Sobre la inexistencia aquí de «sociedad civil«, disertaba no hace mucho, nada menos que el actual Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, pues consideraba «que, en Navarra está muy muerta«. Afirmación que, a primera vista, sorprende más en su boca, por su aparente espontaneidad. Pero entonces, ¿A qué se refiere con sociedad civil?, y contesta: «a colegios profesionales, asociaciones, gente que se agrupa. Y de eso en Navarra hay muy poco. Siguen opinando los mismos que hace 20 años: Gobierno, patronal, sindicatos y Cámara de Comercio«.
Lo cierto es que, este político español, no se refiere a la sociedad navarra asociativa, viva, pero negada y ocultada; se está refiriendo a una Navarra oficial, sumisa y colaboracionista con el poder del Estado español o francés. No se sabe con qué grado de conciencia y voluntad, pero ha dado en la diana, al descubrir que la sociedad navarra se halla negada, o hibernada. Cuando él, como observador privilegiado, dice que en Navarra la sociedad civil está muy muerta, y que siempre son los mismos los que opinan, solamente lo hacen, según dice, el Gobierno de Navarra y algunas organizaciones sindicales y empresariales; luego supone que todos los demás no opinan. Quizá será porque no quieren, o aún opinando no son sociedad civil, o no son navarros. Pero evidentemente en general todos los seres humanos quieren no sólo opinar, sino decidir sobre lo que les incumbe porque tienen derecho a ello. Algo que no comparte el actual Gobierno de Navarra ni su audaz Vicepresidente y Consejero.
Hay que partir de la comprensión de la sociedad civil como un todo, aún en su pluralidad extrema, pues tratarla parcialmente traerá como efecto disminuirla y subordinarla. Todos sus aspectos, -economía, política, cultura-, se hallan interrelacionados, ninguno de ellos puede entenderse aislado. Si falta alguno de ellos, el conjunto de la sociedad, como sistema no se halla en su plenitud y carece de libertad.
El poder dominante, ante la presión que la sociedad civil subordinada llega a ejercer, se ve obligado a veces a consentir, pero poniendo toda clase de limitaciones y trabas, la utilización de algunos aspectos del acervo negado, ya sea cultural, social, económico o político, pero siempre de forma inconexa y desmembrada.
Así, por ejemplo, si la sociedad subordinada reivindica utilizar su lengua propia, frente al monopolio de la lengua del poder, se llegará a permitirle que, con gran esfuerzo, pueda mantener escuelas en su idioma, pero siempre limitando los contenidos docentes y de forma supeditada a la lengua dominante del Estado. Sobre todo sin que se le permita relacionarla con los otros aspectos del sistema, tanto económicos, sociales como políticos, y nunca entendido como derecho irrenunciable de la sociedad civil subordinada.
En el campo de los derechos económicos, la sociedad civil dominada se halla inerme bajo el expolio que padece. A este respecto, acaba de hacer público, el mismo Consejero de Economía y Hacienda, que el cupo a entregar al Estado por el año 2007 es de 700 millones de euros y que el «otro cupo», vía superavit de tesorería de la seguridad social, no regulado en el convenio económico, es de 600 millones de euros este último año, a lo que hay que añadir los impuestos sobre carburantes, el IVA, etc. Millones de euros que se quita a la sociedad navarra, sin reinversión apreciable. Ejemplos de ello, la implicación de los responsables políticos en desvíos ilícitos de fondos públicos, corrupción y caciquismo. Para ello necesitan la ocultación y hasta la demonización de toda la sociedad civil real.
La subordinación política, se plasma en la muralla que se cierra frente a los derechos democráticos de los navarros y a que se cumpla su voluntad política, cuando estos manifiestan democráticamente su decisión de cambio político. Así, el fiasco del PSOE Y UPN, para evitar la entrada en el Gobierno de fuerzas políticas representativas de lo que quiere la mayoría del conjunto de la sociedad civil navarra. La subordinación social, también está ejemplificada en el veto a las fuerzas sindicales navarras que no dependen de UGT y CCOO.
Puede ser que, este destacado miembro del Gobierno, confunda la impostura que ellos mismos le montan a Navarra, con la realidad. Quizá, no se ha apercibido de que en Navarra, la sociedad civil real se ve obligada a arreglárselas por sí sola, para poder hacer frente a las consecuencias de la negación a que está permanentemente sometida. Lo que ocurre en todos los campos y facetas: la educación, la hacienda pública, la tercera edad, los derechos sociales, políticos y civiles, la economía, la cultura, la sanidad y la medicina en general, los medios de comunicación, los idiomas, infraestructuras, vivienda, el patrimonio monumental y arqueológico, etc.
Ante los desmanes del poder dominante, la sociedad subordinada tiene toda la legitimidad y derecho para reaccionar y organizar su defensa. Entre nuestros símbolos colectivos se halla precisamente el de los «infanzones de Navarra», que solían reunirse en Obanos, cuya divisa era «pro libertate patria gens libera state». Su existencia fue temporal, último tercio del siglo XIII y primero del siglo XIV, durante el tiempo en que la Corona de Navarra estuvo en manos de la casa de Francia (1270-1335).
La sociedad civil de entonces tuvo que paliar, las insuficiencias del Estado haciéndose cargo de aspectos tan señalados como la seguridad, la administración de justicia y la defensa. Su función no fue necesaria cuando el Estado navarro volvió a prestar dichos servicios públicos. Hoy el Estado propio es la garantía del cumplimiento de los derechos humanos, civiles y políticos, así como de la soberanía social imprescindible para que exista la democracia.
2. CONFLICTO DE DERECHOS
Más que en un conflicto de identidades, en realidad estamos inmersos en un conflicto de derechos (políticos, sociales, económicos y culturales). Se oye a menudo lo del «conflicto de identidades», que suena como una muletilla empleada sin precisión y demasiado alegremente, con rebuscada generalización. Aunque en algunos casos le dan un significado sociopolítico, pero a la vez con un sentido errático y frecuentemente desacertado.
Hace no mucho, para referirse a la misma sociedad, supuestamente dividida en dos, se oía orquestadamente aquello de las dos comunidades: la vasca y la navarra. Menos mal que ya se emplea menos. Hablando con propiedad se trata de una misma sociedad plural, en lo político, social, cultural y lingüístico. Pero en cambio, lo de las comunidades ha sido reemplazado, con idéntico extravío, por las identidades. Tan equivoco fue hablar de razas, etnias o pueblos, para referirse a sociedades estructuradas en Estados, como lo es ahora hacerlo en referencia a identidades.
3. AUTONOMÍA VERSUS SOBERANÍA
La búsqueda de la paz es una actividad por la que merece la pena comprometerse, sobre todo en el caso de los miembros de la sociedad subordinada. La pervivencia del llamado conflicto político, no se debe a problemas identitarios o constitucionales, sino a la situación de subordinación que padece la sociedad a la que se le niegan, de forma sutil o airada, sus derechos.
La autonomía trata del gobierno de lo propio, pero sin que se reconozca la existencia de la sociedad diferenciada, mantenida de forma dependiente e integrada bajo un poder ajeno, considerado superior e intangible. Es decir, la autonomía se inscribe en el ámbito interno del Estado ajeno dominante y se halla, de forma antidemocrática, subordinada al poder estatal de la sociedad soberana no propia. La autonomía trata en la práctica de obviar la justa solución a la problemática autodeterminativa, que siempre es soberanista.
Por el contrario, la soberanía no admite a un poder superior que la subordine. La soberanía se basa en la libertad de decisión de una sociedad no condicionada por otra, lo que hace posible la democracia. Ese es precisamente el sentido que tiene el principio constitucional navarro, anteriormente citado, «para hacer posible la libertad de los ciudadanos, que el Estado sea libre», significado que completa el contenido del mensaje: «pro libertate patria gens libera state», «para que el Estado propio continúe libre, que los ciudadanos sean libres» y viceversa.
La soberanía es la libertad de la sociedad, por la que tiene la capacidad de no ser dominada por otra y de vivir según las reglas que se da a sí misma. No existe soberanía si el Estado propio no es libre, porque una potencia extranjera le dicta sus leyes. No hay democracia sin sociedad soberana. Estas consecuencias tienen su causa en la injusta guerra de conquista, ocupación y depredación del Estado europeo de Navarra, durante ochocientos años, a manos de Castilla-España y Francia.
La Unión Europea algún día llegará a descansar sobre la plural y diversa soberanía de su ciudadanía, pero antes deberán efectuarse importantes cambios en los Tratados europeos, ya que el actual acervo jurídico europeo hace posible la existencia de situaciones de desigualdad y subordinación, que injustamente padecen sociedades dominadas por otras. Por ello, Irlanda, Navarra (Euskal Herria) o Escocia, entre otras, son problemas políticos a nivel europeo.
Las diferencias que se aprecian en los procesos de Irlanda y Navarra (Euskal Herria) se explican por las diversas concepciones que en los respectivos ámbitos se dan de la soberanía. Así, por un lado, mientras la Europa occidental continental está poseída por una esencia absolutista-católica- jacobina, la concepción existente en las islas británicas emerge de una construcción nacionaldemocrática- protestante. En sus raíces el discurso político en Francia y España, no descansa sobre las mismas bases político filosóficas que las de las islas británicas. Ello influye en que los comportamientos de los agentes sociales y políticos, en ambas zonas, difieran notablemente.
De ahí que, dentro del área de influencia anglosajona, en Sudáfrica, Irlanda o Canadá, sale adelante el mutuo reconocimiento para dialogar de igual a igual y resolver los problemas. En cambio, observamos que, el Reino de España y la República Francesa, en lo referente al reconocimiento de los derechos civiles y políticos, o a la soberanía de las diferentes sociedades, tienen en la práctica el lastre de unos principios y comportamientos muy alejados con respecto a los del ámbito que fue británico. Un ejemplo paradigmático es qué hubiera pasado con Gandhi, si en lugar de en la India británica, su actividad pacifista se hubiera desarrollado en la Cuba o las Filipinas españolas.
Este asunto de la soberanía es el más serio que tiene pendiente esta ciudadanía. La territorialidad política sólo es un atributo de la sociedad soberana y de su estatalidad. Los territorios, arbitrarias particiones fruto de los Estados dominantes, español y francés, no deciden, ni tienen derecho a decidir, es la sociedad en su conjunto la que puede hacerlo. La soberanía es el faro cuya luz indica, si se camina en la dirección correcta en igualdad, justicia y democracia.
La diferencia entre soberanía y autonomía es insalvable. La escalera soberanista y la autonomista no son intercambiables. La escalera soberanista conduce a la soberanía, la escalera autonomista lleva a la autonomía. Para no dar palos de ciego, esta sociedad tiene la necesaria legitimación de su propia soberanía y el referente de la estatalidad en Europa, anterior a fechas como 1200, 1512 o 1620.
10.02.2009
