo una utilización de fondos públicos para ayudar a delinquir en nombre de la «razón de Estado». Y todo eso merece ser también reconocido. En la misma medida de resarcimiento que a las llamadas «víctimas del terrorismo», las de parte.
Sin embargo, continúa la utilización torticera del relato. Con un discurso del lehendakari cuyo objetivo es sacar rédito electoral, para recolectar 85.000 votos en los caladeros de los votantes de la derecha española en la CAV. No estoy sugiriendo, que podría, que Gasteiz dedique tres días al año al llamado Holocausto Victoriano (colonialismo) u otros tantos a las víctimas de los últimos conflictos a los que los jóvenes vascos fueron obligados a guerrear (servicio militar). Simplemente que, si queremos un futuro compartido, seamos capaces de que esa empatía que pedía Urkullu sea sincera y no una nueva trampa demagógica.
Naiz
