Por no someter la unidad de España al debate político, prefieren hundir el barco

Damià del Clot, abogado, politólogo y alcalde de Vilassar de Mar, ha publicado en la editorial querían un libro magnífico titulado ‘Lawfare. La estrategia de la represión contra el independentismo catalán’.

Es un relato minucioso, extremadamente detallado e informado, que explica de qué manera el Estado español ha elegido el estamento judicial como sustituto del ejército en el papel de combatir, «por cuestiones de naturaleza política que escapaban del Derecho Penal», la propuesta política de la independencia de Cataluña. Durante la transición, esta tarea había sido adjudicada por la constitución española a las fuerzas armadas -con el famoso artículo octavo-, pero bien entrado el siglo XXI se hizo evidente que había que encontrar un recurso estéticamente más presentable. Y este recurso es el ‘lawfare’, la guerra judicial.

El libro explica de qué manera el estamento judicial español ha violentado todos los principios y todas las reglas, en el afán de conseguir la función política que le había sido encomendada por el Estado. Una función que Damià del Clot define sin rodeos: «retirar de la primera línea a los líderes políticos del proceso».

La lectura del volumen no deja ninguna duda sobre qué nos pasa y por eso mismo es importante. El repaso de la violenta historia de España o la adaptación local de teorías tan respetadas como las de Ernst Fraenkel a propósito de los estados dictatoriales permite a Del Clot formular un alegato técnico muy potente que desmonta y expone a la luz pública la imposición del estado ‘prerrogativo’ por encima del estado ‘constitucional’, por decirlo tal como Fraenkel explicó la locura nazi. Efectivamente, al igual que ocurrió con la Alemania de entreguerras, también la España de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez, de Llarena y Marchena, se ha convertido de hecho en dos estados diferentes: un ‘estado normativo’, donde viven la mayoría de los españoles y donde rige aún el ordenamiento constitucional y la seguridad jurídica; y, al lado, un ‘estado prerrogativo’, o estado excepcional, donde vivimos los catalanes sometidos permanentemente a la arbitrariedad más absoluta. El eco de la «democracia étnica»(1), el concepto propuesto por el sociólogo israelí Sammy Smooha, para explicar cómo un país puede tener democracia mientras masacra una minoría nacional, sobrevuela estas páginas.

El libro no contiene ninguna receta política, más allá de unos párrafos finales demasiado apresurados, seguramente porque no es el objetivo que se había propuesto. Pero ayer, cuando escuché que el Tribunal Constitucional español validaba esta hipótesis -ya desacreditada- del Supremo sobre la vigencia de las euroórdenes de Llarena volví al texto de Damià del Clot para tratar de entenderlo, porque fundamentándose en la razón es incomprensible. Y, efectivamente, también está explicado en el mismo: «La vulneración de derechos fundamentales […] ha sido una necesidad para ‘proteger del debate político’ un metaderecho como es la nación única e indivisible. […] Todos los elementos nucleares del Estado de derecho se han pisoteado, despreciado y aniquilado para blindar una razón de Estado, que ‘no quiere ser sometida al debate político’.».

Desde esta perspectiva, pues, y con esta información, es evidente que no sólo el Constitucional sino todos los órganos del Estado no pueden hacer, ni harán nunca, nada más sino aferrarse al mástil del barco que se hunde en los tribunales europeos. Incluso sabiendo que se hunde. Porque esta operación se ha construido sobre una red de connivencia política entre el Ejecutivo, la cúpula del poder judicial, el Tribunal Constitucional y la monarquía. Y si se cae uno, se caen todos.

(1) https://www.vilaweb.cat/noticies/el-drama-de-la-democracia-etnica-als-estats-units-i-a-espanya/