La creación de un nuevo Estado no depende solamente de una declaración formal de independencia. Sobre todo reclama el ejercicio del poder posterior y el reconocimiento por la comunidad internacional, o al menos de una parte. Es posible, pues, que con una declaración de independencia no es suficiente para situar un Estado en la comunidad internacional. Pero eso, en todo caso, es un fracaso político importante que, además, nadie puede saber si será permanente o temporal. Y que no anula ni, mucho menos, disminuye el valor político de la declaración hecha. Y creo que es imprescindible que tengamos en cuenta este detalle, especialmente en días como estos, en los que la intención y la voluntad de la declaración hecha por el parlamento llega a ser grotescamente negada para tratar de salvar la situación personal momentánea, de prisión, de algunos de quienes la declararon.
Vayamos por partes. Una declaración de independencia es ‘tinta sobre papel’, para utilizar la conocida frase diplomática. Es sabido que una declaración unilateral de independencia no va contra la ley internacional ni siquiera cuando es unilateral, como dejó claro la sentencia sobre Kossove de la Corte Penal Internacional. Pero también todos sabemos que una declaración de independencia sólo adquiere sentido práctico cuando es aceptada por más actores internacionales y el nuevo Estado comienza a funcionar e interactuar con la comunidad internacional. Por lo tanto, puede pasar, y pasa, que una declaración de independencia termine siendo lo que se llama ‘legalmente irrelevante’. Las declaraciones de independencia de Cataluña en 2017, de Crimea en 2014 y de Azawad en 2012, por referirme tan sólo a las últimas, no han producido unos estados reconocibles. Pero el hecho de que sean irrelevantes legalmente no significa que sean irrelevantes políticamente para la comunidad internacional. Porque nadie puede negar que a partir de estas declaraciones los territorios, los pueblos, afectados -Cataluña también- han pasado a ser en la práctica considerados por buena parte de la comunidad internacional como sujetos políticos, con identidad propia. Nadie, hoy, puede defender que los estados del mundo, cualesquiera, tratan de la misma manera a las instituciones catalanas que a las instituciones del resto de las autonomías del actual Estado español. Incluso el permanente boicot del Estado español y la presión internacional que ejerce contra una institución, la Generalitat, que forma parte de su ordenamiento constitucional, es reveladora de la existencia de una situación política única, que afecta sólo a Cataluña.
El porqué de esta singularización se explica fácilmente: la declaración de independencia fue hecha correctamente, de acuerdo con los criterios internacionales.
¿Qué pasaría si una sola persona, o un grupo de amigos, declarasen hoy la independencia de Murcia, o de la Borgoña, o la de Cataluña incluso? Es evidente que nada, no reaccionaría nadie. Ni el Estado español ni el francés se dedicarían a intentar convencer a ningún otro Estado para que no reconociera las repúblicas murciana o borgoñesa, o catalana. Pero esto, en cambio, pasa, de manera intensísima, en el caso catalán y por la declaración del 2017. Porque hay una diferencia enorme entre la voluntad expresada como deseo por un ciudadano cualquiera y una declaración hecha por los representantes políticos efectivos de un territorio determinado. Que es lo que pasó el 27 de octubre de 2017. Y pasó, que quede claro, incluso dejando de lado cuál fuera la intención real de los políticos que la declararon, incluso si era un engaño, tesis que no creo de modo alguno.
En la ley internacional, el concepto de Estado presupone que nunca es una persona o un grupo cualquiera, en cualquier parte, quien puede hablar en nombre del futuro Estado y proclamar la independencia. La proclamación de la independencia sólo la pueden hacer las autoridades capacitadas para actuar como gobierno efectivo del futuro Estado. Y esta condición, precisa e indispensable para salir adelante, se cumplió en octubre de 2017.
Por eso no se puede quitar el valor político que tiene a la declaración de independencia de Cataluña de octubre de 2017 utilizando su falta de efectividad, demostrada hasta la fecha pero que puede cambiar en el futuro, Y curiosamente, en el juicio esto lo tienen más claro los fiscales que los abogados defensores y me parece que los presos mismos. Sólo hay que recordar la angustia de uno de ellos cuando se preguntó en público qué habría pasado si un solo Estado extranjero hubiera reconocido la nueva república.
Ningún estado lo ha hecho. Ni lo hará en las condiciones actuales, con buena parte del independentismo aceptando el marco mental español e incapacitado políticamente por su división. Pero el miedo español de que pueda pasar esto es revelador. Primero, de que no tiene controlada la situación ni puede asegurar a la sociedad internacional que Cataluña ya no es un problema, que es una simple autonomía más, como Asturias o Andalucía. Segundo, de que el asunto interno se le ha escapado definitivamente de las manos, lo que singulariza claramente a Cataluña dentro de la Unión Europea y en la sociedad internacional y tiene efectos directos -como la actuación del mussoliniano presidente del Parlamento Europeo-. Y tercero, reveladora del pánico de que el independentismo sea capaz de volver a la vía de la unilateralidad, encabece nuevamente el envite republicano y sepa aprovechar, en la segunda oportunidad, la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, una declaración políticamente efectiva y reconocible por la comunidad internacional mientras el Parlamento de Cataluña no la derogue, si es que esto ocurre alguna vez.
PS: Lamento tener que explicar todas estas obviedades que serían muy evidentes, no optimistas sino evidentes, si no fuera por la confusión política y por la manipulación mediática. Pero en días como estos, y escuchando según qué discursos al Tribunal Supremo, me siento más obligado que nunca a reivindicar en público el día que escuchamos, aunque fuera unos minutos, que ya éramos libres. Más importante aún: el día que demostramos al mundo que se podía, y por tanto se puede, crear el segundo Estado independiente de los Países Catalanes. Y a partir de ahí que cada uno elija libremente si, a pesar de todo, prefiere dedicarse al hachazo gratuito, a curar la frustración personal a base de negar si hace falta las evidencias.
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