A sus 80 años de edad, Pedro Leoz considera que ya ha llegado el momento de dejar de presidir la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, cuya junta directiva será renovada la próxima semana. El balance que hace de estos casi cuatro años de actividad es muy positivo, sobre todo porque en muchos pueblos de Nafarroa «ha despertado la conciencia de los vecinos» sobre los bienes expoliados.
Desde la creación de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro-Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma, Pedro Leoz ha estado al frente de la misma como presidente, pero cree que es hora del relevo.
¿Ha tomado ya la decisión de no ser reelegido presidente?
No es que no quiera seguir en la Plataforma, sino que ya tengo muchos años para seguir en la presidencia y prefiero que alguien asuma esa función.
La Plataforma que preside se creó en 2007. ¿Qué balance hace de estos años de trabajo?
Nosotros nos sentimos realmente satisfechos de todo lo que hemos conseguido hasta ahora, teniendo en cuenta los medios tan limitados que tenemos. Sin duda, lo más destacado en este tiempo ha sido la edición del libro «Escándalo monumental», una obra elaborada de forma colectiva que ha tenido una gran repercusión en Navarra y también en el Estado español. Muchas decenas de pueblos nos han solicitado hacer la presentación del libro, y eso nos ha dado la oportunidad de tener un diálogo en profundidad sobre el expolio de los bienes públicos por parte del arzobispado. Hemos visto que existe una gran inquietud entre los vecinos en torno a esta cuestión, ya que les han expoliado lo que habían levantado entre todos. En ese sentido, creemos que hemos logrado despertar la conciencia de las gentes.
La Plataforma también ha despertado la conciencia de los grupos parlamentarios.
El haber llegado hasta el Parlamento ha sido otro gran logro, y sin duda ha influido mucho el hecho de que la Plataforma cuenta con el respaldo de más de 130 ayuntamientos y concejos. Hemos acudido en dos ocasiones a la Cámara. En la primera se nos recibió muy bien, con palabras bonitas, y en la segunda se lo tomaron mucho más en serio. Conseguimos que nos facilitasen el listado de las inmatriculaciones realizadas por la diócesis de Iruñea entre 1998 y 2007, y ahora estamos pendientes de que nos aporten las inmatriculaciones hechas desde la República hasta 1998.
Esta última petición ya la han presentado en dos ocasiones. ¿Confía en que, al fin, les aporten esos datos?
El «no», no te lo dan nunca. El problema es el tiempo que pueden tardar en darnos esos datos.
A pesar de todas las evidencias históricas de que las iglesias son bienes públicos, el arzobispado no ha dado marcha atrás y sigue sin devolver los bienes que ha privatizado. ¿Cómo valora esta actitud?
La estrategia de quienes están al frente del arzobispado es siempre la misma. O mantienen una concepción dogmática de su existencia, de que son infalibles y poseedores de la verdad, o adoptan la actitud del «ya se cansarán».
Algunos ayuntamientos se están planteando recurrir a la vía judicial para recuperar los bienes que les han usurpado.
El Ayuntamiento de Uharte ya ha optado por esa vía, pero el arzobispado también ha recurrido a la vía judicial en el caso de Garisoain. En relación a este caso, estamos llevando a cabo una campaña por los pueblos de Navarra para recoger ayuda destinada al alcalde de Garisoain, un pueblo de sólo 32 habitantes. En principio, existe casi la seguridad de ganar en los tribunales, pero también se expone a pagar los costos del proceso judicial, que son muy elevados.
La Plataforma sostiene que la normativa que posibilita la privatización de las iglesias por parte del arzobispado es inconstitucional. ¿Se ha profundizado en esta línea?
Recuperar los bienes usurpados por la vía judicial es muy difícil de forma individual. Por eso, conseguir la declaración de inconstitucionalidad de esa ley es nuestro principal objetivo. Nosotros tenemos el apoyo jurídico del profesor de la UPNA Alejandro Torres, que ha aportado argumentos fundamentados en favor de esa inconstitucionalidad. Si el decreto que faculta al arzobispado a inmatricular las iglesias es inconstitucional, el arzobispado tendría que renunciar a todos los bienes que ha inscrito a su nombre.
La Plataforma ha solicitado en varias ocasiones una reunión con el arzobispo de Iruñea para abordar este asunto. ¿Les ha recibido?
No. Yo he hablado personalmente con el arzobispo, pero no como presidente de la Plataforma. Le expuse todo, no me contradijo nada, y ahí quedó. Es una postura típicamente clerical, la táctica histórica que ha mantenido la jerarquía de la Iglesia.
Gara, 24 07/12/2010
