El Gobierno ha colgado en el portal www.archivoabierto.navarra.es 1.538 sentencias del Tribunal de Responsabilidades Políticas que, tras la Guerra Civil del 36, juzgó a los republicanos más significativos. Fueron sometidos a juicios sumarísimos, muchas veces sin acusación contrastada ni posible defensa, con jueces militares y penas de multa y destierro firmadas, por ejemplo, cuatro años después de ser asesinados y arrojados a las cunetas.
La mayoría de las sentencias son condenatorias. Afectan a alcaldes, concejales, funcionarios públicos o sindicalistas, con acusaciones tan variopintas como promover la fundación de la UGT en un pueblo, aplicar una legislación laica en las escuelas municipales o simpatizar con partidos de izquierdas o nacionalistas.
Fueron juicios sin garantías, producto en ocasiones de la delación, realizados tras una guerra fraticida que comenzó con un golpe de estado contra el sistema legal republicano y para los que, desde Andalucía o Catalunya, con los casos de Blas Infante y Lluís Companys como ejemplo, ya se ha pedido la anulación. El Parlament también va a solicitar la reparación jurídica de todas las víctimas por encima del manido argumento de que generaría una inseguridad legal.
Las sentencias liberadas por el Gobierno de Navarra se pueden descargar íntegras y pertenecen, al menos en el caso de Olite/Erriberri, a un mismo tribunal regional del que forman parte Eladio Carnicero, Joaquín Ochoa de Olza y Leocadio Tamara, que generalmente hace de ponente en sentencias que se dictan entre los meses de mayo y noviembre de 1940, un año después de acabada la guerra.
Comienzan con la identificación del acusado, nombre, profesión, solvencia económica…. y, a continuación, señala el resultado de la inculpación con datos bastante generales, algunos imprecisos y hasta erróneos. Los considerandos son similares en todos, mientras que el fallo varía en función de distintos parámetros que condenan o eximen a los acusados, normalmente imponen una severa multa y dictan órdenes de destierro aún cuando el protagonista ya está muerto.
Llama la atención por su dureza sentencias contra ancianos de 79 años, concejales republicanos fusilados en los primeros días del golpe a los que se tasa su fortuna en 59.350 pesetas e impone, por ejemplo, una multa de 15.000. A un alcalde le recuerdan que en su mandato fueron sancionados derechistas que se manifestaron contra la retirada de crucifijos de las escuelas municipales y a otro ser “entusiasta de Azaña”. Los sindicalistas forman otro grupo de expedientados a los que les cae de todo, hasta que “no cumplían sus deberes religiosos”.
Entre tanto sarcasmo y condenas a multas y destierros a gente que ya estaba en la fosa desde hacía años, alguna de las sentencias son más benévolas y absuelven a los acusados. Ocurre esto con inculpados de ser “simpatizante con la UGT”, aunque “no se ha probado estuviera afiliada”. También, si tras la sublevación el sospechoso había cambiado de bando al de los tercios de requetés o banderas de falange, el tribunal lo absuelve y dicta que se notifique a sus herederos para que puedan recobrar los bienes embargados.
La liberación de las sentencias y su publicación en el portal del Archivo de Navarra avanza en el primer requisito de conocer la verdad, que, después de 80 años, todavía es nebulosa. En cuanto a la justicia, hay que pensar que irremediablemente no llegará nunca a las víctimas ni a los familiares directos, si vive alguno.
Es la reparación por parte de los poderes públicos el poco bálsamo que queda, y de ahí la necesidad de que estas sentencias difamatorias, que mancillan el honor de personas que no pudieron ni defenderse, sean ahora arrancadas del libro de una historia humillante. Porque somos lo que recordamos y, por respeto a nosotros mismos y a ellos, no podemos vivir sobre cimientos de mentira aunque lleven membrete de juzgado.
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