Este verano, y a pesar de estar viviendo los mayores dilemas sociales, económicos y políticos que haya tenido este país desde los años de la transición, no pasará a la historia por la profundidad de las reflexiones de los líderes políticos de nuestro país. Fuera de la presión del combate diario, cuando los periódicos suelen ofrecer espacio generoso para expresar cuestiones más amplias que durante el curso no tienen cabida, resulta que tampoco las ideas políticas han fluido vigorosas. Uno podría caer en la tentación de pensar que el problema está en las vacaciones de los asesores de los respectivos líderes. Quizás, también, cabría pensar que el desatino de algunas de las ideas vertidas en pleno verano pudiera deberse no tanto al relax del político, sino al periodista suplente que de política sólo sabe lo que ha mal leído en los periódicos. Todo ello podría ser, y a menudo se adivina en lo publicado. Pero tengo la sospecha de que el mal es otro: la política catalana sigue moviéndose en un espacio mental tan reducido que cuando se le plantean problemas graves y claros, da respuestas pequeñas y confusas. Y que conste que no me refiero al posible acuerdo o desacuerdo con tales ideas, sino a su escasa ambición, a su poca solidez y a su carácter errático.
Pondré un solo ejemplo para no hurgar demasiado en la herida. Es inconcebible que ante la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, alguien pueda sugerir un referéndum no ya sobre la independencia de Catalunya, sino que incluya también la posibilidad de pedirnos un estado federal. Debería saberlo un estudiante de primero de Políticas, pero también un ciudadano medianamente bien informado: en Catalunya no se puede celebrar legalmente ningún referéndum que ponga en cuestión el actual orden constitucional español. Apuntar estrategias políticas de cambio sin advertir de que estas no son posibles sin una ruptura previa del marco jurídico-político legítimo es algo inaceptable en un profesional de la política. Y que a la propuesta de Joan Herrera luego se le sumen declaraciones de Pasqual Maragall y otros sólo contribuye a señalar la gravedad del naufragio.
Lo absurdo de la propuesta no sólo está en que es irrealizable, que no es poco, sino que a quien habría que preguntar por si se desea un estado federal y no el autonómico actual no es precisamente a los catalanes, sino a los españoles. ¿Se imaginan el esperpento conceptual que supone una Catalunya aprobando en referéndum un estado federal dentro de una España ya bastante abrumada con sus autonomías? En una encuesta demoscópica puede preguntarse cualquier cosa, incluso si el ciudadano desea dejar de pagar impuestos. Pero imagino que el nuevo líder de ICV sí tiene clara la diferencia en las consecuencias entre una encuesta y un referéndum. En este sentido, y como corolario de lo anterior, que ERC asegure que se ve capaz de arrastrar al PSCoaCiU – ¡y por qué no los dos a la vez!-a tal referéndum de tres opciones es verdaderamente delirante. Si el plan Ibarretxe, que ni tan siquiera planteaba la independencia del País Vasco y que contó con el apoyo mayoritario de su Parlamento, acarreó como reacción un pacto tan ideológicamente aberrante como el actual entre PP y PSOE, ¿cómo pueden ni tan solo pensarse estas originalidades?
Y si estos referéndums no son posibles sin romper previamente con el orden constitucional actual – cosa siempre pensable y por mi parte incluso deseable, pero que habría que afrontar con todas sus consecuencias-,no es menos absurdo que nuestro actual presidente salga con el argumento de que en cada convocatoria electoral ya se ejerce el “derecho a decidir”. Aquí se sigue con la voluntad de crear la máxima confusión, quizás por aquello de que “a río revuelto…”. Es cierto que la inconsistencia jurídico-política de la expresión “derecho a decidir”, y que he discutido tantas veces, merece un juicio severo hacia CiU. Son las leyes las que establecen, en un sistema democrático, a lo que un territorio tiene “derecho a decidir”. Y si se pretende situar tal “derecho” fuera del marco legal, entonces mejor hablar claro no sólo sobre hasta dónde se pretende llegar en los próximos cuatro años, sino también sobre cómo se va a ejercer sin romper la baraja. Pero, en cualquier caso, la respuesta política no puede ser afirmar que tal derecho ya se ejerce eligiendo un Parlamento, porque no es saliendo por la tangente que se encaran los debates políticos. El PSC sigue confundiendo el tener un proyecto claro con tener el mismo de siempre, a pesar de la evidencia del fracaso de su apuesta federal. Negar la existencia de los problemas no es la mejor manera de convencer de que se tiene una solución.
En definitiva: la mayor parte del discurso político estival catalán publicado, con raras excepciones, se ha situado en la más dramática de las inconsistencias. Las elecciones se acercan -eso sí, más lentamente de lo previsto- y de momento no parece que la tensión haga subir el tono. Me gustaría creer que lo oído este verano no es otra cosa que meras maniobras de distracción del adversario. Y pienso que Catalunya realmente sigue expectante a la aparición de nuevas ideas y grandes proyectos para salir del caos. ¡Por favor, sorpréndannos!
