Que no haya inquietud entre los inversores extranjeros en Cataluña es enormemente positivo para el desarrollo económico del país pero es revelador de las ingenuidades que acosan el proceso. El horizonte de una secesión real representa un riesgo de primera magnitud para el rendimiento del capital instalado en el territorio de un nuevo Estado, y si hasta ahora los agentes económicos exteriores no han modificado su actitud como consecuencia del contencioso catalán es, simplemente, porque no ven la posibilidad de la independencia a corto plazo. Pueden captar la reivindicación catalana, pueden calibrar la inminencia de la celebración o no de una consulta, pero la irrupción de una nueva entidad soberana en el corazón de la Europa Occidental entienden que se encuentra muy lejos, si es que no se llega postergar indefinidamente, sea porque no se concluyen las negociaciones con España, porque desde Cataluña no se promueve un gesto unilateral efectivo o porque se encuentra finalmente una nueva formulación constitucional que apacigüe la demanda catalana. No ha sido hasta la semana pasada cuando un medio internacional como el Financial Times ha empezado a plantear el impacto del proceso desde la perspectiva de las inversiones extranjeras alertando, directamente, de que las empresas «ignoran» el riesgo de la secesión catalana. Esta incertidumbre se concretaría tanto por el vacío normativo que genera una independencia (en especial si se produce como consecuencia de una ruptura, como todo apunta que sucedería en el caso catalán) como por las dificultades de viabilidad económica y de retorno de sus deudas que encontraría una España carente de casi el 20 por ciento de su producto interior bruto.
En esta tesitura, si la mayoría política catalana, empezando por el gobierno de la Generalitat, que supuestamente apoya el proceso de emancipación nacional, está dispuesta a llevar el envite hasta las últimos consecuencias es vital empezar a tejer una estructura de protección de inversiones extranjeras. Esta es otra de las «estructuras de Estado» que desgraciadamente se encuentra desatendida. Y es que hay que tener bien claro que si la nueva entidad soberana surge de una ruptura, no hay continuidad en la aplicación de toda la panoplia de tratados internacionales concluidos por España en materia de inversiones. Esto puede suponer una ventaja para las nuevas autoridades porque quedan liberadas de todo compromiso respecto a los activos de las empresas extranjeras en Cataluña (incluyendo los activos de las empresas españolas) y podría eventualmente utilizarse como arma negociadora para concluir los acuerdos con el nuevo Estado, un cebo nada despreciable, por cierto, para forzar a los estados europeos a reconocer la independencia y promover su integración en las estructuras continentales de libertades económicas, empezando por la Unión Europea. Pero hay que tener presente que la materialización del divorcio con España podría generar en los meses precedentes una situación de desestabilización y de fuga de recursos con capacidad para abortar la constitución del nuevo marco político. Y eso es lo que se puede intentar evitar desde ahora regulando sistemas de prevención de conflictos de inversión por parte de la administración catalana que ponga las bases de las garantías ofrecidas en los futuros acuerdos concluidos por el nuevo Estado y que genere confianza a las empresas extranjeras y sus gobiernos sobre el mantenimiento de los rendimientos de la inversión en el periodo de transición.
La otra pata de la política catalana de atracción de capitales debería contemplar precisamente una vía de financiación alternativa para hacer frente a los costes de la creación de un Estado, el mantenimiento de los pagos del sector público en las fases inmediatamente anteriores y posteriores a la separación y a la gestión de la deuda que mantiene la Generalitat y a la que debería de recurrir el gobierno de la Cataluña independiente. Lo que debería provocar una cierta turbación es la falta de propuestas en estos ámbitos tanto desde la administración como desde la perspectiva académica, como desde el mundo privado. Una consulta, cuyos detalles, por otra parte, siguen sin ser conocidos a cuatro meses de su celebración, es sólo un paso en la creación de los factores de poder que nos han de llevar a la libertad.
EL PUNT – AVUI
