La Generalitat de Cataluña anunció hace unos días lo que presentaba como la fórmula ideal para hacer frente al saqueo de los bienes personales de cerca de cuarenta dirigentes políticos y funcionarios catalanes por parte del Tribunal de Cuentas español. Era, ya saben, la creación de un fondo complementario de riesgos que debía permitir que se avalaran las fianzas de los represaliados. El funcionamiento de este fondo implicaba que una entidad financiera haría el aval ante el tribunal, con el contraaval de la Generalitat y este fondo de riesgo.
En la conferencia de prensa en que se anunció el mecanismo se repitieron una y otra vez dos conceptos. El primero, que este sistema hacía imposible que los gestores actuales de la Generalitat pudieran más ser acusados de malversación. En la editorial que escribí al día siguiente ya dije que esto era sólo una ilusión, sin ningún fundamento, en vista de todo lo que hemos vivido hasta ahora. Y el segundo concepto, que se repitió ampliamente, es que no habría ninguna dificultad para conseguir que un banco entrara en la maniobra, porque la cantidad se podía considerar, y efectivamente lo es, pequeña y nada arriesgada comercialmente.
Pero ayer topamos con la realidad cuando supimos que, de momento, ningún banco no ha accedido a participar en el mecanismo, por lo que el Instituto Catalán de Finanzas se prepara para avalar los 5,4 millones de euros de fianza. No quiero llamar al mal tiempo, pero, tal como están las cosas, yo no estoy nada seguro de que el ínclito Tribunal de Cuentas acepte este aval. Sea como fuere, el episodio me parece revelador porque pone de relieve la inocencia del gobierno, y eso es muy preocupante.
Si hablaran en términos puramente de relación de banco y cliente, no hay duda alguna de que cualquier banco avalaría o contraavalaria la Generalitat de Cataluña en cualquier operación que le presentara de un volumen de diez millones de euros. Lógicamente, aplicando las cláusulas comerciales debidas, que serían más o menos altas, sobre todo según el riesgo de la operación. Pero, efectivamente, no es imaginable que, dejando de lado la política, un mecanismo como éste pueda originar problema alguno. Pero pasa, ¡ay!, que, tanto si lo quieren entender y asumir como no al Departamento de Economía o el Palau de la Generalitat, en cualquier cosa que haga referencia a Cataluña y en la que España esté de por medio ya no se puede dejar, nunca, aparte la política.
Que CaixaBank, el Sabadell, el Santander, el BBVA o cualquier banco de estos no quieran participar no tiene explicación racional alguna que no sea o bien el miedo de alguna represalia o bien una llamada política indicando que ni lo piensen. Lo vuelvo a decir: en términos comerciales una operación tan simple casi la podría resolver una sucursal cualquiera de cualquier calle. Si no pasa, pues, debe ser por algo. Y la única imaginable es una presión directa en contra.
Como la Generalitat no dice qué bancos no han querido participar, no sabemos el alcance de las posibles presiones y hay lagunas sorprendentes que sería bueno aclarar. Sorprendería mucho, por ejemplo, que hubieran acudido a bancos internacionales y éstos se hubieran doblegado, pero no sabemos si lo han intentado. Y sería especialmente sorprendente también que la Generalitat no hubiera usado su fuerza comercial ante la entidad que gestiona las 215.384 nóminas que cada mes carga la institución. Pero ahora, en resumidas cuentas, lo importante es que la jugada del ejecutivo no va bien y aunque encuentren algún banco a última hora -y tanto mejor- la cosa es significativa.
Significativa porque en estos hechos hay una lección implícita que el gobierno, y el país, deberían asumir: la persecución no es por lo que haces sino por quien eres, no ha sido nunca por lo que hemos hecho sino por quienes somos. Y el problema, en consecuencia, no es el código penal sino el código postal, si se me permite el juego de palabras. Dicho algo más crudamente: el gobierno de ERC y Junts puede soñar que tendrá una vida tranquila y apacible si durante dos años no hace nada por la independencia ni estimula la confrontación. Pero esto no cambiará la actitud agresiva y de ir a todas que recibirá desde España -desde el Estado profundo y el superficial, desde el régimen, incluso desde la sociedad española-. De modo que el precio de la no independencia y la no confrontación es tan alto -ni un triste aval no podrás conseguir si ellos no quieren… -, que no avanza hacia parte alguna y ni siquiera vale la pena.
- Y una adenda, todavía. ¿Es verdad que todos estamos de acuerdo que un conflicto político no se puede resolver por la vía judicial? Pues, del mismo modo, y por la misma razón, un conflicto político no se puede resolver con decisiones técnicas. Los encausados por el Tribunal de Cuentas español lo son por motivos estrictamente políticos, no porque hayan hecho nada ilegal ni mal hecho. Esto que intenta el gobierno es una vía muerta y, además, incoherente.
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