Otra vez la tortura
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a condenar al Estado español por eludir su obligación democrática de indagar de forma efectiva los malos tratos y optar por el archivo sistemático de estas quejas
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a indemnizar con un total de 23.000 euros al preso Mikel San Argimiro Isasa, al entender que violó el artículo 3 («Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes») del Convenio Europeo de Derechos Humanos. San Argimiro, ahora encarcelado en Cáceres, fue detenido en mayo de 2002 acusado de pertenecer a ETA, y tras permanecer incomunicado, denunció ante la Audiencia Nacional que fue objeto de malos tratos. Posteriormente, presentó una denuncia en Donostia que acabó en el juzgado de instrucción número 43 de Madrid que ordenó la apertura de una investigación y posteriormente archivó el caso. La Audiencia de Madrid consideró necesaria una investigación más completa, pero finalmente confirmó también el sobreseimiento del caso al considerar que «no era posible identificar» a los agentes de la Guardia Civil que detuvieron a San Argimiro y que los vídeos del arresto «serían insuficientes» para demostrar la existencia de las presuntas torturas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra a valorar si hubo malos tratos y argumenta que «los elementos de que dispone no le permiten establecer más allá de toda duda razonable» sobre si se produjeron o no, pero sostiene que tras la denuncia de torturas presentada después de haber sido detenido e incomunicado, hubo «ausencia de una investigación efectiva» de esa denuncia por parte del Estado español. Este fallo sucede al que el mismo tribunal emitió en enero de 2009 condenando al Estado español a indemnizar con 170.000 euros a Mikel Iribarren por trato inhumano tras las graves secuelas físicas que le causó el impacto de un bote de humo disparado por la Policía a bocajarro en una manifestación celebrada en Pamplona en 1991. En ambos casos, se pone en cuestión la rutinaria facilidad con la que los tribunales ordinarios de justicia españoles, demasiado influenciados por la presión de la opinión pública y el contexto político, archivan sistemáticamente las denuncias de torturas y malos tratos, ya sea en el ámbito político, social, étnico o migratorio. Y también incide en la necesidad de acelerar la aplicación de una tutela judicial efectiva y de las medidas garantistas que reclaman las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como eliminar la incomunicación o la falta de cámaras en las salas de interrogatorio.
Tercera condena de Estrasburgo al Estado español
No es habitual, ni muy probable, que prospere una denuncia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra un estado miembro de la UE. Sin embargo, a veces, por diferentes razones, como la evidencia de la vulneración de derechos en el caso denunciado, el estado resulta condenado. Así ha ocurrido con el caso del preso político vasco Mikel San Argimiro, que ha concluido con la condena al Estado español por no investigar la denuncia de torturas que aquél hizo tras su paso por dependencias de la Guardia Civil cuando fue detenido, en mayo de 2002. Ésta es la tercera ocasión en la que ese tribunal condena al Estado español tras sendas denuncias de ciudadanos vascos. En 1992 dictó sentencia favorable al abogado Miguel Castells y sancionó al Estado español por violación de la libertad de expresión al condenar a Castells por un artículo en el que denunciaba precisamente la falta de investigación de la muertes causadas por las fuerzas policiales y la guerra sucia. La segunda condena se produjo en enero del pasado año, cuando el tribunal dio la razón a la denuncia del joven iruindarra Mikel Iribarren 17 años después de la brutal agresión que sufrió a manos de la Policía española.
No obstante, la condena dada a conocer ayer, al igual que las dos anteriores, carece de interés informativo según el curioso criterio de la mayoría de medios de comunicación españoles y vascos.
