Un estado democrático ni es arbitrario ni es determinista. Entendámonos: arbitrario significa caprichoso e inspirado por un propósito de maldad. Y ser determinista implica que la actuación siempre sigue una dirección, impasible a los hechos.
La arbitrariedad y el determinismo son características típicas de los regímenes autoritarios, no de las democracias. En una dictadura, por ejemplo, no hay procedimientos ni mecanismos eficaces para reclamar cuando el Estado viola la normativa vigente. Muy al contrario, los procesos legales sirven para legitimar decisiones adoptadas por el poder político. Incluso decisiones claramente contrarias a ley.
Observemos, pues, esto que ha pasado con la ‘doctrina Parot’. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por una violación indiscutible de la propia normativa vigente. Violación que consiste en aplicar caprichosamente una norma ilegal propiciada por el poder político. Y contra esta violación no ha habido ningún mecanismo eficaz de reclamación por parte de la persona afectada. Razón por la que ha tenido que recurrir a Europa.
La secuencia es diáfana. El poder político decide que quiere penas más duras para los acusados de terrorismo, aun sabiendo que este propósito es ilegal porque las condiciones de una condena no se pueden modificar retroactivamente. Por lo tanto, toma la decisión con maldad, a conciencia. Esto es grave. Pero aún lo es más que falle el mecanismo que en cualquier Estado democrático compensaría esta maldad: la independencia de la justicia. La justicia no debería tolerar una actuación del gobierno -o del parlamento, si fuera el caso- tan evidentemente contraria a ley.
Porque el trabajo de la justicia es de interpretar la ley estrictamente y sin apriorismos. Sin embargo, como demuestra la sentencia europea, es evidente que en el caso Parot la justicia española en vez de respetar y, si acaso, interpretar la propia legislación simplemente accedió a legitimar una decisión adoptada por el poder político. Prevaricando, por cierto.
La conclusión de este análisis, pues, es que la justicia española actúa con criterios propios de los regímenes autoritarios. Lamentablemente.
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