Hace varios años que me pidieron participar en un consejo asesor donde coincidí con un gran experto en negociaciones de altos vuelos. Una vez que él y yo estuvimos de acuerdo en una decisión que había que tomar, y yo, sin mucho tacto ni experiencia, lo ví muy evidente apenas comenzar la reunión. Cuando terminamos, se me acercó y de manera elegante me recriminó: «Si se te nota demasiado qué quieres, puedes acabar alertando a quienes todavía no saben que no lo quieren’. La anécdota me vino a la cabeza cuando vi el editorial del jueves del diario El País: ‘Apartar a Puigdemont’ (*).
La operación de apartar a Puigdemont se activó al día siguiente del referéndum de autodeterminación, pero ahora, como explicaré más abajo, se reviste de una urgencia especial. Porque España cree que puede que una parte del independentismo político sopese dejarlo estar y porque el juicio del Supremo quedaría pulverizado si se utiliza la vía del Tribunal de Luxemburgo que él abrió con la sentencia alemana.
El Estado español trató de apartar a Puigdemont primero por la vía electoral y luego por la judicial. Hay que recordar el interés que el PP tenía en que participara en las elecciones del 21-D, convencido de que se estrellaría. Y los titulares alegres de la prensa del régimen cuando fue detenido y encarcelado en Alemania. De las dos primeros trampas se escapó con la histórica victoria judicial de Schleswig-Holstein y con la del 21-D. Pero el parlamento ya no lo invistió y, por alguna razón que no se acaba de entender, parece que los presos políticos no quieren usar la victoria judicial de Puigdemont, que es clave no sólo para su libertad individual sino por en la de todos.
Ahora, con la ayuda del clima forjado por las encuestas, el Estado ha vuelto a oler la sangre y el periodismo patriótico español se ha volcado a ello, desoyendo el consejo que me dio aquel experto: «Si se te nota demasiado qué quieres, puedes acabar alertando a quienes todavía no saben que no lo quieren’. La Vanguardia se ha inventado un partido autonomista con la excusa de Marta Pascal. Y El País se ha añadido al asunto con este editorial en el que incluso ya se permite dar instrucciones concretas a Artur Mas y Oriol Junqueras sobre qué deberían hacer para destruir Puigdemont -y al president Torra, de paso-.
La prioridad es clara: más allá de destruir a la persona, quieren desterrar la legitimidad del primero de octubre, arrinconando a quien por razones obvias no podrá en ningún caso dejar de representarla. Hay quien participó en ese referéndum y ahora dice que no valió. Pero Puigdemont no podrá hacer esto nunca, porque dejaría su vida sin sentido.
Evidentemente, Puigdemont ha cometido errores importantes, incluida esta gran confusión de siglas y proyectos, que le puede pasar una cara factura electoral. Pero esto no debería hacernos olvidar que, visto desde la cocina del Estado español, Puigdemont es el peligro mayor. Y que está en nuestras manos hacer que lo siga siendo o bien hacer que se convierta en marginal.
Puigdemont es el peligro mayor porque encarna la derrota constante del Estado. Dio la orden de llevar adelante el referéndum cuando los jefes de los Mossos le amenazaron. Dio la orden de llevar adelante la proclamación de la independencia cuando husmeó que Rajoy le engañaría. Representó el independentismo ganador el 21-D. Se arriesgó en Alemania y pasando por la prisión de un sistema judicial no corrupto destruyó la estrategia judicial española con la sentencia de Schleswig-Holstein. Y evidentemente representa el gobierno legítimo. Y el Consejo de la República. Y, por lo mismo, la creación de instituciones que ya no son españolas. Puigdemont falla en muchas cosas y el 27 de octubre no fue hasta donde queríamos que fuera, pero no se deja asimilar y al cabo no tiene la gestión de una autonomía española sino la concreción y el reconocimiento de la República Catalana. Aparte de que no hace falta ni decir que representa la lucha por la independencia en cualquier redacción del mundo, en cualquier plató televisivo.
Con todo este bagaje, es evidente que bastaría con que cualquier gobierno español, fuera cual fuere, lo definiera como el enemigo número uno. Pero en este momento creo que hay dos razones especiales que hacen que para ellos sea una urgencia apartarlo.
La primera es la conciencia de que todo esto no se acabará hasta que él no vuelva. España ha optado por intentar destruirlo todo, pero sabe que no lo conseguirá. Y sabe que si quiere evitar la separación traumática de Cataluña deberá pactar una fórmula nueva de relación. Pero esta fórmula, que tiene mucha gente dispuesta a pactarla, no será creíble con Puigdemont en el exilio. Haría falta, como paso previo, una operación Tarradellas ‘para cerrar el pasado e intentar que Cataluña realmente volviese a España. Y, en consecuencia, o convences a Puigdemont de hacerla, que no parece fácil, o haces que ya no sea nadie ni a nadie represente, lo que tampoco es fácil, pero que puede captar mucha más colaboración, incluso de algunos sectores independentistas.
Sin embargo, a corto plazo creo que todavía hay una segunda razón mucho más importante, que explica la impaciencia demostrada por El País, relacionada con el juicio.
Yo todavía no entiendo qué pretenden demostrar los presos con la estrategia de someterse cada día más a las arbitrariedades de la justicia española. No veo qué estrategia ganadora hay en esa sala del Supremo. En cambio, sí hay una ganadora, que se derivaría, si se quisiera utilizar, de la sentencia alemana sobre Puigdemont. Los abogados de los presos podrían pedir la presentación al Tribunal de la Unión Europea, en Luxemburgo, de una cuestión prejudicial que dejaría a España en el punto del KO.
Porque hay que recordar que el tribunal de Schleswig-Holstein no se pronunció sobre tipos penales ni sobre equivalencias, sino que fue al fondo. Y dictó que los hechos, los hechos de los que España acusa al gobierno legítimo de la Generalitat, no son constitutivos de delito, sino el ejercicio de derechos democráticos fundamentales. A partir de ello, utilizando el artículo 267.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y acogiéndose al principio de la libertad de circulación y al concepto ‘de justicia sin fronteras interiores’ que se definen en el artículo 3.2, habría que decir al Tribunal de la Unión Europea que no puede haber dos sentencias contradictorias sin invalidar los dos principios básicos de la Unión que representan el espacio de justicia sin fronteras y el derecho de libre circulación, en este caso de los exiliados. Y una sentencia, más que previsible, favorable a los presos catalanes del Tribunal de Luxemburgo significaría el fin rápida de esta grosera exhibición de arbitrariedades que vemos cada día en el Supremo español. Todo el mundo sería puesto en libertad y España debería asumir que el Primero de Octubre fue legítimo y legal.
La pregunta, en todo caso, es por qué no se hace esto. Y la respuesta tal vez se le ha escapado, sin quererlo, al editorialista de El País. De cualquier modo, nosotros no deberíamos olvidar que, al final, que pase una cosa u otra dependerá sobre todo de la coherencia y la consistencia de la gente. Y dicho esto, hagan lo que crean conveniente.
PS: Un poco de explicación adicional:
El artículo 267 del tratado se refiere a la competencia del tribunal de pronunciarse a título prejudicial sobre la interpretación de los tratados. En el punto 3 deja claro que ‘cuando se plantea una cuestión de este tipo en una causa pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de un recurso judicial de Derecho interno, este órgano tiene el deber de someter la cuestión al Tribunal’. Es el caso del juicio en el Supremo.
Esto significa que tan sólo con que un abogado de los presos pidiera al Supremo la consulta previa en Luxemburgo el Supremo debería aceptarlo. Si no lo hiciera, el caso saltaría automáticamente a Estrasburgo sin necesidad de pasar años.
En cuanto al artículo 3.2, dice: ‘La Unión ofrece a sus ciudadanos un espacio de libertad, de seguridad y de justicia sin fronteras interiores, dentro del cual se garantiza la libre circulación de las personas, junto con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, de asilo y de inmigración, así como de prevención de la delincuencia y de lucha contra este fenómeno’.
(*) https://elpais.com/elpais/2019/04/10/opinion/1554917949_768729.html
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