Pérdida de credibilidad

En el momento inicial de la Transición se debatió en el interior de la UCD la conveniencia de llegar a un acuerdo con Jordi Pujol similar al que había en la República Federal de Alemania entre la CDU y la CSU, por el que la UCD no competiría en Cataluña con el compromiso de que el partido catalán liderado por Jordi Pujol se alinearía con la UCD en la política española. Esta posibilidad terminó siendo descartada porque los dirigentes de la UCD consideraron que, para ser un partido de gobierno de España con credibilidad, se debía tener presencia propia como partido en Cataluña. El acuerdo que se alcanzó con UPN posteriormente en este sentido era posible para Navarra, pero no para Cataluña, porque Cataluña no es Navarra.

Un partido de gobierno de España necesita tener presencia en Cataluña, y también en el País Vasco, para tener credibilidad como partido de gobierno. No necesita competir como partido de gobierno en Cataluña y el País Vasco, pero no puede no tener representación en estas comunidades. Casi habría que decir que no puede no tener representación en todas las provincias de España. Pero, en todo caso, lo que es seguro es que no puede no estar en las dos ‘nacionalidades indiscutibles’ que se integran en España de manera diferenciada de los otros territorios.

Tanto el CEO en la encuesta hecha pública la semana pasada como el CIS en la encuesta publicada hoy apuntan a la práctica desaparición del PP en las dos ‘nacionalidades’. Desaparición completa en el País Vasco y un solo escaño en Barcelona.

Es cierto que las encuestas son encuestas y que hay que darles el valor que tienen. Pero estas dos lo único que hacen es acentuar la tendencia que se ha manifestado en las últimas elecciones generales y autonómicas en las dos ‘nacionalidades’. En las últimas elecciones catalanas, si la Comunidad Autónoma de Cataluña hubiera tenido una barrera electoral del 5%, como la que tiene la Comunidad de Madrid, el PP habría sido un partido extraparlamentario. Y el retroceso en el País Vasco también ha sido extraordinario.

Desde que el PP presidido por Mariano Rajoy decidió interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que acompañó con la presión sobre los magistrados del Tribunal Constitucional para que lo resolvieran del modo como lo hicieron y que culminó con su negativa, durante la legislatura 2011-2015 -en el que tenía mayoría absoluta en el Congreso de Diputados-, a entrar en algún tipo de negociación para encontrar un encaje de Cataluña en el Estado, que fuera aceptable tanto para la primera como para el segundo, se quedó sin legitimidad para competir democráticamente en Cataluña y de rebote en el País Vasco.

El partido de gobierno de España debe ser reconocido como tal también en Cataluña y en el País Vasco. Los ciudadanos de las dos ‘nacionalidades’ deben reconocerle un mínimo de ‘imparcialidad territorial’ a la dirección del Estado. Si no es así, es imposible que las mismas puedan sentirse que son de alguna manera parte de este Estado.

Hasta 2011 había sido así. El partido de gobierno de la derecha española ha tenido ininterrumpidamente una presencia, y no una presencia marginal, sino significativa, en estas dos ‘nacionalidades’. Lo suficiente para simultáneamente darle credibilidad como partido de gobierno en España y proporcionarle influencia en la gobernabilidad de estas ‘nacionalidades’. La legislatura 2011-2015 fue la última en la que lo tuvo. Desde entonces el PP ha iniciado una caída, que parece que está llegando a su fin, porque apunta a la desaparición del partido en las dos ‘nacionalidades’.

El error de cálculo de Mariano Rajoy cuando actuó ante la reforma del Estatuto de la manera como lo hizo ha conducido al PP al borde de la desaparición no sólo en Cataluña, sino también en el País Vasco y, como consecuencia de esto, a su más que probable desintegración como partido en toda España. Lo que supuso la ‘rebelión andaluza’ el 28 de febrero de 1980 para la descomposición de la UCD es lo que parece que acabará suponiendo para el PP la rebelión (no el delito de rebelión, sino la rebelión pacífica, pero persistente) de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010.

ARA