Los ciudadanos y las instituciones de Catalunya estamos entrando actualmente en una fase decisiva, la de situarnos en el mundo desde nuestra personalidad nacional diferenciada. Es la fase de la emancipación política colectiva. Como he dicho en alguna ocasión, en los términos civilizados de una democracia del siglo XXI no resulta legítimo obligar a los ciudadanos de una colectividad nacional a permanecer dentro de un Estado en contra de la voluntad de la mayoría. En términos políticos resulta completamente ilegítimo; en términos morales, simplemente impresentable. Esta fase se enmarca en el desarrollo de las democracias liberales del siglo XXI y de la UE. La democracia y la legalidad a menudo están dotadas de tensiones internas, especialmente en estados con fuertes componentes de pluralismo nacional. Legitimidad democrática y legalidad constitucional no siempre son componentes armónicas. Esta tensión entre legitimidad y legalidad fue ya vista y analizada en la Grecia clásica. Y el número de estados del mundo se ha más que triplicado en el último siglo, junto con el establecimiento de organizaciones regionales como la UE.
Con respecto al modelo territorial, la legalidad constitucional española se está convirtiendo en aceleradamente obsoleta en Catalunya. Es creciente el número de ciudadanos que la encuentran ajena. A estas alturas, el Estatut del 2006 parece un texto escrito en el paleolítico. En este momento, no es que el Estado español tenga un problema, sino que el problema es el Estado español. Y el problema seguirá existiendo por mucho que algunos se atrincheren en la legalidad. Tampoco resulta una alternativa hacer ver que se propone un cambio para que todo siga prácticamente igual –como el denominado federalismo del PSOE–. Una propuesta que en términos estrictos ni siquiera es federal. Decirle propuesta es ya hacerle un gran favor. Si eso es todo lo que el PSOE puede ofrecer, el PSOE no es la solución. Es más bien el 50% del problema.
La realización de una consulta es un camino para salir del callejón sin salida político actual. Cuando hay problemas estructurales de legitimidad, reivindicar poder votar es impecablemente liberal democrático. Hacer la consulta sería un indicador de calidad democrática, como la que muestran Canadá o el Reino Unido. Si la consulta no se puede hacer, habrá que pasar a vías alternativas en el marco de las instituciones internacionales. Son vías pacíficas pero también claras y basadas en la legitimidad liberal y democrática. Hoy, las regulaciones internacionales ofrecen criterios orientativos en el momento de resolver tensiones territoriales (convenio de Venecia). Y los dictámenes del Supremo de Canadá (1998) y el Tribunal de La Haya vinculado a la ONU (2010) han abierto la puerta a independencias negociadas o de carácter unilateral cuando la negociación no resulta posible. Cuatro criterios parecen imponerse en esta posición más flexible de la práctica internacional sobre nuevos estados: que sean democráticos, que mantengan una noción inclusiva de ciudadanía, que sean estados viables y que contribuyan a la estabilidad geopolítica. Catalunya cumple todos estos criterios.
Es importante pensar y actuar en el proceso de la emancipación del país a través de la propia perspectiva, pero también de la de la colectividad internacional (política, pero también del mundo económico, cultural, deportivo, académico). Contar con una mayoría interna a favor de la independencia es la condición necesaria pero no suficiente para lograr la emancipación. También se necesita que, encabezada por el Govern y el Parlament, desde varios frentes se haga una política exterior de primer nivel. El mundo de la política internacional es básicamente realista. Y entre los estados del mundo hay de todo. A los más importantes hay que explicarles bien qué ganarán ellos con una Catalunya independiente. También a la UE.
Todo apunta a que el Estado no dará ningún paso para establecer una consulta pactada. En algún momento se producirá una ruptura política y legal después de una decisión democrática que lleve a una declaración de independencia. Pero lo más importante de una declaración de independencia no es la declaración, es la independencia. Hay que hacer la declaración cuando la independencia se pueda sostener. Es una cuestión de facticidad, no de retórica.
En resumidas cuentas, agencias de Estado propias, movilización ciudadana, liderazgo político y proceso de internacionalización. Madrid es muy pequeño al lado del mundo. Y Catalunya tiene bastante peso económico y cultural para ser una referencia política internacional. Si la mayoría de los ciudadanos sigue manteniendo una posición clara en favor de la consulta y de la independencia, y los liderazgos políticos y civiles se mantienen congruentes entre sí y no cometen errores importantes, la emancipación del país puede ser imparable. La democracia es siempre un camino abierto a mejoras. Especialmente en Europa.
Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política en la UPF.
La Vanguardia
ferran.requejo@upf.edu
