Seamos responsables, adelgacemos el estado

Con sorprendente sincronía, las dos alas del PPSOE se han manifestado en favor de recortar el llamado estado de las autonomías. Por un lado el hooligan Aznar, con su retórica casposa y de inconfundible hedor falangista. Por otro el discapacitado expresivo Zapatero con su hablar sincopado y escaso de ideas. Ambos parece que están completamente de acuerdo que hay que cargar contra las autonomías, aprovechando esta oportuna crisis, provocada -con su beneplácito- por los depredadores sociales más salvajes, que han crecido durante sus respectivos mandatos.

El estado de las autonomías ya fue un invento improvisado para aguar las aspiraciones legítimas de las llamadas naciones históricas. Además de conceder autonomía a quien ni la quería ni la había pedido, el invento sirvió para descuartizar territorios históricos y blindar la posibilidad de que se asociaran entre ellos. Y todo esto se hizo sin adelgazar el estado. En vez de eso, consistió en duplicar o incluso triplicar administraciones. Ni siquiera eliminaron las instituciones netamente coloniales que son las diputaciones provinciales (no olvidemos que provincia, en latín, quiere decir tierra vencida). Ahora mismo, ministerios como el de cultura o el de agricultura y pesca tienen todas las competencias transferidas y, sin embargo, continúan contando con muchos miles de funcionarios, que cobran sus sueldos y con un presupuesto propio, que incluye el sueldo de los correspondientes ministros y una generosa partida de gastos de representación.

Si es verdad que estamos en crisis y hay que recortar gastos, recortémoslas. Como en una familia, en un estado se deberían recortar primero las más prescindibles. Los gastos superfluos que no proporcionan ningún beneficio evidente, y que pueden abandonarse sin necesidad de grandes esfuerzos ni privaciones. Eliminemos las diputaciones, eliminemos ministerios, adelgacemos el estado y racionalicemos la distribución del poder. Todo poder que ya se ejerce desde un lugar, no debe ejercerse desde ningún otro. Toda competencia que ya tiene una autoridad asignada (es por eso que se llama ‘autoridad competente’) no debe caer en manos de ninguna otra institución.

En tiempos de crisis hay que prescindir de los lujos. Y es evidente que el estado central es un lujo. Un lujo innecesario e inútil, al menos, para una buena parte de la población, que lo mantenemos económicamente para que -después- actúe descaradamente en contra nuestra en un montón de cuestiones importantes como las balanzas fiscales, la defensa de nuestros derechos lingüísticos o nuestra protección frente al terrorismo fascista. Estamos en crisis: seamos responsables, adelgacemos el estado.

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