Salvar el arte y que te traten de ladrón   

El caso de la no oficialidad del catalán en Europa demuestra que la lengua catalana necesita un Estado propio que la defienda, al igual que Sijena demuestra que el patrimonio cultural que mejor o peor hemos acabado conservando y manteniendo en Cataluña necesita un Estado propio que lo preserve. La decisión del Tribunal Supremo que obliga a entregar a Aragón los murales del MNAC que, en su día, Josep Gudiol salvó en 1936 tras un incendio en Sijena e hizo custodiar por la Generalitat republicana se hace sin haber considerado los informes técnicos que desaconsejan su traslado por el estado delicado de las obras y en tiempos convulsos. En una negociación entre Estados, las discusiones sobre patrimonio se realizan bajo las reglas de la diplomacia y el trato justo. En una situación de dominio, en cambio, no hay nada que discutir: si el sistema judicial español considera contra toda lógica que lo que hizo Gudiol fue un robo, porque ni al arquitecto Gudiol se le considera un amante desinteresado del arte ni a la Generalitat republicana un organismo público legítimo para custodiar bienes culturales como aquéllos, se hace lo que hace. La cantinela españolista del interés común y el patrimonio de todos acaba rápido: exactamente, cuando el beneficiario es catalán. El MNAC no puede ser El Prado, y si los catalanes quieren museos e instituciones propias, que vigilen lo que ponen, porque si es “de todos”, entonces no es “de ellos”, es decir de nosotros, ya que para España nosotros nunca seremos parte de su “todos”, mal les pese a los ‘buenistas’ locales, fans de la santísima moderación y de una triste supervivencia nacional basada en la sumisión al ‘bully’.

Lleida ha vivido todo el proceso del patrimonio religioso de la Franja como una herida dolorosa e injusta, no siempre bien entendida desde el resto del país. Los bienes de la Franja depositados en el Museu de Lleida eran fruto de la recopilación de obras de arte en peligro impulsada por los obispados hace más de un siglo. La amputación del obispado de Lleida en los años ochenta, en una decisión política de la ultraconservadora Conferencia Episcopal Española, allanó el camino hasta el traslado vía Guardia Civil perpetrado en 2017, enviando las piezas de arte no a sus parroquias de la Franja, sino a otro museo fuera de la Franja, el de Barbastro, que necesitaba trofeos, no sólo artísticos sino sobre todo políticos, para ofrecer en nombre del aragonesismo españolista.

La inversión de términos es terrible: si reclamas ser atendido en catalán porque no quieres que tu lengua acabe arrinconada al uso doméstico y privado, eres tú quien está imponiendo la lengua; si conservas el arte cultural de la destrucción y quieres mantenerlo al alcance de todos en museos catalanes, eres un ladrón. En cambio, si eres un Estado, no debes pedir permiso para que tu lengua sea reconocida en los clubes internacionales a los que vayas, ni debes obedecer a jueces que quieren hacer política a costa de tu humillación. Quizás el independentismo está ahora desanimado y desorientado, pero la realidad no deja de alimentar las brasas de los futuros rebrotes.

EL PUNT-AVUI